Abbott contraataca y va por los delitos de colusión: “No estoy tan seguro de si existe total confidencialidad dentro de la FNE, por ejemplo, respecto de los propios investigados”

Fiscal nacional Jorge Abbott.

El fiscal nacional vuelve a la carga en su intento por perseguir los delitos de colusión. El golpe va hacia su par de la FNE, Ricardo Riesco: “Las multas no son sanciones efectivas, más parecen una inversión que hacen los poderosos que se coluden”.




Lleva 36 días de encierro en su casa en Olmué. Desde el escritorio que ahí tiene, el fiscal nacional Jorge Abbott –a través de Zoom, Microsoft Teams u otra aplicación- dirige al Ministerio Público en todo el país. Dice que la tecnología se le ha dado fácil. A sus 72 años, sólo ha salido de su casa un día, el 23 de abril, cuando por ley debía rendir su cuenta pública en la sede de la Fiscalía Nacional. En sus actividades diarias, basta que apriete un link para interactuar en una comisión del Congreso, tener una reunión con el ministro de Justicia, una cita con sus 19 fiscales regionales o en una entrevista como la que concede hoy a La Tercera. A más de cuatro años de asumir como el tercer fiscal nacional de la historia, estas son las reflexiones y batallas de Abbott en medio de la emergencia sanitaria mundial.

¿Qué ha sido lo más complejo de esta pandemia para la fiscalía?

Nos hemos adaptado bien. Hay muchos procesos que se pueden llevar a cabo vía teletrabajo y en ese sentido creo que el sistema penal ha rendido una prueba dura, pero la ha superado en cuanto se realizan audiencias e incluso se llevan a cabo juicios. Todos nos tendremos que adaptar a esta nueva forma de la justicia y, en algunos casos, ha sido positivo. En general, los jueces no aceptaban declaración de testigos vía videoconferencia y muchas veces tenían que viajar desde regiones remotas para declarar. La pandemia ha demostrado que sí se podía y que se respetan los derechos de todos los intervinientes.

La semana pasada le tocó abrir una investigación penal por presuntos hechos de corrupción al interior del Tribunal Constitucional, luego de las acusaciones de su presidenta, María Luisa Brahm, sobre las demoras en la tramitación de causas. ¿Por qué designan a la fiscal Ximena Chong?

La denuncia de la diputada Carmen Hertz dice relación con hechos que habrían ocurrido en el TC, que es de jurisdicción de la Fiscalía Centro Norte. El fiscal regional Xavier Armendáriz decidió designar a la fiscal Chong, que es la jefa de una Unidad de Alta Complejidad y que está acostumbrada a este tipo de investigaciones que involucran a personas de alta investidura y que garantiza plena objetividad en que buscará establecer si se configuran o no los delitos denunciados que son vinculados a presunta corrupción.

¿Cuán debilitado aparece el TC cuando un fiscal se inmiscuye en sus asuntos?

No puede debilitar a ninguna institución, ni tampoco el Ministerio Público si fuera el caso, cuando indagamos a funcionarios de esta entidad. Todo lo contrario; esta institución puede verse fortalecida si se descartan las acusaciones o, incluso, si existiere un reproche penal, este pueda develarse y buscarse las sanciones correspondientes. Pero esa investigación está recién comenzando. Ahora, nadie está por sobre la ley. Ni el Presidente de la República, ni los parlamentarios, ni este fiscal nacional, tampoco los ministros del TC.

Usted estaba en la inauguración del año judicial cuando el entonces presidente de la Suprema Haroldo Brito les enrostró a los ministros del TC la excesiva dilación en casos de DD.HH. ¿Se acuerda cómo fue ese episodio?

Fue un momento muy tenso, así lo recuerdo. Y es que el retardo del TC y de cualquier tribunal que entorpezca el desarrollo de juicio o procesos constituye un perjuicio para el sistema de administración de justicia. Tenía razón el ministro Brito cuando lo planteó en esos términos. Ahora lo que se investiga es distinto, no es sólo una estrategia dilatoria de abogados o un problema de gestión en ese tribunal.

Jorge Abbott

En este caso se habla de demoras intencionales en casos de DD.HH.

Sería muy grave que se descubriera que algún miembro del TC hubiera usado su cargo para dilatar intencionalmente estos casos. Ahora, esto no es una práctica desconocida: me refiero a que abogados ocupen al TC para paralizar sus procesos. Nos ha pasado a nosotros, y un caso emblemático fue el ‘caso tsunami’, que estuvo suspendido un año. Eso redundó en que el fiscal regional Occidente tuviera que suspender a los imputados porque por el tiempo transcurrido era imposible llevar a juicio un caso como ese. Sería gravísimo que se descubriera la existencia de convenios entre abogados con algún miembro del TC para retardar la vista de las causas. Eso es lo que investiga la fiscal Chong.

