Entre los tantos paradigmas que parecen estar cambiando en Estados Unidos bajo la administración Trump, un aspecto que resulta particularmente preocupante es la creciente amenaza que se cierne sobre la libertad de expresión, donde el gobierno no ha escatimado esfuerzos para acallar voces que le resultan incómodas o amedrentar a importantes medios de comunicación mediante millonarias acciones judiciales, gracias a las cuales ha logrado en algunos casos acuerdos que no solo implican cuantiosos pagos indemnizatorios en favor del Presidente Donald Trump, sino que además coincidentemente han terminado favoreciendo sus propios objetivos.

Si bien durante su primer mandato Trump tuvo tensas relaciones con los medios de comunicación, en su segundo período el hostigamiento ha alcanzado niveles sin precedentes en la historia del país. El periódico The New York Times y un grupo de sus periodistas, por ejemplo, fueron objeto de una demanda por parte de Trump, reclamando una indemnización de US$ 15 mil millones, alegando publicaciones difamatorias. La acción fue suspendida por la justicia ante debilidades en la presentación del caso, pero revela hasta dónde está dispuesto a llegar el mandatario. Lo propio ocurrió con The Wall Street Journal, que enfrenta una demanda por US$ 10 mil millones. Trump ya había presentado acciones judiciales contra CBS/Paramount y ABC/Disney, con las cuales alcanzó millonarios acuerdos extrajudiciales. El mandatario no se ha quedado solo en eso: también ha sugerido que aquellas cadenas de televisión o radiodifusores que lo cubran de manera “negativa” deberían perder su licencia.

Uno de los pilares de la democracia estadounidense ha sido justamente la libertad de expresión, que encuentra amparo directo en la Primera Enmienda. El que la administración Trump haya iniciado esta ofensiva contra medios y comunicadores supone una profunda alteración de estos principios. Como ha recordado la Sociedad Interamericana de la Prensa, la mera sugerencia de que un gobierno pueda quitarle a un radiodifusor su licencia por informar de manera crítica constituye una forma inaceptable de censura. Las prácticas intimidatorias no solo pueden estimular la autocensura -ante el temor de ser objeto de persecución-, sino que el arriesgar sanciones por criticar a la autoridad abre la puerta para el control informativo y con ello la pérdida de un contrapeso fundamental para fiscalizar al poder.

Una vez que la autoridad traspasa los límites la posibilidad de que los actos persecutorios o el silenciamiento de voces disidentes se ejerzan también en contra de ciudadanos comunes o en todo tipo de ámbitos resulta en un riesgo inminente, como de hecho está ocurriendo con algunos reconocidos comediantes de Estados Unidos, cuyos programas han sido súbitamente cancelados o suspendidos ante amenazas de la autoridad. El caso de Jimmy Kimmel -cuyas declaraciones sobre el asesinato del joven activista Charlie Kirk causaron irritación en la Casa Blanca- resulta particularmente ilustrativo, pues su show televisivo fue suspendido temporalmente luego de que el director de la Comisión Federal de Comunicaciones señalara que esto se resuelve “por las buenas o por las malas”.

La libertad de expresión ya enfrenta peligrosos retrocesos en distintas partes del mundo; el hecho de que el gobierno de Estados Unidos esté validando prácticas que atentan contra este derecho fundamental ciertamente no hace más que alimentar esta espiral.