El primer caso de aborto en tres causales que la Corte Suprema decidió rechazar

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Por primera vez, desde que entró en vigencia la ley que permite el aborto bajo tres causales, un caso llegó hasta la Corte Suprema.

La Tercera Sala del máximo tribunal debió resolver sobre un caso en que una madre solicitó poder interrumpir un embarazo que, al momento de ser revisado por los jueces, cursaba 36 semanas de gestación.

La mujer, funcionaria de la PDI, recurrió de protección en contra del Hospital de Carabineros (Hoscar), que se negó a interrumpir su embarazo bajo la segunda causal: "Cuando el embrión o feto padezca una patología congénita adquirida o genética, incompatible con la vida extrauterina independiente, en todo caso de carácter letal".

El 15 de febrero, cuando tenía 18 semanas de embarazo, fue diagnosticada de una mal formación cardíaca grave de su bebé, esto sumado a una trisomía 21 (síndrome de Down).

El Hoscar pidió información a ginecólogos que tuvieron opiniones encontradas, pero uno de ellos sostuvo que " los pacientes que tienen trisomía 21 no toleran la corrección quirúrgica de la cardiopatía", por lo que dio el carácter de "letal" que le permitía a la mujer abortar.

Por cuatro votos (ministras María Eugenia Sandoval, Ángela Vivanco, ministro Mauricio Silva y el abogado integrante Ricardo Abuauad) contra uno (abogado Julio Pallavicini), la Corte Suprema rechazó el recurso de la detective. Para la mayoría de la sala prevalecieron los informes de los cardiólogos y del propio equipo de Hoscar que la atendió, que descartaban la "letalidad" en este caso. "No ha existido precisión en torno a que la patología congénita incompatible con la vida extrauterina independiente sea letal. La falta de certeza en ese preciso extremo no permite tener por configurada la causal en cuya virtud se manifestó la voluntad de la recurrente en orden a la interrupción de su embarazo", dice el fallo.

En tanto, el voto de minoría sostuvo que el Hoscar se apartó de la ley en este caso. En su visión, sí se cumplía la "letalidad" que pide la ley y que los médicos solo podrían haberse negado por objeción de conciencia.

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