SEÑOR DIRECTOR:

Según estudios recientes (UDP y Cadem 2026), la confianza ciudadana en el sistema de justicia está en su nivel más bajo desde que existen mediciones. Uno de los datos más preocupantes es que la ciudadanía no solo responsabiliza a los jueces de esa baja confianza, sino que percibe un trato desigual, en el que influyen factores como la capacidad económica o los abogados que se pueden contratar.

Esto es problemático para un Estado de Derecho porque la autoridad del sistema judicial descansa en que las personas crean en que sus decisiones son imparciales, objetivas y oportunas. Cuando esa confianza se resquebraja, tambalea la institucionalidad desde sus cimientos.

Por eso, por una parte, los procesos disciplinarios contra jueces acusados de mal uso de licencias médicas no pueden analizarse en el vacío sino que el contexto en el que se desarrollan es importante. Así, la Corte Suprema tiene el deber de ejercer sus potestades disciplinarias y resguardar la autoridad del Poder Judicial, lo que exige que sus integrantes actúen de forma proba e intachable.

Por otra parte, tampoco puede omitirse la dimensión interna, esto es, que cada proceso disciplinario debe revisarse a la luz del debido proceso. Las reglas vigentes (tanto la causal de “mal comportamiento” como el procedimiento mismo) pueden y deben actualizarse para dar garantías plenas a los acusados.

La reforma al régimen disciplinario es cada vez más urgente y, en ese sentido, el proyecto que reforma el gobierno judicial y crea los tribunales de conducta judicial, presentado en el gobierno del Presidente Boric, sigue pendiente de tramitación, mientras el sistema necesita recuperar la confianza ciudadana con procedimientos que sean incuestionables.

Jaime Gajardo Falcón

Académico, Derecho, UDP

Ex ministro de Justicia y Derechos Humanos