SEÑOR DIRECTOR:

La discusión presupuestaria no debe reducirse a cuánto aumenta o disminuye el gasto público. En niñez, es indispensable examinar qué asignaciones cambian, por qué y sus posibles efectos en la garantía de derechos.

El Informe de Política Pública de la Defensoría de la Niñez y Unicef Chile analizó 188 asignaciones directas para niños, niñas y adolescentes. Durante el primer semestre de 2026, 86 disminuyeron, 54 en más de 3%, y solo 12 aumentaron.

No existen antecedentes suficientes para determinar las razones y efectos de cada disminución. Algunas pueden responder a ejecución, reasignaciones o eficiencia, pero deben contar con justificación técnica, evidencia y resguardos para las prestaciones.

Esto es especialmente relevante cuando afectan primera infancia, protección especializada, bienestar socioemocional, salud escolar, apoyo pedagógico e infraestructura educativa, áreas fundamentales para prevenir riesgos y responder a las necesidades de la niñez.

La Ley sobre Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia establece prioridad presupuestaria para las políticas de niñez, incluso en contextos económicos complejos. El Comité de los Derechos del Niño, además, exige emplear el máximo de recursos disponibles y evitar medidas regresivas.

Responsabilidad fiscal y derechos no deben contraponerse. Invertir oportunamente en niñez genera bienestar y oportunidades; no hacerlo puede aumentar los costos sociales futuros.

De cara al Presupuesto 2027, el Congreso tiene la oportunidad de alcanzar un pacto transversal que evite retrocesos en la garantía de derechos y reafirme que las restricciones presupuestarias pueden exigir prioridades más claras, pero nunca una menor protección para la niñez.

Anuar Quesille Vera

Defensor de la Niñez