Chile es un país con una biodiversidad única, donde la vida se abre paso en el desierto, en los bosques, en la cordillera y en el mar. Alberga 88 de los 110 ecosistemas mundiales reconocidos por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) y tiene una de las 36 áreas críticas de conservación global, destacando el bosque esclerófilo mediterráneo en la zona central, bosques de macroalgas, turberas y glaciares en la Patagonia y el desierto de Atacama. Sin embargo, 36% de las especies está amenazada y cerca del 25% de ellas son endémicas, es decir, sólo viven aquí.

La Ley 21.600 creó el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP) para conservar la naturaleza con información y gestión efectiva en todo el país. Administra el Sistema de Información de la Biodiversidad (SIB) para que la toma de decisiones sea basada en evidencia y cuenta con instrumentos para proteger ecosistemas y especies. Gestiona el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) y para que la protección sea real, establece instrumentos de financiamiento e incentivos como el Fondo Nacional de la Biodiversidad. Además, establece funciones de fiscalización y sanciones robustas, para que el daño a la naturaleza no sea un costo más.

En una entrevista publicada por este medio el lunes 23 de febrero fui consultado sobre cómo el SBAP compatibilizará sus metas de conservación con la agenda de la próxima administración. Es evidente que cada gobierno pone su sello y sus prioridades, las que esperamos conocer prontamente. El quehacer del Servicio estará en línea con ello y lo que le mandata la ley 21.600.

El SBAP construye bases estables para el cuidado de nuestro patrimonio natural, con rigurosidad y transparencia, minimizando los espacios de discrecionalidad.

Aaron Cavieres Cancino

Director Nacional, SBAP