Quién era el “asesino de Twitter” ejecutado en Japón por matar a 9 personas
Las víctimas, de entre 15 y 26 años, iban a su casa donde él las asesinaba, descuartizaba y escondía los restos de sus cuerpos en pequeñas neveras.
Japón ejecutó este viernes al llamado “asesino de Twitter”, un hombre que mató a nueve personas contactadas por la red social X (ex Twitter), en la primera aplicación de la pena capital desde 2022 en el país asiático.
Japón y Estados Unidos son los únicos dos países del G7 donde sigue practicándose la pena de muerte, un castigo que cuenta con una amplia aceptación de la sociedad nipona.
Quién era el “asesino de Twitter” ejecutado en Japón
Se trata de Takahiro Shiraishi, un hombre de 34 años que en 2017 asesinó y desmembró a nueve personas, en su mayoría chicas jóvenes, a quienes había contactado por Twitter.
El ministro de Justicia, Keisuke Suzuki, explicó que Shiraishi había cometido “robo, violación, asesinato, destrucción de cadáver y abandono de cadáver”.
“Nueve víctimas fueron golpeadas y estranguladas, asesinadas, robadas y luego mutiladas con partes de sus cuerpos guardadas en cajas y otras arrojadas a un vertedero”, afirmó a la prensa.
Actuó “por la egoísta razón de satisfacer sus propios deseos sexuales y financieros”, aseguró.
“Después de una detenida reflexión, ordené la ejecución”, explicó.
El acusado reconoció los nueve asesinatos, dijo la prensa.
Quiénes eran las víctimas del “asesino de Twitter”
Según explicó, contactaba en Twitter con personas con tendencias suicidas y les ofrecía ayuda para morir.
Las víctimas, de entre 15 y 26 años, iban a su casa cerca de Tokio, donde él las asesinaba, las descuartizaba y escondía los restos de sus cuerpos en pequeñas neveras.
Cómo fue ejecutado en Japón el “asesino de Twitter”
Las ejecuciones en Japón siempre se practican por ahorcamiento.
En el país hay alrededor de un centenar de reos en el corredor de la muerte.
El apoyo de la población a este castigo es elevado. Una encuesta encargada por el Gobierno en 2024 entre 1.800 ciudadanos señaló que un 83% de ellos consideraba “inevitable” la pena capital.
Aunque la ley estipula que la ejecución debe aplicarse en un plazo máximo de seis meses después de la sentencia definitiva, muchos reos pasan años o incluso décadas esperando.
Además, a menudo los presos no son informados de la ejecución hasta último momento, normalmente con pocas horas de antelación.
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