Una investigación realizada por el periódico británico The Guardian reveló que una firma registrada en Reino Unido por personas sancionadas por Estados Unidos contrató a mercenarios provenientes de Colombia, para que así apoyaran a las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF, por sus siglas en inglés) en Sudán.

Este último es un grupo paramilitar al que se le atribuyen violaciones masivas, masacres étnicas y el asesinato sistemático de mujeres y niños.

Según registros del gobierno británico revisados por el citado medio, un apartamento ubicado en el norte de Londres, en el sector de Tottenham, estaba vinculado a una red transnacional de empresas involucradas en el reclutamiento masivo de mercenarios.

Los sujetos son enviados a combatir en Sudán junto a paramilitares acusados de crímenes de guerra y genocidio.

De acuerdo a la investigación de The Guardian, cientos de exmilitares colombianos se han alistado para pelear en el país africano con las RSF.

Previamente, a finales de 2024, el medio colombiano La Silla Vacía reportó por primera vez que más de 300 exsoldados del país habían sido contratados para su despliegue en Sudán.

Los mercenarios provenientes de Colombia participaron directamente en la toma de la ciudad de El Fasher, en el suroeste de Sudán, por parte de paramilitares a finales de octubre.

Cómo mercenarios de Colombia han sido reclutados para combatir en Sudán

La investigación del periódico británico afirma que un apartamento ubicado en el área de Tottenham, en Londres, está registrado a nombre de una empresa llamada Zeuz Global.

Dicha firma fue fundada por dos personas identificadas y sancionadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos a principios de diciembre, por contratar a mercenarios colombianos para combatir junto a las RSF.

The Guardian detalla que ambas personas tienen nacionalidad colombiana y aparecen descritas como residentes en Reino Unido en documentos de Companies House, el registro gubernamental de empresas que operan en el territorio británico.

Después de que Estados Unidos anunciara las sanciones el pasado 9 de diciembre, Zeuz Global trasladó sus operaciones a una nueva locación en el centro de Londres, según la investigación.

Sin embargo, su nuevo código postal y dirección llevaron a dos hoteles.

Cuando el citado periódico consultó a tales recintos, ambos declararon no tener vínculos con Zeuz Global y desconocer por qué la firma utilizó sus datos de ubicación.

El investigador y exmiembro del panel de expertos de la ONU sobre Sudán, Mike Lewis, dijo a The Guardian que “es muy preocupante que las personas clave, que según el gobierno estadounidense dirigen este suministro de mercenarios, hayan podido establecer una empresa en el Reino Unido que opera desde un apartamento en el norte de Londres, e incluso afirmar que residen en Reino Unido”.

El citado periódico consultó a Companies House si tenía conocimiento de las operaciones reales de Zeuz Global. El organismo no respondió a su solicitud de declaraciones ni confirmó si las personas sancionadas residían efectivamente o no en el territorio británico.

The Guardian no logró contactarse con Zeuz Global. La cuenta no tenía datos de contacto directo publicados en línea.

De acuerdo al Departamento del Tesoro de Estados Unidos, quien dirige la red de reclutamiento es un hombre llamado Álvaro Andrés Quijano Becerra, un militar colombiano retirado con doble nacionalidad colombiana e italiana, con base en los Emiratos Árabes Unidos.

Lo acusan de tener un rol clave en el reclutamiento de exsoldados colombianos para su despliegue en Sudán, a través de una agencia con sede en Bogotá que él cofundó.

Su esposa, Claudia Viviana Oliveros Forero, también fue sancionada por ser la propietaria y administradora de la agencia. Es de nacionalidad colombiana.

Otro hombre, Mateo Andrés Duque Botero, de doble nacionalidad colombiana y española, fue sancionado por administrar una empresa acusada de gestionar fondos y nóminas para la red que contrataba a los mercenarios colombianos.

Según el Departamento del Tesoro estadounidense, “en 2024 y 2025, empresas con sede en Estados Unidos asociadas con Duque realizaron numerosas transferencias bancarias por un total de millones de dólares estadounidenses”.

Uno de los mercenarios confirmó a The Guardian que había peleado en El Fasher y que había entrenado a niños en Sudán, para que se unieran a los combates.

Otros han desempeñado funciones como instruir en el uso de drones y manejar vehículos aéreos no tripulados.

En palabras de Lewis, “la guerra en Sudán es de alta tecnología, con armas guiadas y drones de largo alcance que causan muertes de civiles a diario”.

“Estas armas requieren ayuda externa para su funcionamiento. Sabemos que la operación mercenaria colombiana ha sido un componente importante de esta asistencia externa”.

Agregó que “existe un largo y bien conocido historial de empresas fantasma británicas utilizadas para negociar armas y asistencia militar con actores embargados en Sudán, Sudán del Sur, Libia, Corea del Norte, incluso con ISIS (Estado Islámico)”.

Por su parte, un portavoz del gobierno británico enfatizó que “Reino Unido exige el fin inmediato de las atrocidades, la protección de los civiles y la eliminación de las barreras al acceso humanitario para todas las partes en el conflicto”.

“Recientemente sancionamos a los comandantes de las RSF por su papel en las atrocidades de El Fasher”.

Un informe de Amnistía Internacional publicado a finales de noviembre reúne una serie de testimonios de sobrevivientes de El Fasher, quienes denunciaron homicidios deliberados y violencia sexual a manos de las RSF.

La secretaria general del mencionado organismo que vela por los derechos humanos, Agnès Callamard, alertó que “esta violencia persistente y generalizada contra la población civil (en Sudán) constituye crímenes de guerra y podría también constituir otros crímenes de derecho internacional”.