El avión vuelve a pasarle la cuenta a ME-O: Fiscalía lo formalizará ahora por fraude al fisco

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Tras casi dos años de investigación reservada, la fiscal Ximena Chong decidió solicitar una audiencia de formalización en contra de Marco Enríquez-Ominami y Cristián Warner en el primer juicio en Chile vinculado al mayor escándalo de corrupción que remece a Brasil. La razón: el uso de un avión que la empresa OAS cedió a ME-O para la campaña presidencial de 2013 y que fue revelado por Reportajes en marzo de 2016.




Esta vez no hubo puesta en escena ni despliegue de militantes con banderas del PRO que acompañaran al fundador y tres veces excandidato presidencial al momento de enfrentar a la justicia.

Marco Enríquez-Ominami llegó a eso de las 8.50 horas prácticamente solo a la audiencia de reformalización de este viernes 25 en el 8° Juzgado de Garantía de Santiago en el caso SQM. Solo su abogado, Cedric Bragado, y su asesor de prensa, Marcos Ortiz, estaban junto a él para escuchar los nuevos cargos que se le imputaban por delitos tributarios. Otras dos boletas ideológicamente falsas, por un total de $ 29 millones, emitidas a SQM, la minera no metálica controlada por Julio Ponce Lerou.

En la misma causa, ME-O ya había sido formalizado junto a su amigo y brazo derecho, el periodista Cristián Warner, el 19 de octubre de 2016, como facilitador de 36 boletas entregadas a SQM-Salar, entre 2009 y 2014, por un total de $ 391 millones, para el financiamiento ilegal de la política.

En esa ocasión, Enríquez-Ominami se plantó desafiante ante las acusaciones del fiscal Pablo Gómez. Un centenar de dirigentes del PRO y adherentes de su candidatura, con banderas y lienzos, lo acompañaban y escoltaron a un punto de prensa que dio horas después. "Hoy día vine a cumplir con la ley y vino un fiscal a cumplir con un show televisivo. Igual como les dije a mis hijas temprano, lo que hoy vieron fue un show mediático que no tiene nada que ver con la realidad de la investigación", señaló entonces.

En enero pasado, en un giro en lo que había sido su estrategia judicial, el exgerente general de SQM Patricio Contesse, quien se encuentra imputado en el caso, rompió el silencio y admitió los pagos a ME-O, con miras a obtener con ello un acuerdo con la fiscalía para un juicio abreviado y la rebaja de condena. Sobre el resto de los políticos vinculados al financiamiento ilegal de la política, sin embargo, mantuvo silencio.

Los dichos de Contesse permitieron al Servicio de Impuestos Internos (SII) querellarse contra ME-O. Era la 'bala de plata' que requería la fiscalía para llevarlo a juicio y no terminar en un sobreseimiento, lo que se vio refrendado en la reformalización de este viernes.

"Contesse miente. Exijo un juicio para probar mi inocencia. Quiere salvarles el pellejo a sus amigos. Les aseguro que pretenden cerrar el caso y que todos queden libres de polvo y paja. Exijo ir a un juicio", escribió en enero ME-O en su cuenta de Twitter, resintiendo el duro golpe que había recibido.

El tono aún desafiante del tuit escondía, sin embargo, otra realidad. Cercanos al excandidato afirman haberlo visto abatido, cansado. Un estado de ánimo que se ha ido acentuando en las últimas semanas.

Hace algún tiempo, afirman dirigentes del PRO, Enríquez-Ominami venía analizando alejarse de la primera línea de la política para concentrarse en su defensa jurídica.

Los costos de haber sido involucrado en el financiamiento ilegal de la política no solo los estaba pagando él. Si el 2009 salió tercero en la elección presidencial, con el 20,14% de los votos, porcentaje que lo tuvo a un paso de llegar al balotaje, el 2013 sacó el 10,99%, y el 2017, tras los escándalos de platas políticas y sus vínculos con SQM y la brasileña OAS, logró el 5,7%. Enríquez-Ominami, en su tercer intento por llegar a La Moneda, apenas salió sexto, superando solo al senador Alejandro Navarro y a un desconocido hasta entonces Eduardo Artés.

La caída de quien alguna vez fue presentado como "la nueva promesa de la izquierda chilena", el "niño rebelde" que ahora ya encanecido aseguraba estar en "su momento" para llegar a la Presidencia, arrastraba también con él al PRO. El año pasado, el partido que fundó como plataforma presidencial terminó aislado. Todos los esfuerzos que llevó adelante la directiva del Partido Progresista para llegar a acuerdos electorales chocaron inexorablemente con la misma exigencia: con el PRO, sí; con ME-O, no. Esa fue la respuesta que recibieron desde el Frente Amplio hasta la Nueva Mayoría.

