La transición hacia una economía circular en Chile dejó de ser un ideal ambiental, para convertirse en un motor concreto de transformación laboral. Así lo evidencia el reciente estudio “Caracterización de empleos verdes en Chile y en la Región Metropolitana”, elaborado por el Observatorio Laboral RM (OLRM) y el Centro de Políticas Públicas UC, que concluye que más de 2 millones de personas en el país —equivalente al 23,4% de los ocupados— ejercen empleos con potencial verde. En la Región Metropolitana, esta cifra sube al 24%, es decir, más de un millón de personas.

Según la investigadora Isidora Vergara, del Centro de Políticas Públicas UC, estos empleos no solo tienen impacto ambiental positivo, sino que ya están transformando sectores tradicionales, “lo que muestra el estudio es que la transición verde ya está ocurriendo. Los sectores como la construcción, la manufactura y la agricultura están adoptando nuevas prácticas sostenibles, lo que a su vez exige nuevas competencias técnicas y genera nuevas oportunidades”.

Estos llamados “empleos verdes” abarcan desde oficios técnicos, como operadores de plantas de reciclaje o energía solar, hasta labores en transporte, eficiencia energética y diseño circular. También están apareciendo nuevas oportunidades en sectores como energías renovables, gestión de residuos y logística inversa, con énfasis en la inclusión de jóvenes, mujeres y trabajadores de regiones. En ese sentido, Vergara agrega que el desafío ahora es “alinear la formación técnica y profesional con las nuevas demandas del mercado verde, acercando las oportunidades a más territorios y reduciendo brechas sociales”.

Ley REP y empleos verdes

Uno de los principales impulsores de esta transformación es la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor (Ley REP), vigente desde septiembre de 2023 para envases y embalajes. Esta normativa obliga a los productores a organizar y financiar la gestión de los residuos que generan, creando una nueva industria en torno al reciclaje formal y la economía circular.

Según el economista de la Universidad de Chile, Jorge Hermann, “la Ley REP ha generado inversión, infraestructura y nuevas plazas laborales, desde gestores de residuos hasta diseñadores de envases sostenibles. Es una de las políticas públicas más potentes para dinamizar la economía verde en Chile, pero aún se necesita fortalecer la educación técnica y las capacitaciones para consolidar su impacto”.

Uno de los actores centrales en este proceso ha sido ReSimple, el primer Gran Sistema Colectivo de Gestión (GRANSIC) operativo en el país, que acaba de alcanzar un hito de 100 licitaciones adjudicadas, distribuidas en los distintos componentes del sistema REP.

Estas licitaciones no solo permiten cumplir con la ley: generan empleo local, promueven encadenamientos productivos en regiones y refuerzan el rol de los recicladores de base en condiciones más formales.

“Detrás de cada una de estas licitaciones hay equipos técnicos, operarios, monitores ambientales, recicladores de base, profesionales logísticos y administrativos que hoy están aportando a la sostenibilidad del país desde su trabajo. La Ley REP no solo es una herramienta ambiental, también es una palanca de desarrollo económico verde que está generando empleos de calidad en los territorios. Plantea una oportunidad concreta de avance, al mismo tiempo que tiene un impacto positivo en el medio ambiente”, afirma Javier Fuentes, gerente general de ReSimple.

Con una combinación de regulación exigente, coordinación público-privada e innovación técnica, Chile está demostrando que la sostenibilidad puede ser también un eje de crecimiento económico inclusivo.

La implementación de la Ley REP se traduce en empleos reales, inversión en infraestructura y nuevas redes de colaboración ambiental. “Chile puede ser un referente regional en empleo verde debido a sus recursos naturales y compromiso establecidos con el desarrollo de energías limpias como el hidrógeno verde y la energía renovable no convencional”, concluye el economista.