Policías: cuestionamientos y reformas en otros países

El 12 de abril de 2015 un ciudadano afroamericano de 25 años fue detenido en Baltimore y sufrió una lesión fatal en la espina dorsal mientras se encontraba en custodia policial. Así, murió en manos de la Policía. Antes de eso, en agosto de 2014, un agente policial disparó y mató a Michael Brown, otro afroamericano, en el estado de Missouri. Ambos casos provocaron amplias y violentas protestas, reavivando el debate sobre el abuso de la fuerza policial contra la comunidad afroamericana. Posteriormente, un informe del Departamento de Justicia de EE.UU. indicó que los oficiales de Baltimore violaban rutinariamente los derechos civiles de los residentes negros.

Tras el informe, la alcaldesa de Baltimore en ese momento, Stephanie Rawlings-Blake, anunció la implementación de un plan de reforma para los próximos meses. "No va a ser fácil reformar la entidad, y no va a ser rápido", dijo. Así, se detalló que la Policía ya había revisado 26 procedimientos, y se incluirían cambios en las políticas, capacitación, un programa de cámara corporal y pautas de uso de la fuerza. Las autoridades locales señalaron que el plan de reforma buscaba cambiar la cultura de la policía y que se revisaran los patrones que regulan el uso de la fuerza, así como los procesos disciplinarios para agentes acusados de abuso de poder o extralimitaciones.

En Ferguson (Missouri), en tanto, se llegó a un acuerdo con el Departamento de Justicia que requirió que la Policía de la ciudad brindara a los oficiales capacitación sobre prejuicios e implementara un sistema de rendición de cuentas, tras haberse detectado un sesgo racial sistemático por parte de la institución dirigida a los negros. La ciudad también acordó que la Policía debe garantizar que las prácticas de detención, registro y arresto no discriminen por motivos de raza.

Un año de movilizaciones de los "chalecos amarillos" en Francia han dejado 11 muertos, 4.439 heridos, 25 con lesiones oculares y cinco con una mano amputada. La Inspección General de la Policía Nacional de Francia abrió 313 investigaciones por sospecha de violencia policial. Dos tercios de ellas han sido llevadas ante la Justicia, según el Ministerio del Interior.

La violencia, tanto de los manifestantes como por parte de la Policía francesa, quedó registrada en cientos de videos que fueron compartidos por redes sociales. Ello dañó la imagen de la entidad policial y produjo fuertes debates sobre una reforma a la institución.

De hecho, la propia Policía expresó la necesidad de una reforma. En una columna publicada en Journal du Dimanche en junio de este año, cuatro sindicatos de la Policía francesa exigieron "una fuerte señal" del ministro del Interior, Christophe Castaner, para "reinventar la policía". "Hacemos un llamado a las autoridades públicas para reinventar nuestra fuerza policial, antes de que los eventos nos superen(...). Reinventar la Policía significa pensar en su arquitectura y sus estructuras, que el Estado debe poner al servicio de sus servidores y ciudadanos", escribieron.

Por eso, en junio de este año, el ministro de Interior organizó un seminario dedicado al desarrollo de un nuevo plan para la Policía, revisando sus métodos de intervención. Así, los expertos consideraron "esencial" el uso de escopeta de balas de defensa, pese a que esta arma estuvo en el centro de las tensiones ante las heridas graves de los manifestantes. Su uso aumentó un 200% en 2018. Para el futuro, sin embargo, se acordó que la policía podría estar "mejor entrenada", y estos lanzadores de balas de defensa podrían estar equipados con "miras láser" que permitan una "mayor precisión" en los disparos.

El juicio a los líderes del proceso independentista catalán o también conocido como el procés, ha dejado convulsionada a la sociedad catalana a favor de la escisión. El 14 de octubre de 2019 se dio a conocer la sentencia en la que se condenó a penas de entre nueve y 13 años de prisión a los enjuiciados por delitos de sedición, malversación de fondos públicos y desobediencia. Ese mismo día, y los que siguieron, se produjeron masivas movilizaciones, alentadas por los líderes catalanes, que devinieron en hechos de violencia con duros enfrentamientos con la policía catalana, los Mossos d'Esquadra, y la Policía Nacional española.

