Columna de Óscar Contardo: Labores de inteligencia

El caso de fraude en el Ejército revelado por Weibel, y que actualmente investiga la jueza Romy Rutherford, alcanza hasta ahora 29 aristas que, entre otros aspectos, indaga la creación de una empresa de turismo para gestionar viajes privados, y otras de tecnología para simular compras inexistentes. Todo indica que internamente no existía la posibilidad de cuestionar ese despliegue de recursos, que de manera palmaria no se ajustaba al sueldo de oficiales de Ejército. Los militares que decidieron hacer algo fueron tratados como traidores. ¿Qué estaban traicionando? ¿Por qué las labores de inteligencia se concentran en los denunciantes de corrupción y no en los defraudadores? ¿Qué entienden por lealtad en las Fuerzas Armadas?



El periodista Mauricio Weibel fue espiado por la Dirección de Inteligencia del Ejército durante, por lo menos, seis meses, según reveló La Tercera hace una semana. Las escuchas y vigilancias a la vida privada de Weibel ocurrieron en 2017. La ley solo faculta a las Fuerzas Armadas a proceder de esta manera cuando el objetivo es "resguardar la seguridad nacional y proteger a Chile y su pueblo de las amenazas del terrorismo, el crimen organizado y el narcotráfico". El Ejército no ha presentado evidencia para pensar que el periodista haya incurrido en ninguna de las transgresiones descritas en la ley. Lo que sí es de público conocimiento es la extensa investigación que ha hecho Mauricio Weibel sobre las irregularidades, por llamarlas de un modo tibio, en que han incurrido uniformados de alto rango durante décadas. El periodista siguió una hebra y descubrió que miles de millones de pesos destinados a la defensa nacional eran usados en el bienestar privado de determinados generales que en algún momento decidieron que se merecían una vida de magnates financiada con recursos públicos.

El caso de fraude en el Ejército revelado por Weibel, y que actualmente investiga la jueza Romy Rutherford, alcanza hasta ahora 29 aristas que, entre otros aspectos, indaga la creación de una empresa de turismo para gestionar viajes privados, y otras de tecnología para simular compras inexistentes. Todo indica que internamente no existía la posibilidad de cuestionar ese despliegue de recursos, que de manera palmaria no se ajustaba al sueldo de oficiales de Ejército. Los militares que decidieron hacer algo fueron tratados como traidores. ¿Qué estaban traicionando? ¿Por qué las labores de inteligencia se concentran en los denunciantes de corrupción y no en los defraudadores? ¿Qué entienden por lealtad en las Fuerzas Armadas?

Mauricio Weibel logró publicar su trabajo a contrapelo de lo que significaba hacerlo: enfrentarse al poder de una institución que suele responder de manera ruda cualquier intento de escrutinio civil, aun en democracia.

Las señales de lo que significaría investigar las cuentas de las Fuerzas Armadas comenzaron al inicio de la transición con el acuartelamiento ordenado en 1990 luego de que el diario La Nación publicó una nota sobre los llamados "pinocheques", investigación amputada a machetazos por "razones de Estado". El monto de dinero cuestionado en ese caso ascendía a 971 millones de pesos. Cuando hubo un intento de retomar el tema, en 1993, la respuesta fue sacar soldados con caras pintadas y en uniforme de combate a la calle. Mientras eso sucedía, el Presidente Aylwin estaba en gira por Europa, tratando de convencer al mundo de que la democracia chilena era un proyecto sólido. En adelante las cosas no cambiarían demasiado.

Después de que se dieran a conocer los detalles del espionaje a Mauricio Weibel, el actual ministro de Defensa respaldó al Ejército. Sus palabras iniciales -que luego matizó- fueron claras: "Las acciones se han hecho dentro del marco legal", dijo sin añadir razones. ¿Habría dicho algo muy diferente otro ministro de Defensa de gobiernos anteriores? Creo que no, porque desde el retorno a la democracia el poder civil frente a las Fuerzas Armadas y de Orden se ejerce de puntillas, tratando de no incomodar y blindando a los uniformados. Basta recordar la conferencia de prensa del general de Carabineros Gonzalo Blu durante el pasado gobierno. En esa conferencia, Blu trató de defender la llamada Operación Huracán con declaraciones altisonantes que cuestionaban al Ministerio Público y desdeñaban las dudas en torno a un procedimiento que, a la vuelta de las semanas, se develó como un vergonzoso tinglado. El tono, la forma y el fondo de las declaraciones de Blu eran francamente sediciosas; el Ministerio del Interior del momento, sin embargo, toleró no solo la conferencia de prensa, sino también la manera en que Carabineros bloqueó el allanamiento a las oficinas de inteligencia que la policía uniformada mantenía en Temuco. Mencionar esto no es tratar de empatar, sino corroborar un patrón de comportamiento institucional que ha traspasado las décadas y que da indicios de la debilidad anémica del poder civil frente al mundo uniformado. En este cuadro, el periodismo al menos ha cumplido el rol de dejar registro, abrir ventanas y mostrar la huella de las verdaderas traiciones. Sin embargo, los vigilados y espiados no son los delincuentes, sino quienes tratan de denunciarlos.

Esta semana, una vez más el gobierno de turno ha demostrado que nuestra democracia cruje y se encoge cuando alguien se atreve a pedirle cuentas a una institución que más parece un enclave autónomo, uno en donde la lealtad y la obediencia han acabado pervertidas por la corrupción, amenazando el trabajo de los periodistas y amedrentando a quienes se atreven a contar la verdad que esconden bajo las arengas solemnes y el sonido de los bronces.

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