El gobierno enfrenta en el año su tercer incumplimiento consecutivo de la meta de balance estructural, lo que refleja un deterioro fiscal persistente y una deuda pública que se acerca al límite prudente del 45% del PIB.

Según el Consejo Fiscal Autónomo (CFA), las proyecciones de la Dirección de Presupuestos para 2025 anticipan un déficit estructural de 2,2% del PIB, muy por encima de la meta de 1,6% en un contexto de fuerte presión del gasto corriente y escasos avances en las acciones correctivas anunciadas a principios de año.

A pesar de la reciente actualización de Ley de Responsabilidad Fiscal aprobada a fines de 2024, los reiterados incumplimientos de las metas no parecen tener consecuencias efectivas. La normativa establece compromisos y procedimientos, pero estos han mostrado ser poco efectivos cuando el gasto o el déficit se alejan de forma persistente de lo comprometido. Sin costos efectivos por incumplir la meta, la regla pierde fuerza y se convierte en una recomendación más que en un ancla creíble para el mercado. La experiencia internacional muestra que las reglas fiscales solo funcionan cuando quienes las administran enfrentan costos claros por incumplirlas, pero en nuestra institucionalidad fiscal ese eslabón sigue siendo el más débil en los últimos 15 años.

El escenario fiscal para el 2026 no es menos exigente, señala el CFA. Se requieren incrementos de ingresos sujetos a alta incertidumbre y un mayor esfuerzo de contención del gasto, condiciones que, de no abordarse, aumentarían la probabilidad de que la deuda pública supere de manera sostenida su nivel prudente, debilitando la credibilidad de la regla fiscal.

A ello se suman riesgos en las proyecciones fiscales de mediano plazo: menor inversión real, dificultad para medir parámetros estructurales clave, como el PIB no minero tendencial y el precio de referencia del cobre, y una recaudación sujeta a variabilidad significativa, incluida la proveniente de la ley de cumplimiento tributario.

Nuestra credibilidad fiscal debe sostenerse en reglas que tengan consecuencias porque de lo contrario se pierde toda capacidad para orientar expectativas y disciplinar la política fiscal. Nuestra institucionalidad construyó su reputación fiscal durante décadas precisamente porque supo anticipar riesgos y corregirlos a tiempo. Hoy, no basta con reconocer el problema: se requieren acciones concretas cuyo costo político no se limite a formular un nuevo plan; se deben elevar los costos al incumplimiento con acciones correctivas mandatorias o automáticas consistentes con el compromiso real de la sostenibilidad fiscal.

Naturalmente que el trabajo de proyectar los ingresos que recibirá el Estado y cumplir con las metas fiscales es una labor que puede estar sujeta a errores, pero esto debe ser debidamente explicado y lo que no puede suceder es que sencillamente tal incumplimiento quede en la total impunidad. Fundamental también es asegurar que las capacidades técnicas estén debidamente aseguradas, pues si estas fallan ninguna institucionalidad, por óptimo que sea su diseño, podrá funcionar bien.