Sería muy grave que se descubriera que algún miembro del TC hubiera usado su cargo para dilatar intencionalmente estos casos.

Jorge Abbott, fiscal nacional

La colusión y confidencialidad de la FNE

El lunes pasado, tanto Ud. como el fiscal nacional económico, Ricardo Riesco, expusieron sus propuestas para mejorar la persecución de la colusión ante la Comisión de Economía de la Cámara. Riesco rechazó entregar la acción penal en esos casos al Ministerio Público y dijo que sería “una receta para el desastre”. ¿Qué le parece eso?

Sobre el particular, lo único objetivo es que acá han pasado casi cuatro años desde que la colusión pasó a ser considerada un delito y la FNE, hasta ahora, no ha presentado ningún requerimiento, de acuerdo al nuevo texto de la ley. La actual legislación ha dejado de manos atadas al Ministerio Público y así como van las cosas, creo que en lo que me queda de ejercicio, no veré nunca el inicio de una investigación penal contra el delito. Créame que me gustaría saber cuál es la razón política de fondo tras esta decisión de poner una valla entre la persecución penal y los que cometen colusiones que afectan a todos los chilenos.

Riesco dice que esto puede impactar muy fuerte en la delación compensada, si es que los delatores pueden terminar presos. Agregó que ellos manejan de forma “inmaculada” la confidencialidad y sugirió que el Ministerio Público no…

Sí, se nos sugirió eso, pero eso es falso. Nosotros podemos dar esa garantía absolutamente. Manejamos una cantidad de información confidencial que probablemente mucha gente no se imagina. Toda la que viene de la Unidad de Análisis Financiero es sumamente confidencial, la de Inteligencia, y no hay ninguna filtración. ¿Dónde hay filtraciones? Cuando las investigaciones tienen más intervinientes y un porcentaje altísimo de la información que sale proviene de esos otros abogados que intervienen en un caso, no de personas del Ministerio Público, ni de la policía, ni de los actores del sistema. Si nosotros vamos a participar en investigaciones de esta naturaleza, por supuesto que podemos asegurar la más absoluta confidencialidad. Decir lo contrario es falaz.

¿Lo sintió como un ataque a la institución que usted representa?

No, porque no es verdad. Además, déjeme decirle algo: yo no sé si el fiscal nacional económico puede asegurar así tan tajante la confidencialidad de esos casos. No estoy tan seguro de si existe total y absoluta confidencialidad dentro de la FNE, por ejemplo, respecto de los propios investigados.

¿Qué insinúa?

El mundo de la libre competencia es muy pequeño. Son pocos los estudios especializados y se da que un día ese abogado es defensor de una persona que ha incurrido en actos de colusión y al día siguiente puede estar en la FNE. Así que no sé si la confidencialidad que defiende el señor Riesco es tan tajante y absoluta como la plantea. Lo que pasa es que ellos no tienen la publicidad que tiene el proceso penal, que hace que esto aparezca en los medios. Y eso es otra cosa.

Jorge Abbott

¿Va a insistir con que los fiscales del Ministerio Público puedan investigar colusión, sin tener que esperar la decisión de la FNE?

Las veces que sea necesario. Si se habla de una agenda antiabusos, entonces hagámoslo bien y quitemos los abusos. El que una autoridad administrativa -y recalco eso, administrativa- pueda decidir algo tan importante, sin que ninguna otra entidad pueda recurrir respecto de su decisión, es una situación preocupante. Hasta en materia penal, cuando el fiscal decide no llevar un caso a juicio, se le permite a la víctima, a través del querellante, forzar una acusación e ir a juicio. Acá no, y eso se traduce en que hay un sector de personas que operan en el mercado, que tienen un trato absolutamente privilegiado que no tiene el resto de los chilenos, no lo tiene el resto que comete delitos en contra de esas propias personas que se coluden.

¿Cómo lo que pasa con el “robo hormiga”, por ejemplo?

Exactamente. Imaginemos que estuviera vigente el tema de los supermercados, puede ser que no los persigan a ellos por colusión, pero nosotros por ley tenemos que perseguir a las personas que cometen hurtos dentro de esos recintos, o a quienes protagonizaron los saqueos y que se aprovecharon de las manifestaciones del estallido social. Mire la dicotomía: por un lado los fiscales perseguimos a quienes cometen estas conductas delictivas, pero resulta que frente a grandes colusiones todo queda sujeto a que un funcionario administrativo resuelva -como los romanos, dedo para arriba dedo para abajo- si decide accionar o no en sede penal. Entonces hay acá una tremenda desigualdad y está en manos del Congreso subsanarlo.

