SEÑOR DIRECTOR:

Además de los conocidos desafíos que tendrá la futura administración en materia de “permisología”, es relevante dejar en evidencia lo que está ocurriendo con el mal uso de políticas públicas, a través de la permanente judicialización y paralización de proyectos impulsados desde ONG nacionales e internacionales.

Como sector, hemos vivido este tema de manera especialmente intensa por la aplicación de la Ley Lafkenche. En estas semanas, pese a que en dos oportunidades se rechazaron de forma clara y mayoritaria solicitudes presentadas por 40 personas -que abarcaban cerca de un millón de hectáreas-, nuevamente enfrentamos recursos administrativos y judiciales patrocinados por abogados de ONG, en procesos que ya llevan 12 años de tramitación.

Considerando la urgencia de reactivar la economía y recuperar la competitividad de los sectores productivos, es grave que ONG financiadas desde el extranjero utilicen políticas públicas -que tenían un fin noble- para otros propósitos. Esto genera conflictividad social, afecta la soberanía nacional y el desarrollo de zonas aisladas, e impide que Chile aproveche sus vocaciones productivas y ventajas comparativas.

Además de avanzar con urgencia en una política nacional de uso del borde costero que sea clara, sólida, entregue certezas y armonice los distintos usos y potenciales del litoral, también es necesario establecer mecanismos que aseguren mayor transparencia sobre el financiamiento y los objetivos de quienes apoyan e impulsan a estas organizaciones.

Tomás Monge

Gerente general de SalmonChile