Esta tarde se aprobó en calidad de segundo trámite en el Senado la Ley de Reajustes del Sector Público. A la instancia asistió el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, la ministra secretaria de presidencia, Macarnea Lobos, y el ministro del Trabajo y Previsión Social, Giorgio Boccardo. Pese a ello, y como advirtió la oposición en reiteradas ocasiones, las llamadas normas de “amarre” fueron rechazadas.

En términos del reajuste general, los senadores aprobaron el guarismo correspondiente al alza de salarios de trabajadores públicos en un 3,4% nominal gradual en dos períodos: un 2% en diciembre de 2025 y 1,4% en junio de 2026. Asimismo, en el grueso de la discusión, se votaron aquellas normas que presentaron mayores diferencias durante el proceso.

De los artículos polémicos, el correspondiente a la imputación al gasto, el de cese de funciones, y el de endurecimientos a las justificaciones para despido de funcionarios en calidad de contrata, fueron rechazados. De la misma forma, los de expansión del giro de Correos de Chile, y el que especifica sobre que los personales de contrata que pueden acudir a Contraloría para apelar ante despidos, no lograron quórum.

El artículo octavo del proyecto de ley, que detalla la imputación al gasto, fue rechazado y cuestionado por el senador miembro de la Comisión de Hacienda, Rodrigo Galilea (RN), quien aseguró que el Gobierno “no se está haciendo cargo de la partida de la próxima administración”.

Respecto al artículo que especifica el cese de funciones, fue defendido por la senadora comunista, Claudia Pascual, quien aseguró que no aprobarlo perjudicaría a la siguiente administración. Mientras que el parlamentario gremialista también miembro de la Comisión, Javier Macaya, lo criticó por incurrir en un eventual “disfraz de cargos de confianza en los listados”.

En el caso de las dos normas tildadas de “amarrar” funcionarios del sector público pertenecientes al actual Gobierno, ambas no prosperaron. En el caso del artículo 129, este endurecía las justificaciones en el caso de aquellas personas a contrata que no sean renovadas buscando que “el acto sea fundado”, argumentó el ministro de Hacienda.

“Si este artículo quiere decir única y exclusivamente lo que acaba de señalar el ministro, yo le quiero decir que es innecesario, porque si usted va y revisa la ley 19.880 de procedimiento administrativo, establece que todos los actos administrativos deben ser fundados”, señaló la senadora gremialista Luz Ebensperger, algo que fue advertido inicialmente por un informe de la contralora Dorothy Pérez.

Otro artículo que no avanzó fue el 130, que establecía que las personas en calidad de contrata podían acudir a la Contraloría y llevar un proceso expedito para su resolución. Un argumento central en contra de esta norma fue específicamente que en el proyecto inicial se reducía a dos años el requisito de tiempo para recurrir al órgano en cuestión. Luego, este se aumentó a cinco, pese a eso, no logró quórum.

Aquellas normas que no lograron ser resueltas serán despachadas a tercer trámite, volviendo a la Cámara de Diputados.

El cuestionado financiamiento

El visto bueno al reajuste de remuneraciones a funcionarios del sector público de 3,4% nominal gradual fue cuestionado precisamente por el costo fiscal total del proyecto, que corresponde a US$1.775 millones. De ese total, el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) advirtió que US$822 millones no tenían financiamiento claro, por lo que deberían utilizarse reasignaciones u holguras fiscales.

Hay dos fuentes de financiamiento. La primera corresponde a la asignación 104, con un total de US$961 millones equivalentes al 0,26% del PIB, los cuales están destinados a posibles emergencias, además de proyectos de ley en estudio. De ese total, se destinarían $US616 millones para el reajuste, lo que corresponde a un 64% de la asignación dispuesta.

Respecto a la otra forma para poder financiar la ley, se encuentra la asignación 275 con US$1.236 millones (0,34% del PIB), dedicada a leyes permanentes con gastos aleatorios, como indemnizaciones y bonos.

Esto fue cuestionado durante la sesión por el senador Galilea: “Todo indica que el déficit de 2025 es mayor de lo presupuestado”, dijo. Asimismo alegó que el Gobierno “debería hacerse cargo de los desequilibrios”.

No fue el único. Este lunes, la contralora, una figura que ha estado presente en el debate desde que el CFA detectó la brecha de financiamiento en la iniciativa, aseveró que dada la contingencia en las regiones de Ñuble y Biobío, todo indica que “probablemente se va a requerir utilizar gran parte de esas líneas de emergencia para poder cubrir esa situación, de manera que no estarían esos fondos disponibles para cubrir la Ley de Reajuste”.