Columna de María Jaraquemada y Erin Houlihan: La participación pública en procesos constituyentes desde la experiencia comparada

14 de Septiembre de 2021/SANTIAGO FOTO:CRISTOBAL ESCOBAR /AGENCIAUNO

La elaboración de una Constitución siempre tiene lugar en un entorno político controvertido y, en contextos democráticos, los resultados son inevitablemente fruto de negociaciones y compromisos. Por lo tanto, la participación pública no sustituye a la creación de consenso político, sino que puede diseñarse de forma que complemente, refuerce y ayude a dar forma a esas dinámicas.



Con la elección de los miembros de la Convención Constituyente, Chile ha comenzado el monumental proyecto de escribir una nueva Constitución. Las tareas que tiene por delante son importantes y complejas. Los miembros de la Convención deben elaborar un texto que refleje los diversos intereses y necesidades de los ciudadanos, para que este goce de legitimidad y se apruebe con éxito en el plebiscito de salida. Al mismo tiempo, deberá contar con un amplio apoyo político para que se aplique y se cumpla de forma efectiva. Por esto, es crucial que el enfoque de la Convención sobre la participación pública complemente la tarea de crear un amplio consenso social y político.

En los proyectos modernos de elaboración constitucional, la cuestión clave no es si el público debe participar, sino cómo, cuándo y por qué debe hacerlo en las distintas fases del proceso. ¿Cómo diseñar un proceso participativo adecuado tanto a un contexto como a un momento determinado? ¿Qué principios y lecciones pueden extraerse de la experiencia comparada? ¿Qué factores contextuales deben identificarse, abordarse o incorporarse a la planificación para garantizar que la participación sea incluyente, responsable y receptiva en un sistema político diverso?

Para ayudar a responder a estas preguntas, IDEA Internacional ha publicado recientemente un informe titulado “Consideraciones prácticas para la participación pública en la elaboración de la Constitución: ¿Qué, cuándo, cómo y por qué?” El informe se basa en investigaciones empíricas y ejemplos prácticos de más de 45 países y ofrece una guía para la planificación, y para la identificación y resolución de diversos obstáculos que se puedan enfrentar.

En Nepal, por ejemplo, se realizaron encuestas públicas que resultaron demasiado largas y complicadas, lo que redujo la calidad de los datos, e incide en la importancia de diseñar herramientas de consulta eficaces. En Sudáfrica, la Secretaría de la Asamblea Constituyente lideró la campaña de participación pública, solicitó contribuciones por parte del público, convocando audiencias públicas, y compartiendo los datos con los representantes en el pleno. Esto fue útil para que las y los asambleístas pudieran centrarse en deliberar sobre el contenido del texto y además ayudó a que la participación pública y el proceso de revisión estuvieran en sintonía. En Gambia, el órgano constituyente publicó una versión inicial del nuevo proyecto de Constitución junto con un memorándum explicativo en cinco lenguas locales y celebró varias rondas de consultas antes de revisar el texto por última vez.

Lo cierto es que no existe un enfoque único para todos los casos. Es clave tener en cuenta las diferentes formas de participación en las distintas etapas del proceso de elaboración constitucional en un país. El público suele desempeñar cuatro funciones: como iniciadores del proyecto de reforma constitucional, electores de los miembros del órgano constituyente, contribuyentes con respecto al diseño del proceso constitucional y a su contenido, y personas que aprueban (o rechazan) el texto final. Para desempeñar estas funciones, uno no puede olvidarse de la importancia de la educación cívica, tanto en relación al diseño del proceso mismo como al contenido constitucional.

En Chile, ha habido importantes avances en el proceso de participación pública: ha habido movilizaciones sociales, el plebiscito de inicio, la elección de los constituyentes, e incluso la posibilidad de participar en audiencias públicas de la Convención. Al final del proceso, las y los chilenos también aprobarán o rechazarán el texto final. La cuestión que se le plantea ahora a la Convención es determinar cómo se les informará, educará y consultará a los ciudadanos para que sigan contribuyendo al contenido constitucional, además de cómo los representantes utilizarán las sugerencias del público al elaborar, deliberar y aprobar el proyecto de texto.

De cara al futuro, es importante tener en cuenta que, aunque la participación pública es fundamental para la idea de que una constitución “no es un acto de gobierno, sino un acto del pueblo que constituye un gobierno” (Paine 1791), no es una panacea. La elaboración de una Constitución siempre tiene lugar en un entorno político controvertido y, en contextos democráticos, los resultados son inevitablemente fruto de negociaciones y compromisos. Por lo tanto, la participación pública no sustituye a la creación de consenso político, sino que puede diseñarse de forma que complemente, refuerce y ayude a dar forma a esas dinámicas. Un proceso impulsado por el pueblo que no garantice también un consenso suficiente entre los representantes rara vez llegará a buen puerto, ya sea para promulgar una Constitución nueva o modificarla.

*María Jaraquemada es Oficial de Programa de Chile y Cono Sur de IDEA Internacional y Erin Houlihan es Oficial en el Programa de Elaboración de Constituciones.

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