Columna de Paula Escobar: Sin maquillaje

Tensionada ha estado, especialmente esta semana, la relación del PC con el gobierno.

En gran parte, por el despido del histórico militante PC Juan Andrés Lagos de la Subsecretaría del Interior, donde trabajó dos años asesorando al subsecretario Monsalve “en materias programáticas, de contingencia social y política”, entre otras labores.

Dentro de una reorganización -también fueron removidos funcionarios de otros partidos, como el mismo PS- Monsalve decidió sacar a Lagos. Se podrá estar de acuerdo o no con la decisión, pero nadie podría cuestionar que un subsecretario puede cambiar asesores, que está dentro de sus atribuciones, derechos, incluso de sus deberes, contratar y/o despedir a quienes considere idóneos.

Asimismo, sería simplemente un caos que cada autoridad del Ejecutivo tuviera que comunicarles a los partidos que lo sustentan los cambios que hará en sus equipos, máxime de asesores. Hasta aquí, todo bastante obvio, y ejemplos de esto hay centenares, en los distintos gobiernos, de funcionarios de mucho más alto rango.

Pero este criterio parece no compartirlo el PC: ardió Troya por la remoción del asesor.

“Me enteré por la prensa”, alegó el presidente del PC, Lautaro Carmona, sugiriendo que el ministro Monsalve debió haberlo notificado (¿consultado?) antes. ¿Esa máxima sería válida para todos los partidos? No, pareciera ser que solo se pide para el PC.

Luego, Carmona dijo que no quería “ni pensar” en que hubiera “anticomunismo” en la decisión. Veamos el precedente que sentaría aquella frase: cada despedido podría entonces levantar esa bandera, la del antipartidismo. Además, dada la posición bastante principal del PC en el gobierno, es extraño plantear esa victimización. ¿De dónde vendría el anticomunismo? ¿Del gobierno de Boric, con las ministras Vallejo y Jara en el comité político? ¿De Monsalve? ¿Del Socialismo Democrático? ¿Por qué si el desvinculado es del PC debería mirarse ese despido siempre desde ese ángulo?

En tercer lugar, Lagos se quejó amargamente de que no le habían avisado antes de que se estaba pensando terminar su contrato. Monsalve retrucó que había hablado con él -y que lo hace con cada persona que contrata y despide- para advertirle la situación. Sin embargo, un subsecretario puede desvincular a un asesor sin mayores explicaciones, sea del partido que sea.

Estas declaraciones de Carmona y Lagos omiten lo más obvio: que lo extraño es que tanto Juan Andrés Lagos -en cuanto asesor de la Subsecretaría del Interior- y su propio partido no hayan previsto que, dado el tenor de sus salidas de libreto, podría haber consecuencias.

En particular, dos episodios suyos fueron los más disruptivos. Luego del secuestro y posterior homicidio del militar venezolano Ronald Ojeda, mientras el gobierno afirmaba que no se podía descartar ninguna hipótesis, Lagos le cerró la puerta a una posible intervención del régimen de Nicolás Maduro. “Estas especulaciones terribles apuntan principalmente a romper toda interacción entre Chile y Venezuela”, comentó a El Mercurio. Además, con toda la hostilidad e insolencia del régimen de Maduro contra Chile, es más impresentable aún ese apoyo de Lagos. “Flojo y merluzo”, le dijo recién Diosdado Cabello, número dos del régimen venezolano, al Presidente.

Luego, Lagos fue parte de la “procesión” del PC en apoyo al alcalde Daniel Jadue antes de ser formalizado por los presuntos delitos de cohecho, fraude al Fisco, administración desleal y estafa. Una “barra”, como dijo su exjefe, el subsecretario Monsalve, cuya óptica de presión al Poder Judicial no es la adecuada para un funcionario de esa repartición, por decirlo en lenguaje suave. El PC ahora anunció la creación de “gran comité” con colaboración internacional para conseguir la libertad de Daniel Jadue. Según Lautaro Carmona, “damos batalla. Cada cosa en su lugar, sin dejar de observar fenómenos que nos llaman la atención”, planteó, apuntando a la “crisis que cruza al Poder Judicial”.

Lo que subyace a la procesión y ahora a estos comités es muy relevante y grave, pues intenta debilitar y atacar a la justicia, y sembrar dudas sobre la institucionalidad chilena. Si se juzga a los alcaldes Torrealba o Barriga, la justicia cumple su labor, pero ¿no sería así si es un edil PC?

Y en el caso de Lagos, ¿por el hecho de ser el asesor desvinculado del PC habría que haber pedido permiso al presidente del partido y hacer vista gorda a sus errores? ¿Siempre es el anticomunismo lo que explica las medidas contra alguno de los suyos?

Eso es lo que parece. Que a juicio de Lautaro Carmona, por el hecho de ser del PC les cabe un estándar de evaluación distinto que el de cualquier otro funcionario, alcalde, ciudadano, asesor. Una posición no de igualdad, sino de diferencia. Si es así, sería bueno que Carmona explicara, sin ambages y sin maquillaje -tal como se llama el programa semanal del alcalde Jadue- por qué estarían por sobre el resto.