Para hoy jueves, a las 10.00, está programada la segunda sesión de la Convención Constitucional (CC). En esta se abordará uno de los temas que han rodeado la discusión en torno a la histórica instancia: “Eventual declaración de la Convención Constitucional acerca de las personas privadas de libertad con ocasión la revuelta social y de la judicialización del conflicto político y social que mantiene el Estado nación mapuche”, dice la convocatoria.

Ya el domingo, cuando se instaló la convención, las consignas de la “libertad a los presos de la revuelta” se repitieron principalmente en boca de los integrantes de la Lista del Pueblo, el Frente Amplio y el Partido Comunista (PC). Sin embargo, la propia presidenta de la CC, Elisa Loncón, planteó ese día realizar una declaración sobre la situación judicial de quienes están presos en la Macrozona Sur.

Hasta ahora se trataría de personas que están recluidas en casos de violencia rural incluso grave. “Necesitamos la libertad de los presos políticos mapuches o no mapuches. Ellos salieron a las calles y por eso se dieron estos nuevos escaños reservados”, dijo el domingo la machi Francisca Linconao. Y hoy en la mañana, Loncón también abordó el tema.

En entrevista con T13 Radio sostuvo que “nosotros llegamos ahí (a la CC) por una cuestión de profundizar la democracia. Dentro de los presos sabemos que hay situaciones que no tienen los estándares de derechos humanos, ni justicia; entonces no podemos estar hablando de una situación cuando tenemos asuntos no resueltos y que nos afectan”.

Además, agregó que “en el caso de los mapuches hay una negación enorme de derechos culturales y políticos, y en función de ese derecho político, que no está reconocido, han sido presos. Tenemos el derecho de defender nuestra tierra, porque hay mucha relación… los pueblos necesitamos nuestro territorio, no podemos aceptar que ese territorio se vaya disminuyendo y siendo objeto de todas las empresas transnacionales que nos están quitando el agua”.

Loncón advirtió que “la gente tiene que defenderse y eso tiene que garantizarse. Esas garantías, actualmente, no están y ahí nace el tema de los presos políticos. Hay derechos políticos que no se están respetando, como el derecho a la protesta social, el derecho a reclamar sus propios derechos y ahí hay un problema de fondo, eso no está instalado en la Constitución y eso hay que instalarlo”.

El tema preocupa a distintas autoridades, tanto a nivel regional como nacional. En Carabineros, por ejemplo, lamentan que no ha habido una condena a la violencia, ni menos luego de un ataque a un domicilio de un policía en Quidico, en la comuna de Tirúa.

En los sectores productivos de La Araucanía también hay inquietud por la discusión que se pueda dar en la convención respecto del conflicto en la zona. Por lo mismo, el martes, el presidente de la Multigremial, Patricio Santibáñez, envió una carta a Elisa Loncón, donde, entre otras cosas, le manifestó que esperan que “su mandato sea una garantía de que la fuerza que guiará el proceso constituyente incluirá todas las visiones de nuestra sociedad, sin visiones parciales, porque de ello dependerá la convivencia y el futuro que construyamos juntos, donde todos nos sintamos parte de un mismo destino”.

En la misiva agregaron que “creemos que el respeto irrestricto de los derechos humanos debe considerar, ineludiblemente, el acceso a la justicia, la igualdad ante la ley y debida reparación de quienes han sido víctimas de la violencia en nuestra Región de La Araucanía y la provincia de Arauco, sobre todo, porque la impunidad ha generado tanto dolor y desesperanza en nuestra región”.

Más tarde, Santibáñez fue más crítico del rol de la convención en la discusión por las personas privadas de libertad. “Ni el Congreso ni la CC pueden legitimar la impunidad. Primero, porque hay que respetar el Estado de Derecho: la política no puede intervenir en asuntos que le corresponden a la justicia. Debemos aspirar a un Poder Judicial absolutamente independiente. En segundo lugar, se quiere indultar a personas que cometieron delitos violentos y que son verdaderos criminales que manipulan causas políticas o la causa mapuche para conseguir sus fines. Y, en tercer lugar, porque asegurar impunidad para estas personas es una verdadera injusticia para quienes han sufrido el miedo, la violencia y el terror. Además, en la gran mayoría de los casos ni siquiera hay imputados, se pretende liberar a los pocos que han sido imputados por los graves casos de violencia en nuestra región”, dijo a La Tercera.

¿A quiénes estaría apuntando Loncón? Aunque no ha entregado detalles, la información que manejan las policías, el gobierno y el Ministerio Público da cuenta de al menos 36 personas que están en prisión y que son constantemente reivindicadas en atentados incendiarios en la Macrozona Sur. En este grupo hay personas condenadas y en prisión preventiva, en su mayoría por delitos de mayor gravedad que los cometidos por los presos del estallido.

Según información que manejan estas autoridades, en la Macrozona Sur, entre 2018 y 2021, se han registrado 310 atentados incendiarios de gravedad, donde en 147 ocasiones se han adjudicado a alguna orgánica radical (CAM, WAM, RMM y RML). Entre estos, en 59 oportunidades se han dejado lienzos alusivos a los denominados “presos mapuches”.

Quien registra más reivindicaciones es Daniel Canio Tralcal, quien está condenado a 16 años de cárcel, en el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Temuco. Se le imputa un atentado incendiario en 2018 al Fundo Oyama, en Lautaro, donde, junto a otras personas, habría amenazado a una treintena de trabajadores forestales y quemado una docena de máquinas y vehículos.

Celestino Córdova Tránsito también es otra de las personas con más reivindicaciones. Son 25 los lienzos que han aparecido con su nombre y recogidos por la policía. Córdova está condenado a 18 años de prisión por el crimen del matrimonio Luchsinger-Mackay, en enero de 2013.

Freddy Marileo Marileo también acumula 25 reivindicaciones como “preso político mapuche”. Está recluido en la cárcel de Angol, cumpliendo prisión preventiva desde febrero de 2019, por ser el presunto autor del delito de homicidio de los comuneros mapuches, Jorge Marimán Loncomilla y Matías Cariqueo Loncomilla, hijos del lonko José Cariqueo Saravia.

Quienes también aparecen en este listado son Víctor Llanquileo y José Cáceres, quienes fueron condenados a 21 y 24 años de cárcel, respectivamente, por delitos de robo con violencia calificado, porte de arma de fuego prohibida y municiones y lesiones de mediana gravedad a un carabinero, tras un asalto con rehenes en la caja de compensación de Galvarino, en 2018.