El método Rutherford: Cómo fueron cayendo uno a uno los comandantes en jefe por el fraude en el Ejército

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La jueza Romy Rutherford derribó a los máximos representantes de la entidad castrense: procesó a Óscar Izurieta (2006-2010), Juan Miguel Fuente-Alba (2010-2014) y Humberto Oviedo (2014-2018). Esta semana aceleró la salida del general (R) Ricardo Martínez tras citarlo a declarar como inculpado por el uso irregular de pasajes para viajes oficiales. Esta ha sido la estrategia de la ministra para cercar a los militares y descabezar a gran parte del alto mando.




Cuando la ministra Romy Rutherford asumió la investigación del fraude del Ejército, en marzo de 2017 -luego de que el ministro Omar Astudillo terminara su visita en el caso-, pasó seis meses desmenuzando una causa que hoy tiene en vilo a la entidad castrense. Sus últimos tres excomandantes en jefe fueron procesados por la magistrada y el último, Ricardo Martínez, tuvo que renunciar esta semana y dilatar su comparecencia como inculpado ante la jueza para evitar un inminente encausamiento ante la justicia.

La ministra, quien provenía de la Corte de Apelaciones de Santiago, mantuvo a gran parte del equipo de funcionarios judiciales que venía trabajando con el juez Astudillo, a quienes de inmediato les llamó la atención la cantidad de horas que Rutherford le dedicaba a estudiar la causa.

De a poco su escritorio se empezó a llenar de cuadernos, informes marcados con “post-it” de distintos colores y de un amplio glosario que la propia jueza elaboró para identificar cada concepto militar y abreviatura de los departamentos claves de esta rama castrense. En paralelo, cada oficio de la PDI, del Ejército, del Servicio de Impuestos Internos y de entidades financieras eran guardados en una caja fuerte al interior del tribunal.

Rutherford pasaba desapercibida ante la opinión pública y en la entidad militar no había mayor preocupación sobre lo que pudiese ocurrir con el caso que comenzó con el fraude al Ejército a través de los fondos de la Ley Reservada del Cobre (ver cronología).

Por entonces, esta indagatoria estaba reducida al desfalco de oficiales de menor rango, quienes gastaban millones de pesos en autos, juegos de azar y viajes de lujo. El monto del fraude en 2017 no superaba los $ 5 mil millones. Hoy esa cifra representa casi un 35% del total de lo que Rutherford les imputó malversar a los jefes del Ejército Óscar Izurieta (2006-2010), Juan Miguel Fuente-Alba (2010-2014) y Humberto Oviedo (2014-2018).

A estos tres excomandantes en jefe, Rutherford los encausó por un desfalco de más de $ 14.300 millones -con valores actualizados a la fecha- a través del presunto uso ilegal de gastos reservados, fondos que terminaron por desmoronar a un alto mando que buscaba el perdón ciudadano tras la dictadura.

“Quiero colaborar”

Antes de que Rutherford asumiera las pesquisas de este caso, el ministro Astudillo investigaba cómo el general (R) Fuente-Alba se hizo prácticamente millonario: autos, vuelos en business, viajes relámpago a almorzar a Puerto Madero, regalos a la fundación de su señora, Anita Pinochet, y una serie de transacciones entre sus ayudantes y cercanos.

Sin embargo, nunca llegó a comprobar el origen de esos fondos, algo que Rutherford logró destrabar a partir del cerco que consiguió montar sobre su grupo de ayudantes y directores de Finanzas en la comandancia en jefe. Para eso fue clave la declaración del coronel Sergio Vásquez, subjefe de esta dirección, quien ya había sido procesado en 2017 por Astudillo por “aumento de patrimonio injustificado”. En junio de 2018, además, se transformó en el primer encausado por Rutherford en la arista que bautizó como “empresas de turismo”, hebra investigativa que hoy tiene entre las cuerdas al general (R) Martínez.

Apremiado por problemas familiares, dos procesamientos a cuestas y hostigamientos por parte de sus compañeros, el enero de 2019 Vásquez se quebró. La magistrada había descubierto que cuando fue jefe de Finanzas en la época de Fuente-Alba siempre tenía $ 5 millones en un cajón. La jueza le preguntó una, dos, tres y cuatro veces para qué era ese dinero, hasta que el coronel no aguantó más: “Ministra, le quiero decir la verdad. Quiero colaborar”.

El exuniformado reveló antecedentes sobre el uso de gastos reservados y cómo Fuente-Alba recibía anualmente $ 745.200.000 en efectivo. Para detallar aún más cómo procedían estos pagos, Vásquez entregó una lista que contenía datos sobre cuántos de esos recursos se disponían para regalos, “apoyo a excomandantes en jefe”, membresía en un club, hoteles, restaurantes, peluquería, recuerdos para esposas de generales y también dinero destinado para “libre disponibilidad”. Este último punto tenía un presupuesto de $ 175 millones.

Más tarde, Fuente-Alba sería enfrentado a las pruebas que entregó Vásquez, a las que se agregaron los otros testimonios que logró recabar Rutherford. Según consta en el auto de procesamiento dictado por la jueza en febrero de 2019, el general (R) terminó reconociendo estos gastos.

“Él autorizó en su oportunidad estos egresos con cargo a los gastos reservados en su calidad de comandante en jefe, porque no podía sacarlos de otros fondos y, en todo caso, procediendo a actuar de forma similar de aquella en que se había hecho en periodos anteriores al que él asumió el cargo. Reconoce, igualmente, que los registros correspondientes a estos pagos fueron triturados por sus instrucciones y siguiendo el procedimiento también usado en periodos anteriores”, redactó Rutherford en el documento que dictó el procesamiento de Fuente-Alba por la eventual malversación de casi $ 3.500 millones.

