La comunidad autónoma de Temucuicui -ubicada en la comuna de Ercilla, Región de La Araucanía-, es considerada como una “zona roja”, debido a su historial de violencia armada y resistencia a la presencia de las instituciones del Estado. Uno de los hechos más graves ocurrió en enero de 2021, cuando un operativo llevado a cabo por la PDI y que involucró a más de 800 funcionarios, terminó repelido a disparos y con un detective abatido. Pero probablemente el hecho que mejor simboliza esta suerte de estatus de enclave autónomo que caracteriza a dicha comunidad es la forma en que terminó la frustrada visita que la entonces ministra del Interior Izkia Siches pretendió hacer a dicha comunidad en marzo de 2022, cuando el gobierno del Presidente Boric recién se había instalado. Los disparos de que fue objeto la comitiva -de acuerdo con lo informado entonces por la Fiscalía los tiros fueron percutados al aire- obligaron a una abrupta retirada, escoltada por blindados de Carabineros, sin que hasta la fecha haya responsables por ello.

Por estos días el caso de este enclave ha vuelto a reflotar, luego de que Víctor Queipul, lonko de la comunidad autónoma de Temucuicui, formulara amenazantes declaraciones hacia los organismos del Estado. Queipul ha reiterado que impedirá el ingreso al lugar sin su autorización, incluso si ello se hace con apoyo militar, ufanándose de que la comunidad no participó en el reciente censo, como tampoco lo hizo en mediciones anteriores. Y para refrendar que el aparato estatal no entrará sin su autorización, puso como ejemplo el caso de la exministra Siches, señalando que fue él quien dio el “portazo”, sin precisar si ello implica que dio la orden directa de disparar.

Se trata de dichos extremadamente temerarios, que hasta aquí han encontrado una débil réplica por parte del gobierno. El ministro de Seguridad Pública se limitó a decir que las declaraciones son inadmisibles en la forma y en el fondo, señalando que “el Estado debe y debiera ingresar las veces que fuera necesario, por los medios que franquea la ley”.

El gobierno y las distintas instituciones no pueden permitir la existencia de “zonas rojas” o de grupos que queden completamente al margen de la ley y de las obligaciones que rigen para todos los habitantes del país; por lo mismo, el Estado debe dar muestras concretas de que está dispuesto a ejercer plenamente toda la autoridad que la Constitución y la ley le franquean. Desde luego, los dichos de Queipul podrían estar sugiriendo una suerte de confesión respecto del violento incidente con la exministra Siches, donde lo que cabría esperar es que la Fiscalía indague a fondo el alcance de estas declaraciones. El Ministerio de Seguridad Pública tampoco puede adoptar una actitud de mero comentarista de los hechos, porque lo que se está sugiriendo es que podría haber una voluntad de resistir por la vía armada, lo que de suyo representa una amenaza para la seguridad nacional.

En 2016 el entonces diputado Gabriel Boric junto a otros dirigentes del actual Frente Amplio visitaron a Queipul -también estuvo allí Gonzalo Winter, actual carta presidencial frenteamplista-, ocasión en que se habló del “territorio liberado” de Temucuicui. Esto sin duda contribuyó a que dicha comunidad se sintiera impune, y aunque esta irresponsable actitud ha ido cambiando ahora que son parte del gobierno, debería ser aleccionador sobre las consecuencias que a la larga conlleva “romantizar” la violencia política. Las dificultades que sigue habiendo para entrar a esta comunidad, o la imposibilidad de exhumar el cuerpo de Pablo Marchant -ex miembro de la CAM e inhumado en el fundo Pidenco, usurpado hace más de una década-, producto de la acción armada de desconocidos, son ejemplos que ponen en entredicho la afirmación de que el Estado tiene pleno control de todo el territorio.