Columna de Héctor Soto: La capitulación

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Es un dilema complejo para el Presidente y su coalición. Hablar de su coalición a estas alturas puede ser una licencia semántica, puesto que ni él la escucha mucho ni tampoco el nombre de Piñera inspira incondicionalidad en el bloque. La pregunta concreta entonces es si el gobierno estaba o no con el capital político suficiente para oponerse a una iniciativa que, según todas las encuestas, es tremendamente popular.


Recibida con sorpresa y decepción en muchos sectores, la indicación que abrió la puerta a la reducción de la jornada laboral de 45 a 41 horas es de aquellas decisiones que permiten pensar al mismo tiempo lo mejor y lo peor de un gobierno.

Lo mejor, porque si este es el costo que el país debe pagar para tener alguna flexibilidad en los horarios de trabajo, bueno, entonces es lo que correspondía. En la práctica, el cambio significa reducir en un mes la carga de trabajo anual y desde luego esto no es anecdótico. En lo inmediato, ese costo lo tendrá que pagar la empresa, con gradualidad, no obstante que en el largo plazo lo más probable es que se diluya en informalidad laboral y en un nuevo punto de equilibrio de los valores del trabajo.

Pero también hace pensar lo peor, porque la decisión se adoptó por encuestas y, básicamente, ante el horror a que el proyecto de Camila Vallejo, de reducción de la jornada a 40 horas, se aprobara no solo con el respaldo de la oposición, sino también el de varios parlamentarios de derecha, incluso de algunos identificados con su riñón más duro.

Es un dilema complejo para el Presidente y su coalición. Hablar de su coalición a estas alturas puede ser una licencia semántica, puesto que ni él la escucha mucho ni tampoco el nombre de Piñera inspira incondicionalidad en el bloque. La pregunta concreta entonces es si el gobierno estaba o no con el capital político suficiente para oponerse a una iniciativa que, según todas las encuestas, es tremendamente popular.

No es cuestión de responder con un sí o con un no de buenas a primeras. En principio, solo un tercio de la ciudadanía aprueba la gestión presidencial. Desde que fuera elegido con el 55% de los votos, el gobierno ha tenido un fuerte desgaste, imputable, en parte, a expectativas económicas que no pudo cumplir, sobre todo este año, pero en parte también a desaguisados como el de los medidores inteligentes o el del viaje a China con los hijos.

¿Puede un gobierno contrariar los vientos de la encuestología con un piso político como el que tiene? Está claro que La Moneda pensó que no. Vio puros inconvenientes: rechazo popular, festín opositor, desorden en el oficialismo, Camila Vallejo -sí, la misma del 2011- triunfante…

Está fuera de duda que para una iniciativa de este alcance este era el peor momento. Okey: la oportunidad no la decidió el gobierno, sino el PC. El asunto es que el escenario externo hoy no puede ser más adverso, que la confianza de los consumidores está golpeada y que todos sabemos que en nuestra economía hay serios problemas de productividad. Trabajar menos no es la mejor idea, sobre todo ahora. Eso la población lo podría llegar a entender. Pero para eso el gobierno y el oficialismo tendrían que haber salido a explicarlo, preparándose incluso para que la aprobación presidencial descendiera a 20% o incluso a menos. El gobierno prefirió capitular y se subió al carro de la reducción. No tuvo agallas para resistir. No al menos en esto.

¿Es muy grave? Como en todo, depende de la perspectiva. Es grave, porque la decisión se inscribe en una tendencia que hasta aquí les sigue cargando la mano a las empresas, como si fueran incombustibles a la hora de imponerles más permisología, más impuestos, el 4% adicional de las pensiones, y ahora casi un sueldo adicional por año. También es grave porque este es el tipo de políticas públicas –malas políticas, como la gratuidad universitaria, que está reventando a la educación superior- en las cuales no hay vuelta atrás.

Por otro lado, tal vez no es tan grave en términos puramente pragmáticos, si es que no había cómo parar la avalancha. Y, siendo así, La Moneda confía en que lo que se pierda por las horas no trabajadas se gane en productividad por las sí trabajadas.

La confianza, dicen, es lo último que se pierde.

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