Mucho se ha discutido últimamente acerca de las cajas de compensación, con motivo de la situación que aqueja a una de ellas, lo que ha levantado interrogantes en cuanto a su rol social, sobre quién las regula y cómo se financian.

Para entender mejor a estas instituciones, debemos tener en cuenta cuál es su origen y cuáles sus principales funciones, ya que la mayoría las asocia únicamente al otorgamiento de créditos sociales, y no con todo el resto de beneficios que también proporcionan y que mejoran la calidad de vida de las personas en ámbitos tan diversos como salud, educación, cultura, turismo e inclusión en general. Si bien es cierto que su principal fuente de financiamiento lo constituyen los créditos, estos tienen características especiales, lo que los transforma en auténticamente “sociales”. Es decir, tienen tasa única, plazo de pago de hasta 60 meses, no discriminan según el riesgo del afiliado -de hecho, el solicitante puede tener antecedentes financieros y ser sujeto de crédito- y son descontados por planilla.

Pero esta es solo una parte de la importante labor que realizan las cajas, ya que la ley también les encomienda administrar, por cuenta del Estado, los regímenes de asignaciones familiares y subsidios de incapacidad laboral y cesantía, con un monto estimado en más de $480 mil millones anuales.

Con el paso de los años, estas instituciones de previsión social y corporaciones de derecho privado han diversificado sus beneficios sociales, al otorgar una amplia oferta de servicios que solo en el año pasado ascendieron a más de $62 mil millones, transformándose en un importante aliado para las empresas, que ven en ellas un apoyo para sus áreas de recursos humanos y bienestar.

En cuanto a su regulación, las cajas están supervisadas por la Contraloría General de la República, la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso), y en algunos aspectos por la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS). Toda esta arquitectura institucional refleja que las cajas de compensación, tal como en sus orígenes, continúan aportando al desarrollo y bienestar de millones de trabajadores, pensionados y sus familias, manteniendo su rol social como foco principal y siendo un verdadero aporte, principalmente para el segmento más vulnerable de la población de nuestro país.

En razón de ello, se hace urgente reordenar la actual situación por la que atraviesa la industria y volver a dotarla de una estructura corporativa y financiera, que asegure la sostenibilidad y la reputación de la misma en los años que vienen. El aporte realizado en pro del desarrollo social de Chile, bien lo justifica.

*El autor es gerente de asuntos corporativos Caja Los Andes.