Columna de Felipe Harboe: Seguridad como condición de libertad

La inseguridad y la lucha contra el delito han sido factores de controversia política durante décadas. Ello no es exclusivo de Chile. La Francia de Sarkozy, España de Zapatero, Alemania de Merkel, Colombia de Uribe, México de Fox, Argentina de Milei o El Salvador con Bukele han sido lugares y momentos de la historia donde en mejor o peor medida, la seguridad ha resultado determinante en el debate político.


Chile actualmente enfrenta un escenario criminal diverso al conocido en las últimas décadas. La proliferación de delitos como el secuestro extorsivo, el aumento de la tasa de homicidios, la violencia asociada a delitos contra la propiedad ha generado altos niveles de temor. Según la encuesta Chile Nos Habla de la USS, 7 de cada 10 personas se siente insegura, lo que condiciona su calidad de vida y afecta de manera determinante el ejercicio de sus derechos y su libertad.

Ante tal escenario, la autoridad respondió institucionalmente con una batería de proyectos de ley destinados a modernizar los marcos legales para que las instituciones que participan de la lucha contra el delito tengan mayores potestades. Adicionalmente se incrementaron los recursos a las instituciones policiales y se promovieron aumentos de dotación. Todo ello resulta correcto en un escenario tradicional de lucha contra el crimen. No obstante, lo que falta hoy es gestión, la que supone contar con un estado organizado para enfrentar este nuevo escenario criminal.

Ciertamente las leyes y los presupuestos aportan, pero no moverán la aguja de la situación de inseguridad si no van abrazadas por una reorganización pública que se materializa en un conjunto de medidas que en los diversos seminarios y workshops realizados por CESCRO han ido surgiendo de mano de sus experto(a)s.

En primer término, necesitamos que el Estado tenga un sistema de información migratoria que permita saber quién entra al país, si la persona es quien dice ser, conocer su historial penal en el país de origen, saber a qué viene y dónde estará. Ello permitiría reducir considerablemente el ingreso de personas vinculadas a delitos o crimen organizado y monitorear conductas al interior del país. Dicha información debería estar centralizada y de acceso remoto a policías y fiscales para mejorar su gestión. Luego, un sistema integrado de información operativa con acceso de las policías, Ministerio Público y la Agencia Nacional de Inteligencia para poder hacer los cruces necesarios e identificar modus operandi similares en delitos ocurridos en diversas regiones del país. De igual forma, resulta fundamental implementar un sistema coordinado con el sector privado para la identificación de prófugos de la justicia a través de sistemas de reconocimiento facial instalados en autopistas, centros comerciales, instituciones de salud e incluso servicios públicos, con los debidos resguardos de la privacidad. Necesitamos replantearnos la estructura policial y repensar le necesidad de contar con dos policías investigativas o discernir sobre la conveniencia de tener un sistema policial especializado para concentrar a carabineros en labores operativas. Concepción fue testigo del enriquecedor debate sobre la participación de las Fuerzas Armadas en materias de seguridad o fronteriza. Debemos analizar la conveniencia de contar con fiscales especializados con competencia nacional, al estilo de España o Italia.

Chile necesita pasar a la construcción de un sistema de seguridad donde la información, colaboración interinstitucional, metas conjuntas, definiciones de política criminal e incentivos por cumplimiento de metas, sean elementos fundantes para tener mayores niveles de eficacia y eficiencia y que ello se traduzca en un mejoramiento objetivo de las condiciones de paz y tranquilidad, lo que finalmente permite aumentar los niveles de libertad de nuestra sociedad.

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