SEÑOR DIRECTOR:

La amenaza de muerte contra el alcalde de San Bernardo, Christopher White es el punto de inflexión en la actuación del crimen organizado que intimida a quienes, desde los municipios, han comenzado a recuperar los espacios públicos.

La Fiscalía detectó el plan mediante interceptaciones, las policías reforzaron la protección del jefe comunal y el Presidente Kast acudió personalmente a expresarle su respaldo. Pese a las diferencias políticas, ambas autoridades se alinearon frente a un enemigo común: el crimen organizado.

La Asociación Chilena de Municipalidades (AChM) ya lo había advertido en marzo, cuando solicitó al fiscal nacional la designación de un fiscal preferente por los amedrentamientos a autoridades locales, revelando que más del 70% de los alcaldes de la Región Metropolitana habían recibido algún tipo de amenaza (un 17% de muerte).

Cuando el Estado empieza a recuperar el control (ejemplo de ello es la segregación de 1.500 reos en la cárcel La Laguna de Talca) las estructuras criminales reaccionan con violencia. En Paraguay, la desarticulación de un laboratorio de drogas en la cárcel de Tacumbú derivó en amenazas y el posterior asesinato del fiscal anti crimen organizado y del director de la cárcel, mientras que en México, siete alcaldes fueron asesinados el 2025.

Los alcaldes y sus equipos de seguridad municipal no pueden asumir el rol de las fuerzas de orden y seguridad pública, porque si el rol exige arriesgar la vida, el problema es de aquellos que precisan del monopolio del uso de la fuerza del Estado.

Previo a la violencia criminal, están las amenazas, la intimidación, la ocupación de plazas y la normalización de la incivilidad. La familia, escuela y comunidad deben recuperar su capacidad de socializar. El Estado puede imponer límites pero no puede reemplazar a la sociedad en la tarea de formar ciudadanos.

El desafío, entonces, es dejar de ver el problema sólo como un tema de policías, fiscales, jueces y cárceles, y comenzar a verlo desde sus causas profundas, aquellas que nos sitúan como responsables de construir una sociedad mejor, mientras depositamos nuestra confianza en la capacidad del gobierno y el Congreso en el perfeccionamiento de la agenda de seguridad.

Patricio Santos Poblete

Subdirector técnico del Centro de Seguridad Integral

Universidad Finis Terrae