Ricardo Riesco les enrostró no haber tenido buenos resultados en los casos SQM y Cascadas por delitos de “cuello y corbata”. ¿Qué responde?

Me parece que le faltaba información al FNE cuando hizo esa afirmación. El caso SQM no se ha acabado, estamos preparando el juicio oral que está pendiente. Probablemente no contaba con esa información, voy a pensar en la buena fe de la autoridad. En cuanto al caso Cascadas, en lo absoluto es un fracaso para el Ministerio Público. Se realizaron dos juicios orales, en uno tres jueces condenaron por unanimidad, en el otro dos jueces estuvieron por absolver y un tercero por condenar. Cuando se revisaron en profundidad las pruebas, cuatro de seis magistrados –es decir, la mayoría- acogió la hipótesis y quiso condenar al acusado Aldo Motta. Si eso es perder, entonces sí, “perdimos por secretaría” como se dice en el fútbol, pero no se perdió por el desempeño de los fiscales. Fue por una norma procesal que nos impidió ir a un tercer juicio, que estoy seguro hubiéramos ganado.

Aún así le enrostra que ellos han logrado multas y ustedes no la sanción penal…

Sí, el FNE cree haber tenido mucho éxito por haber aplicado muchas multas estos años, pues bien, esas multas son simplemente una porción de las utilidades que han tenido, justamente, esas empresas producto de la colusión. Las multas en dinero no son una sanción efectiva, más parecen ser una inversión de poderosos que se coluden. ¿Cuál es el mensaje que queda? Al final del día, es un buen negocio coludirse si no hay una sanción efectiva. La única sanción efectiva es la penal, la que nosotros llevamos adelante y que ante el riesgo de cumplir una pena de cárcel puede disuadir a esas personas para no volver a realizar acuerdos que van en directo perjuicio de las personas más humildes y más pobres de este país. Cuando ellos, los poderosos, son las víctimas de un delito, son los primeros en pedir sanción, la cárcel, prisión preventiva respecto de estas personas, pero cuando cambia la situación, ahí no. Ahí obra una “justicia” especial. Urge que nos permitan intervenir en un delito tan grave como es la colusión y dejar de perpetuar esa desigualdad que fue uno de los orígenes de la crisis social.

¿Se refiere al estallido social de octubre?

Así es, a la gente le indigna este trato desigual. Nosotros le reconocemos a la FNE su enorme capacidad técnica, tenemos el más absoluto respeto de las personas que han ejercido el cargo de FNE, con quienes antes habíamos mantenido excelentes relaciones, creemos que podemos trabajar juntos, pero no es posible que hechos tan graves tengan la posibilidad de no tener un reproche penal. Si hay casos en que la sociedad debe perseguir una responsabilidad penal son estos, porque son cometidos por las personas más poderosas de este país, que manejan el mercado, un elemento esencial de convivencia entre las personas y en contra de los más vulnerables. Eso es lo que buscamos nosotros y no queremos protagonismo, no hay otro interés particular que no sea defender la igualdad ante la ley. La colusión es un acto gravísimo.

Lo noto muy molesto con los dichos del fiscal nacional económico…

Es que esta discusión no es de ahora. Con el ex FNE Felipe Irarrázabal también nos enfrentamos, pero siempre con respeto. Me han llamado mucho la atención las palabras, el tono y los términos en que ha hablado el actual FNE, más aún cuando nosotros hemos sostenido desde siempre que nuestras instituciones pueden trabajar en conjunto. Es más, me parece una real falta de respeto que haya asegurado que “si el Ministerio Público investiga colusiones sería una receta para el desastre” y que agregue que carecemos de especialización. Ha hablado de protagonismo, de mantra, de una serie de conceptos que, en verdad, preocupan.

Ellos se supone que tienen la especialidad en esta materia. Quizás por ahí va el tema, más allá de lo personal o apreciaciones de cómo el Ministerio Público hace su trabajo…

Creo que no le corresponde a Ricardo Riesco atribuir a la FNE la especialidad en la persecución de la colusión y pretender anular en este ámbito a la fiscalía que yo represento, considerando que somos, justamente, nosotros los expertos en la persecución de delitos y, por cierto, la colusión es un delito grave, que afecta particularmente a las personas de más escasos recursos. No es aceptable que los delitos de colusión tengan un tratamiento privilegiado respecto de otros delitos. La libre competencia es un bien jurídico que debemos cautelar con severidad. Tampoco es aceptable que esperemos ocho años para investigar, después de ocho años es imposible realizar una investigación penal, tenemos que ir en paralelo y esperamos que esto se concrete.

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