Por estos días se ha conocido que en la campaña de vacunación 2024 contra la influenza se perdieron 1,2 millones de dosis, lo que representa el 12,6% del total adquirido. En términos de montos, implica que se perdieron del orden de $4.800 millones, una cifra ciertamente cuantiosa y que ha levantado una serie de cuestionamientos no solo de voces expertas, sino también del propio mundo político, donde parlamentarios tanto de oposición como de gobierno han exigido explicaciones a la autoridad de salud por lo sucedido.

La polémica ha puesto en el centro de las críticas a la subsecretaria de Salud, como responsable directa en la gestión de las campañas de vacunación, donde incluso hay voces que ya exigen su renuncia. La subsecretaria ha señalado que en toda campaña inevitablemente habrá mermas. Además, se ha mencionado que en la campaña del año pasado se detectó un notorio interés de la población por acceder a la vacuna, ante el aumento del número de contagios. De esa forma, en la adquisición de dosis se buscó privilegiar ante todo la cobertura, resaltando que en 2024 se logró la inoculación de más de 8 millones de dosis. La subsecretaria añadió que en años anteriores también se han producido mermas, ejemplificando que en 2023 fue de 475.840 dosis; en 2022 de 152.478, y en 2021 alcanzó 1,6 millones.

Resulta totalmente razonable que en una campaña de vacunación la autoridad busque asegurar la mayor cantidad de dosis posibles, pero es evidente que ello también debe armonizarse con la debida gestión, puesto que la cantidad de recursos públicos que en esta ocasión han terminado perdiéndose son cuantiosos, lo que resulta crítico cuando el país atraviesa por una severa estrechez fiscal, y en la salud pública abundan ejemplos de hospitales que carecen incluso de insumos básicos.

En ese orden de cosas, las explicaciones que hasta ahora ha brindado la autoridad son insuficientes. Por de pronto, no cabe excusarse en lo que ha ocurrido en otras campañas de vacunación, las que en todo caso podrían responder a contextos diferentes. Ello no obsta para reconocer que el porcentaje de población objetivo vacunada ha estado dentro de márgenes satisfactorios, pero cabe insistir en la importancia de controlar mucho mejor las mermas, en especial cuando no estamos en un período crítico como sí ocurrió en la pandemia.

Esta polémica ocurre además cuando la Contraloría dio a conocer un reciente informe, en el cual se detectaron una serie de irregularidades en el registro realizado durante las vacunaciones contra el Covid-19 en 2022 y 2023. Entre otros hallazgos, el informe indica que el Registro Nacional de Inmunización presentaba 18.132 anotaciones de vacunas provenientes de 91 lotes o partidas de producción que aparecen registradas como inoculadas en una fecha posterior a la de su vencimiento. También se detectó el uso de RUT de personas fallecidas.

La autoridad básicamente atribuyó estas discrepancias a errores de digitación al momento de ingresar la información al sistema, en un contexto de alto volumen de personas vacunadas. Lo cierto es que no es positivo cuando se dan señales que pueden llevar a una pérdida de confianza de los registros públicos o la forma como se gestiona una campaña de vacunación. De allí que resulte acertado que el Congreso busque explicaciones pormenorizadas.