Hechos como el atropello a un joven que se encontraba detrás de un contenedor por parte de un vehículo de los Mossos, motivaron que el departamento de Interior de la Generalitat de Cataluña activara la mayor auditoría interna en la historia de la policía catalana, para analizar la actuación policial durante los disturbios. Son 15 las actuaciones concretas por parte de los Mossos que se supervisan. "Se hace con la voluntad de mejorar la manera de defender al cuerpo de los Mossos d'Esquadra, garantizar su prestigio y que no se pierda la confianza en ellos", señaló a fines de octubre la portavoz del Govern, Meritxell Budó. Budó también pidió al gobierno español que creara una comisión en el Congreso para que se investigara el actuar de la Policía Nacional de España en los eventos. También pidió que se reflexionara acerca de una posible eliminación de los balines de goma. Los Mossos no pueden usar estos balines desde 2014, tras el caso de una mujer que perdió un ojo por un disparo.

La Policía militarizada de Brasil ha sido fuente de constantes críticas y cuestionamietos ante la violencia de sus uniformados, sobre todo en las favelas en Río de Janeiro. El debate por una desmilitarización de la Policía se ha vuelto a instalar luego del episodio de abril en que los uniformados cariocas dispararon 80 tiros a un auto en el que iba una familia y que confundieron con el de unos criminales.

Los asesinatos policiales en el estado de Río de Janeiro alcanzaron un récord este año, con un aumento de 18%, con 434 asesinatos en los primeros tres meses de 2019. La razón es una política de tolerancia cero en el estado contra los delincuentes y los "narcoterroristas".

La violencia registrada por la Policía Militar en los distintos enfrentamientos ha generado que la mayoría de los brasileños sientan más miedo que confianza hacia el cuerpo policial (51%) según una encuesta de Datafolha. Varios organismos de defensa de los DD.HH. han hecho constantes llamados a la desmilitarización de la Policía.

De todas formas, el Presidente Jair Bolsonaro respalda fuertemente a la institución. Una de sus primeras medidas fue exculpar a policías de servicio que presos del "miedo, sorpresa o emoción violenta" maten criminales. Además, Bolsonaro admitió esta semana que el proyecto de ley para dotar de inmunidad judicial a militares y policías podría aplicarse en protestas sociales.

Las recientes manifestaciones en Colombia, que se iniciaron con el paro nacional del 21 de noviembre, han puesto en entredicho el actuar del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad). Las críticas por el uso excesivo de la violencia por parte de la Policía se incrementó tras el fallecimiento de Dilan Cruz, un joven de 18 años que murió tras haber recibido un disparo con una munición en plena movilización.

Tras el incidente, se incrementaron los cuestionamientos por parte de la sociedad civil y organizaciones defensoras de DD.HH. La alcaldesa electa de Bogotá pidió al Presidente Iván Duque que incluya en su proyecto de "conversación nacional" una reforma al Esmad. Lo mismo han pedido otras voces en el Congreso. Sin embargo, Duque ha rechazado la idea: "El Esmad hace parte de la fuerza pública al servicio de los colombianos, no se puede desarticular", dijo a W Radio.

Cinco meses lleva Hong Kong sumido en una fuerte crisis política debido a las protestas que comenzaron en respuesta a un proyecto de ley de extradición. Con el paso de los meses, las protestas y la represión policial se han vuelto más violentas, y en octubre un manifestante de 21 año resultó herido de bala por la policía. El uso de gases lacrimógenos, gas pimienta, disparos con munición real y atropellos, han provocado que organismos como Amnistía Internacional denuncien el actuar de esa Policía. Según indican medios como The Guardian, se ha escuchado a la Policía referirse a los manifestantes como "cucarachas".

Una de las demandas del movimiento es que se investigue el actuar policial. Incluso abogados se han manifestado para solicitar la creación de una comisión investigadora. De todas formas, la jefa de gobierno de Hong Kong, Carrie Lam, ha defendido a la Policía, diciendo que han usado la "fuerza apropiada".