El portazo que se le dio en tribunales a la apelación de la defensa de Jovino Novoa, que buscaba rebajar su cautelar de arresto domiciliario total, activó nuevamente las alarmas en la UDI. Esto, pese a que se le concedió este fin de semana la suspensión momentánea de la medida, previo pago de fianza, para poder internarse nuevamente en la Clínica Las Condes a la espera de su cirugía el próximo 20 de este mes.

Así, el jueves se inició la redacción de un texto de cuatro carillas titulado “Ante la profunda desigualdad de trato”, con que la directiva salió al paso de la determinación judicial el viernes enumerando lo que califican como “hechos anómalos”.

Apenas terminó la conferencia de prensa, la directiva liderada por Hernán Larraín sostuvo una nueva reunión en el segundo piso. En la mesa existe claridad de que dicha declaración -la segunda que trata sobre las circunstancias del juicio contra Jovino Novoa-, que entregarán a la Fiscalía y tribunales, no puede ser la última acción del partido frente a los hechos que enfrenta su fundador.

Son varias las opciones sobre la mesa para, según aseguran, “emparejar la cancha” respecto de las investigaciones en curso.

Desde mayo que en la bancada UDI ya tienen delineada una querella en contra de la empresa del ex recaudador de la Concertación, Giorgio Martelli, Asesorías y Negocios SpA, por considerar que ninguna institución del Estado se ha hecho cargo de la situación y sólo se querellaron contra él como persona natural y no su empresa, que es la que está siendo cuestionada. Pero ésta aún está a la espera de la luz verde de la mesa que encabeza el senador Larraín.

Esto, además de la reactivación de la posible acusación constitucional contra el ex ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo a raíz de las declaraciones del ex director del SII, Michel Jorratt. A juicio de la UDI, se confirma que el ex jefe de gabinete habría presionado para evitar que la Fiscalía tuviera acceso a la información contable de SQM. La bancada zanjará esto tras la reunión de directiva de hoy.

Existe una tercera opción, aunque en la misma UDI reconocen que es más dificil de configurar, ya que se deben demostrar incumplimientos de requisitos constitucionales. Además, porque sería pasar al plano netamente judicial: impulsar un recurso de queja en tribunales.