El general estuvo preso entre el 25 de junio y el 1 de agosto de 2019, y más tarde su señora, Anita Pinochet, sería formalizada por el delito de lavado de activos por la fiscalía.

Era el primer “gran golpe” de Rutherford, quien por esos días ya incomodaba al mando del general (R) Martínez, pidiendo información de viajes, gastos a rendir y cientos de facturas de generales en retiro y activos. Todas esas señales hacían prever al mando castrense que Fuente-Alba no sería el único en caer.

A esas alturas, lo que comenzó siendo una caja fuerte para guardar los antecedentes del caso, con el paso del tiempo se transformó en una amplia bóveda con acceso restringido, en donde la jueza ha ido guardando cada documento recolectado en su indagatoria.

Oviedo y la valla del TC

Sumada la declaración del general (R) Fuente-Alba, Vásquez advirtió a la ministra que la planilla sobre el uso de gastos reservados que él entregó la recibió de parte de su antecesor y también jefe, el coronel Jorge Cortés, quien también trabajó con Fuente-Alba. Aunque, antes, también lo hizo con el general (R) Óscar Izurieta.

Sin embargo, antes de ir por este último, Rutherford aseguró el entorno del excomandante en jefe Humberto Oviedo, dado que muchos de quienes trabajaron con Fuente-Alba también lo hicieron con Oviedo. El propio Vásquez es un ejemplo de ello.

Según declaró Vásquez en otra ocasión ante la jueza, participó de una reunión cuando Oviedo recién asumió: “Cortés realizó una exposición en que se le explicó que los comandante en jefe anteriores disponían de estos dineros (…). En esa reunión se recibió conformidad del general Oviedo para continuar la misma forma de proceder y disposición de estos dineros, como se había hecho en los periodos anteriores, sin perjuicio de que con posterioridad hizo algunos cambios”.

A cuatro meses de procesar a Fuente-Alba, Rutherford dictó encausamiento contra Oviedo por la malversación de $ 4.500 millones, en junio de 2019. El método, según expuso la ministra, era el mismo que el de su antecesor, alcanzando a estar preso poco más de un mes.

Oviedo no quería entregarse de manera fácil. Mientras la jueza avanzaba con sus pesquisas, soterradamente, distintos oficiales procesados iban dejando uno a uno en el Tribunal Constitucional (TC) sus requerimientos de inaplicabilidad para suspender su investigación. Acusaban vicios constitucionales por parte de la Justicia Militar, y a eso se quiso aferrar Oviedo.

Con Oviedo procesado y detenido, en julio de 2019 la Primera Sala del TC paralizó la investigación de Rutherford. El golpe crispó los ánimos entre la Corte Suprema y el tribunal que, en ese tiempo, era presidido por el ministro Iván Aróstica.

Como la suspensión no tenía un plazo definido y abarcaba todas las aristas, muchos intervinientes en la causa pensaron que esto podría tener como fin paralizar las pesquisas de Rutherford hasta que se venciera su visita y abandonara el caso. En marzo de 2020 se terminaba su visita en la causa y otro ministro debía asumir la investigación.

El tiempo no la favorecía. Sin embargo, semanas después el TC aclaró que la suspensión solo aplicaba para la arista de Oviedo, y en agosto destrabó la controversia dándole luz verde a la investigación. Rutherford ganó así su primera batalla fuera de la Corte Marcial, la Corte de Apelaciones y la Suprema y se alistaba para lo que vendría.

En octubre de ese año explotó el estallido social y la contingencia le cambió los planes. El estado de excepción, las sucursales bancarias trabajando a media jornada y militares acuartelados le hicieron imposible avanzar y perdió meses de trabajo. Estaba en eso cuando un proyecto de ley tramitado en el Congreso le abrió la puerta para extender su visita por otros dos años. Luego su permanencia en la causa se prolongaría uno más.

La última embestida

Marzo de 2020 aparecía como el mes para procesar al general (R) Izurieta, pero llegó la pandemia. Aforos, cuarentenas y militares en labores de control ante la emergencia otra vez cambiaron los planes. Ese año y el 2021 fueron un respiro para el Ejército, en cuanto al fraude y sus consecuencias.

Izurieta fue llamado por la ministra a declarar en febrero de este año. Fue detenido por lo mismo que sus sucesores y encausado por malversar $ 6.500 millones, transformándose en el tercer comandante en jefe procesado en la causa y el único general (R) en prisión a la fecha.

Al general (R) se le atribuyó haber destinado los gastos reservados para lo mismo que lo usaron Fuente-Alba y Oviedo, sumado, además, a que Izurieta destinaba una parte del presupuesto para la familia del general (R) Augusto Pinochet.

El Ejército, nuevamente, era cuestionado por asuntos de probidad a partir del caso del fraude. Sin embargo, faltaba la embestida final y, quizás, la más trascendente.

No pasaron dos semanas y Rutherford hizo llegar al Ejército una citación a declarar, en calidad de inculpado, al entonces comandante en jefe Ricardo Martínez. Su nombre figuraba entre los generales que habría utilizado irregularmente los pasajes institucionales.

Fue, para muchos militares, la estocada final. Martínez debía entrar a la sala de interrogatorios con la ministra y nadie sabía si finalizada la diligencia se iría a su casa o se dictaría su detención y eventual procesamiento. Por lo mismo, el último comandante en jefe en la mira de Rutherford optó por renunciar a su cargo.

Aunque Martínez aún no declara ante la ministra -refugiándose en una serie de recursos judiciales-, en algún minuto deberá enfrentar el intenso interrogatorio y verse cara a cara con la jueza que derribó a sus tres antecesores.

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