La pregunta de si acaso las instituciones del país están preparadas para enfrentar el crimen organizado lleva años formulándose. La reciente liberación por aparentes descoordinaciones entre el Poder Judicial y Gendarmería de un venezolano sindicado por la Fiscalía como uno de los sicarios que asesinó a un comerciante del barrio Meiggs -el sujeto ya abandonó el país, cruzando por la frontera norte- ha vuelto a reflotar esta interrogante con particular crudeza, al haber desnudado una serie de vacíos o graves fallas en los procedimientos y en los mecanismos de control. Los recientes casos de narcotráfico en que se ha visto involucrado personal del Ejército y de la FACh no han hecho más que alimentar el temor de que nuestras instituciones puedan estar menos preparadas de lo que pensábamos.

Al revisar la cadena de desaciertos que permitieron la libertad del sicario, sorprende que para efectos de corregir un simple error en el nombre del imputado, el tribunal de garantía haya emitido sucesivas órdenes, una de las cuales insólitamente dejó sin efecto la prisión preventiva, para luego restituirla con el nombre corregido. Gendarmería alega que esta última instrucción no la recibió a tiempo, y aunque ello se ha buscado encapsular en fallas de procedimientos, es llamativo que apenas liberado el venezolano este contó con una inmediata red de protección, que le permitió viajar hasta el norte y luego salir del país. Según se supo posteriormente, la Fiscalía se enteró varios días después de que el sujeto había sido puesto en libertad, producto de algo circunstancial. También se conoció que el sujeto -quien estaba en condición irregular en el país- dio un nombre falso al tribunal, lo que solo fue descubierto posteriormente, una vez que el individuo ya había huido de Chile.

De particular preocupación resulta el hecho de que el imputado pudo abandonar el país sin mayores dificultades. Se presume que huyó a Perú por un paso no habilitado, pero otras versiones indican que sí fue controlado, un asunto que resulta crítico despejar a la brevedad.

Esta cadena de acontecimientos ya está revelando preocupantes vulnerabilidades para el combate contra el crimen organizado. Desde luego, sorprende que al parecer no existen sistemas que alerten a la Fiscalía cuando un sujeto imputado por graves delitos es puesto súbitamente en libertad, y más grave aún es que los canales de comunicación entre el Poder Judicial y Gendarmería hayan mostrado tal nivel de precariedad, abriendo espacio para que una prisión preventiva pueda ser quebrantada. También quedó a la vista que no se contempla la obligación de un doble chequeo para efectos de otorgar la libertad a personas acusadas de graves delitos.

Ciertamente que otra grave vulnerabilidad es lo porosa que sigue resultando la frontera norte, a pesar de los mayores controles que ha desplegado la autoridad y la presencia permanente de efectivos militares. Se trata de una frontera difícil de controlar; son más de mil kilómetros lineales los que se comparten con Perú y Bolivia, detectándose más de un centenar de pasos clandestinos, algunos aparentemente controlados por peligrosos carteles, como el Tren de Aragua.

En estos últimos días se han tomado algunas medidas que, aunque tardías -y que muestran lo rezagado que podemos estar en algunos ámbitos-, cabe en todo caso valorar. El Congreso, por ejemplo, acaba de despachar a ley la creación de una fiscalía supraterritorial, que debería facilitar la investigación de organizaciones que operen en distintas regiones del país, en tanto que el Ministerio Público ha instruido a Gendarmería revisar todos los casos de extranjeros privados de libertad a fin de asegurarse de que no hayan entregado una identidad falsa, especialmente en casos anteriores a 2023.

Con todo, el desafío que representa el crimen organizado es de tal magnitud que se requieren medidas de mucho mayor escala, tal que redefinan la forma como las distintas instituciones han venido enfrentando este flagelo. Esto desde luego requiere que el sistema penal en su conjunto adopte nuevos enfoques, que entre otros aspectos no solo corrijan de raíz las fallas en el manejo de las prisiones preventivas, sino que también aseguren la debida protección de jueces y fiscales, al tiempo que todo el manejo del sistema carcelario y el rol de Gendarmería requieren ser revisados. Mayores mecanismos de control y contrainteligencia deberían implementarse respecto de todas las instituciones a cargo de la seguridad. Además de los casos que han afectado a las Fuerzas Armadas, no debería olvidarse que 13 carabineros que prestaban servicios en la subcomisaría de Huara fueron detenidos por cohecho reiterado, en particular por recibir dinero para evitar controles a vehículos provenientes de Bolivia, recordando el mayor riesgo de corrupción al que hoy se ven expuestas las instituciones.

La protección de la frontera debe ser también una materia prioritaria. Sin que exista un efectivo control, la vulnerabilidad será permanente; en efecto, la falta de adecuada protección permite que accedan al país enormes cantidades de migrantes irregulares, facilitando además el tráfico de armas y de drogas. Sorprende por lo mismo que el debate sobre la creación de una policía de fronteras sencillamente haya sido dejado de lado, cuando justamente el análisis de su factibilidad debería ser algo prioritario para el Ministerio de Seguridad.

Clave es no descuidar lo que ocurre en nuestros puertos, en los cuales ha aumentado el decomiso de drogas. Informes internacionales ya han situado al Puerto de San Antonio como una de las principales rutas no tradicionales para el tráfico de drogas hacia Estados Unidos y Europa. El hecho de que apenas entre el 1 y 5% de los contenedores sean escaneados en nuestros puertos habla de una enorme vulnerabilidad.

Hace un tiempo, el experto canadiense en seguridad Robert Muggah, hacía ver que Chile estaba demasiado confiado en la integridad y capacidad de algunas de sus instituciones, algo sin duda riesgoso cuando el país -en palabras de Muggah- se ha convertido en uno de los destinos favoritos para el movimiento de drogas. Los casos que han sacudido al país recientemente, y que dan cuenta de una serie de preocupantes vulnerabilidades, obligan a dejar de lado cualquier actitud complaciente y tomar caminos de acción urgentes.