Por disposición del juez Patricio Álvarez del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, el pasado 23 de marzo el abogado Sebastián Alarcón quedó en prisión preventiva e ingresó al penal Santiago 1, estimándose que su libertad constituía un peligro para la seguridad de la sociedad y de la investigación.

Lo anterior, luego de que Ximena Chong, fiscal jefa de Alta Complejidad Centro Norte formalizara al imputado por 15 delitos consumados de falsificación de instrumento privado mercantil, 15 delitos consumados de falsificación y uso timbre de autoridad, y por un delito de estafa.

Pero ahora, la persecutorora elevará la apuesta, y el próximo 4 de mayo reformalizará al profesional por el delito reiterado de obstrucción a la investigación, previsto y sancionado en el artículo 269 bis del Código Penal, cometido durante los años 2025 y 2026.

De acuerdo con antecedentes del proceso seguido contra Alarcón, el imputado estableció un mecanismo para identificar a personas fallecidas que mantenían dineros o bienes no reclamados, para así generar falsas deudas y ejecutar el cobro de los fondos.

“En fechas indeterminadas, entre los años 2023, 2024 y 2025, el imputado identificó a personas fallecidas que figuraban con depósitos no reclamados en la lista de acreencias de la Comisión para el Mercado Financiero, para luego confeccionar a nombre de los mismos y con supuesta firma y huella de ellos, documentos falsos consistentes en pagarés y reconocimientos de deuda”, manifestó la persecutora durante la formalización del abogado.

Según detalló, en los supuestos pagarés, el imputado ponía una fecha en que el supuesto deudor estaba vivo, y también elementos para sostener que el falso crédito no estaba prescrito, para así lograr cobrarlos.

Para ello, Alarcón estampaba timbres y firmas notariales falsas. Actuando como patrocinante de terceros, presentaba demandas civiles para así iniciar procesos ejecutivos de cobro. Las supuestas deudas, de acuerdo con sus pretensiones, debían cobrarse sobre las acreencias que mantenían las personas que figuraban en el listado de la CMF.

El imputado no actuaba solo. En medio de las pesquisas se detectó que el imputado operaba concertado con Camilo Ramírez y Martina Ramírez, quienes contactaron a las personas que reclamaban civilmente las falsas deudas, otorgándole patrocinio y poder al abogado.

Quince de las 16 personas que resultaron demandadas producto del plan de Alarcón estaban fallecidas.

En el celular del imputado se mantenían archivos en formato PDF con facsímiles de timbres de distintos notarios, además de huellas de los presuntos deudores, los que posteriormente eran insertados en los documentos mercantiles presentados a cobro.

“De este modo, en fechas indeterminadas anteriores a la presentación de las respectivas demandas, fingiendo letra, firma o rúbrica de los presuntos deudores, y suponiendo la intervención de personas que no la tuvieron como deudores y notarios, falsificó un total de 16 documentos mercantiles consistentes en pagarés supuestamente extendidos ante notario y dos documentos privados de reconocimiento de deuda, los cuales posteriormente presentó ante tribunales civiles como títulos ejecutivos en diversos juicios, amparando con ello créditos supuestos e inxistentes”, se mencionó en el marco de la imputación.

Producto de las maniobras desplegadas, específicamente vía una demanda interpuesta el 20 de junio de 2024, el imputado logró cobrar $17.071.995.