Un nuevo flanco surgió en la batalla que se mantiene en tribunales y que protagoniza el empresario Alberto Chang Rajii, en el marco de la investigación por estafa y lavado de activos que lidera el Ministerio Público en su contra.

Esta vez, la Tesorería General de la República interpuso un juicio ejecutivo de cobro en contra del fundador del Grupo Arcano para evitar la prescripción de obligaciones tributarias.

La disputa entre el empresario y la entidad responsable de cuadrar las arcas fiscales es de larga data y se inició el 9 de agosto de 2010, vinculada a cuatro autos pertenecientes a Alberto Chang. En noviembre de ese año, la Justicia ordenó el retiro y remate de un BMW 335CIA gris plateado del 2008; un Jaguar X Type del 2008; una Toyota RAV4 Advantage del 2002; y un Peugeot 307 del 2007.

Sin embargo, los automóviles no fueron incautados porque no se hallaron en el domicilio.

La antesala. Fuentes ligadas al proceso sostienen que el accionar de Tesorería vendría a ser la antesala para que el Servicio de Impuestos Internos presente una querella criminal en contra del empresario. Esto, porque una vez que Tesorería remate especies debe hacerlo amparado en el sistema judicial. Por lo mismo el proceso se encuentra en etapa final para cobrar garantías.

En su escrito, la Tesorería sostiene que el cobro efectuado por el Fisco se realizó en los plazos estipulados por el Código Tributario. Sin embargo, en medio de este proceso el abogado de Chang, Federico Amtmann, interpuso una excepción, solicitando el rechazo de la medida puesto que según el Código de Procedimiento Civil en un plazo de tres años no se realizaron gestiones “útiles destinadas a la realización de los bienes embargados”.

“El deudor fue notificado y requerido de pago con fecha 18 de agosto de 2015, conforme consta en el proceso, de acuerdo a lo previsto en los artículos 169 y siguiente del Código Tributario, respecto de un formulario 21 folio 470097 con vencimiento legal el día 30 de abril de 2009”, consigna la demanda de Tesorería.

Sin embargo, dentro del plazo legal el empresario interpuso una acepción de prescripción y los antecedentes fueron derivados al abogado el servicio de Tesorería, quien finalmente rechaza las excepciones del ejecutado.

En su demanda, la Tesorería detalló que el 27 de septiembre de 2012, en el marco del proceso de auditoría, el empresario solicitó una Revisión de Actuación Fiscalizadora (RAF). Producto de dicho reclamo, el 10 de diciembre de ese año, se acogió en parte la solicitud por un monto de $107.669.120.

Por lo mismo, para la Tesorería el plazo de tres años empezó a correr a partir del 30 de julio de 2012 (fecha de la notificación de la liquidación) se suspendió hasta el día 10 de diciembre de 2012, cuando se acogió en parte la RAF. “A partir de esta última fecha volvió a correr el plazo de tres años (menos los días ya corridos entre el 30/07/212 y el 10/12/2012) el que se interrumpió con el requerimiento judicial practicado el día 18 de agosto de 2015, habiendo transcurrido menos de tres años”, concluye el servicio público.

Cabe consignar que el SII, al consultar el perfil de Alberto Chang, advierte que s trata de un “contribuyente irregular” y sugiere tomar resguardos en caso de concretar algún tipo de negocio con el empresario hoy residente en Malta.