SEÑOR DIRECTOR:

La discusión sobre la prórroga de la Ley de Gestión de Suelo para la Integración Social y Urbana y del Plan de Emergencia Habitacional no es ideológica ni simbólica. Es una discusión sobre una urgencia social que Chile arrastra hace años y que hoy no admite dilaciones.

Chile enfrenta un déficit habitacional que bordea las 600 mil viviendas. Ese número, por sí solo, ya es grave, pero el problema no es únicamente cuántas viviendas se construyen, sino dónde se construyen.

En comunas de la zona sur de Santiago, que corresponden al distrito que represento, vemos a diario las consecuencias de décadas de malas decisiones: hacinamiento, expulsión de familias, barrios tensionados y una integración urbana que sigue siendo una promesa incumplida. La falta de suelo bien ubicado ha profundizado la segregación y debilitado el tejido social.

Esta ley es fundamental porque permite al Ministerio de Vivienda adquirir terrenos bien localizados, evitando seguir empujando a las familias más vulnerables a la periferia, lejos del transporte, del empleo, de los servicios básicos y de las oportunidades que ofrece la ciudad. No podemos seguir construyendo viviendas sin ciudad.

Cuando las comunas están fragmentadas y los barrios quedan segregados, sin integración ni oportunidades, la delincuencia y el narcotráfico encuentran terreno fértil para instalarse y capturar esos espacios.

Seguir segregando es condenar a generaciones completas. Avanzar en equidad territorial e integración social no es un eslogan: es una decisión política. Y hoy el Estado tiene el deber de tomarla con responsabilidad y sentido de justicia.

Eduardo Durán

Diputado, Comisión de Economía