El Frente Amplio fue el más claro en fijar sus condiciones. Si el PRO quería sumarse al bloque debía bajar la candidatura presidencial de ME-O.

Así aislados, el PRO se presentó en diciembre pasado a las elecciones parlamentarias en pacto con el recién fundado partido Pais, del senador Alejandro Navarro. Sacaron el 3,9% de los votos. Y aunque la cifra les permitió elegir a la diputada Marisela Santibáñez, estaba por debajo del mínimo legal. Solo la fusión le permitiría sortear la disolución legal.

El 8 de mayo pasado, el Servel autorizó la fusión que dio vida al nacimiento del nuevo partido Pais Progresista. Y aunque Marco Enríquez-Ominami estuvo de acuerdo con que se llevaran adelante las conversaciones para la unión con Pais, no participó en ninguna de las tratativas.

Al interior del PRO aseguran que se evaluó postular a Enríquez-Ominami al consejo general del partido Pais Progresista en las elecciones que se deberán hacer en seis meses más. Pero que la idea rápidamente se descartó. ME-O debía dar el paso al costado.

La idea venía dando vueltas hace algún tiempo. En marzo, Marco Enríquez-Ominami dio un primer paso en su alejamiento de la política, al dejar la presidencia de la Fundación Progresista, el único cargo formal que tenía dentro del PRO.

Para entonces, Enríquez-Ominami llevaba varios meses viviendo buena parte del tiempo fuera de Chile. Venezuela se había convertido en su centro de operaciones desde que decidió retomar sus proyectos como cineasta. Hasta la victoria y más allá es el documental sobre la izquierda latinoamericana, financiado -según cercanos a él- por dos canales de televisión europeos, en el que ha estado trabajando en los últimos meses. ME-O ya entrevistó en dos ocasiones y por varias horas al Presidente Nicolás Maduro y a los exmandatarios de Uruguay Pepe Mujica y de Ecuador Rafael Correa. También al Presidente de Bolivia, Evo Morales. A Uruguay, Colombia y Bolivia viajó desde Venezuela. Para este mismo documental viajará la próxima semana a Brasil, donde tiene previsto entrevistar a Lula.

"Nos ganaron esta partida y a mí me convirtieron en el chivo expiatorio de todos los males de la política. No me importa, lo acepto", escribió Enríquez-Ominami en las redes sociales el miércoles 23, al anunciar que haría un "paréntesis" en su vida política. "Debo concentrar mis esfuerzos en defenderme de la infamia y la injusticia (...). Tres años he esperado ya para que se haga justicia y se limpie de una vez por todas una imagen golpeada sobre la base de supuestos, caricaturas y filtraciones (...). Entendí claramente el dictado del pueblo el día de las elecciones, y como dije ese día y repito, entendí que, por ahora, no soy el llamado por el pueblo a dar la pelea, y que, por lo tanto, he decidido hacer un paréntesis en mi vida política, por ahora", escribió el miércoles recién de regreso desde Caracas.

La decisión no solo era política. También judicial. En el entorno de ME-O aseguran que el exdiputado y tres veces excandidato presidencial cree firmemente que al salir de la primera línea política bajará la presión mediática sobre su caso.

El jueves 24, un día antes de la reformalización de cargos por delitos tributarios en la causa SQM, la defensa de ME-O solicitó al tribunal de garantía el sobreseimiento de la causa, la que deberá ser discutida en una audiencia que se realizará el 3 de julio.

El golpe de gracia

Lo que no estaba en los cálculos de Enríquez-Ominami, ni en el equipo del PRO más cercano a él, es que en los próximos días enfrentará un nuevo flanco judicial, esta vez por eventual fraude al Fisco, delito cuya pena mínima es de cinco años y un día.

Tras casi dos años de investigación reservada, la fiscal jefa de la Unidad de Delitos de Alta Complejidad de la Fiscalía Santiago Centro Norte, Ximena Chong, está a punto de solicitar al tribunal de garantía la audiencia de formalización en contra de Marco Enríquez-Ominami y Cristián Warner en el primer juicio en Chile vinculado al mayor escándalo de corrupción que remece a Brasil.

El caso Lava Jato, que llevó a la destitución de la Presidenta Dilma Rousseff y a la cárcel al líder del PT, Lula da Silva, se ha extendido a la mayoría de los países donde operaban las empresas constructoras brasileñas OAS, Odebrecht, Andrade Guterrez, Camargo Correa y Queiroz Galvao, las que formaban parte de una millonaria red de corrupción, con el pago de coimas y financiamiento ilegal de campañas a cambio de beneficios económicos y políticos. En Perú, las investigaciones del caso Lava Jato provocaron la caída del presidente Pedro Pablo Kuczynski y tiene bajo investigación a los exmandatarios Alejandro Toledo y Ollanta Humala. En Argentina, Panamá, Honduras, República Dominicana y Bolivia se indaga a nivel judicial o parlamentario el pago de sobornos a políticos por parte de las poderosos empresas constructoras brasileñas.

Fue en marzo de 2016 que Reportajes reveló que la empresa brasileña OAS le había cedido a ME-O el jet matrícula PR-TAP de la empresa de taxis aéreos Piracicaba, con sede en Sao Paulo, para usarlo durante la campaña presidencial de 2013. La fiscalía acreditaría después que entre el 20 de julio y el 19 de noviembre (fecha de la elección presidencial de ese año), el jet realizó 287 vuelos entre ciudades de Chile y que toda la operación de la aeronave fue pagada por OAS.

Desde octubre de 2016, Enríquez-Ominami está querellado por el CDE como presunto autor del delito de fraude a las subvenciones del artículo 470 N°8 del Código Penal. El ilícito lo habría cometido al justificar el financiamiento de esta aeronave como parte de los gastos presentados ante el Servel mediante la boleta N° 27 del 2 de diciembre de 2013, emitida por la empresa Cono Sur Research SPA, del periodista y asesor de ME-O Cristián Warner, por un monto de $ 170.800.000, los que serían cancelados contra el reembolso fiscal por gastos electorales.

Ese mismo mes, Cono Sur Research emitió una segunda boleta por $ 180 millones de pesos al PRO, la que también es indagada por la fiscalía, debido a que, en forma simultánea, el comando de ME-O rindió boletas de diversos proveedores correspondientes a pagos por servicios vinculados a propaganda y franja electoral.

En el curso de la investigación, la fiscalía ordenó la incautación de la contabilidad y los computadores de la empresa OAS en Chile, la que se materializó el 3 de febrero de 2017. Fue en uno de los discos que se descubrieron planillas Excel con los libros de compra realizados por la filial de la constructora brasileña en Chile. Allí se detectaron boletas de honorarios de la sociedad Cono Sur Research SPA como proveedor de OAS en los años 2012 y 2013, por un monto de $ 154.100.845.

OAS rectificó su contabilidad ante el SII, admitiendo que se trataba de servicios no prestados, por lo que no correspondía reducirlos de su base impositiva. Pese a ello solo recibió una multa del ente recaudador. Para entonces, la doctrina del SII frente al escándalo de platas políticas buscaba recuperar los impuestos adeudados.

Por lo mismo, el SII no se querelló contra OAS, pero sí contra Warner, lo que ahora permitirá a la fiscalía sostener la formalización con miras a un juicio.

Pero hay mucho más. Entre las piezas clave que obtuvo la fiscalía figura el testimonio en calidad de testigo del exdirector internacional de OAS Augusto César Ferreira e Uzeda. El exejecutivo declaró en Sao Paulo ante la fiscal Ximena Chong el 27 de julio de 2017 que "la empresa OAS había cedido un avión que estaba en su poder a Marco Enríquez-Ominami en 2013 (...), atendiendo así a un pedido del señor Cristián Warner efectuado en una reunión formal que tuvo lugar en Santiago". Según el exejecutivo de OAS, fue el consejo directivo de la empresa constructora, encabezado por Leo Pinheiro, quien está condenado a 16 años de cárcel en el marco del escándalo Lava Jato, el que autorizó la entrega del avión a ME-O.

Hace algunas semanas, el CDE venía pidiendo al Ministerio Público que se solicitara en este caso la formalización de Enríquez-Ominami.

Ante la demora de la fiscalía, hubo gestiones incluso ante el fiscal nacional, Jorge Abbott. Fueron esas gestiones las que explicarían por qué a fines de abril, en el marco de un seminario, el titular del Ministerio Público aludió a "la facilitación de un avión que, probablemente, próximamente tenga alguna materialización en la persecución penal".

Poco después, Abbott se reunió con el recién asumido fiscal regional Centro Norte, Xavier Armendáriz, para hablar, entre otros temas, de la agilización de las causas de alta complejidad pendientes en esa unidad.

No sorprende, entonces, que Armendáriz solicitara a sus fiscales informes en detalle de los casos que estaban abiertos, entre ellos la investigación contra Marco Enríquez-Ominami. Este era el paso previo para una decisión que ya está tomada en la fiscalía y que debiera materializarse en los próximos días: solicitar a la justicia la formalización contra Marco Enríquez-Ominami.

Una nueva arremetida judicial que podría alargar indefinidamente el alejamiento de ME-O de la primera línea de la política.

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