¿Con quién habló el juez Urrutia? Defensa de ministros de la Corte pide tráfico telefónico del magistrado el día que liberó a la “Primera línea”

juez Daniel Urrutia

Toda la Corte de Apelaciones de Santiago está querellada por presunta prevaricación luego que el titular del Séptimo Juzgado de Garantía fuera sumariado por dejar en libertad de oficio a 44 imputados que estaban en prisión preventiva por desórdenes públicos tras el estallido social. Esto generó una querella y abrió una causa penal. En medio de esa indagatoria, el abogado Octavio Sufán, de la Defensoría Penal Pública, instaló la sospecha respecto con quién se comunicó el día de la polémica resolución. Desde el entorno del magistrado aseguran que tras declarar fue él mismo quien autorizó a que el Ministerio Público revise su teléfono, lo que no ha sucedido, por ejemplo, en el caso de los ministros del tribunal de alzada capitalino.




En todo un enredo se ha transformado la investigación penal que lleva adelante el fiscal regional de Coquimbo, Adrián Vega, en contra de los ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago por presunta prevaricación, conducta que se desprendería -según una querella presentada- luego de que sumariara al juez Daniel Urrutia por haber liberado a 44 imputados en prisión preventiva que estaban sindicados, en marzo de 2020, por autoridades policiales y gubernamentales de esa época como integrantes de la “Primera Línea”, es decir quienes encabezaban desórdenes públicos en Plaza Baquedano tras el estallido social.

A las inhabilidades que se han generado en el caso, ahora se suma la petición que realiza el abogado Octavio Sufán, jefe jurídico de la Defensoría Penal Pública, y quien representa a los 19 ministros del tribunal de alzada, y una de la Corte Suprema, que tienen calidad de imputados. El defensor lanza sus sospechas a las comunicaciones previas y del mismo día en que el magistrado Urrutia dejó sin efecto su día libre para, de oficio, liberar a los manifestantes. Esta decisión quedó sin efecto luego que sus superiores la revocaran y, además, lo sancionaran disciplinariamente por su actuación.

“Vengo a solicitar que se cite al juez Daniel Urrutia para que explicite si accede derechamente al tráfico de llamados correspondiente al día 24 y 25 de marzo de 2020, que se le ha solicitado en diversas oportunidades por el señor fiscal, obteniéndose hasta la fecha sólo respuestas evasivas. Ello, a fin que pueda dar razón de sus dichos en cuanto a las conversaciones manifestadas en su declaración, así como también determinar o descartar situaciones que escapen del ámbito propias de su labor jurisdiccional”, se lee en la petición a la que accedió La Tercera PM.

Junto con esto, Sufán pide al Ministerio Público que interrogue al titular del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago para que “indique con precisión la hora en que informó que había tomado la decisión de trabajar ese día y no hacer uso del permiso solicitado; la hora en que dejó sin efecto por sistema el permiso solicitado; la hora exacta en que remitió el proyecto de resolución y si facilita el correo remisor voluntariamente”. Finalmente se requiere una respuesta en torno a si “se avocó oficiosamente a alguna otra causa en particular que no estuviera en el listado confeccionado por el tribunal en el contexto de plan de contingencia por pandemia, según consta en la carpeta judicial. O por el contrario, si sólo consultó y se avocó oficiosamente a esta causa”.

“Mi cliente no oculta nada”

La abogada del magistrado, María Izquierdo, sostuvo que “el mismo día que declaró ante el Ministerio Público accedió voluntariamente a que se revisara su tráfico telefónico, no de todo el mes, pero sí de las fechas en que se dictó la resolución. De hecho, quienes se han negado a declarar y a entregar sus registros de llamado son los propios miembros de la Corte y fue la misma defensa de ellos quienes interpuso un recurso para evitar el acceso asegurando que se afectaba la privacidad de los jueces, lo que claramente es paradójico. ¿Qué es lo que ocultan? Al menos mi cliente no oculta nada y así lo ha demostrado”.

Este martes el juez Urrutia ingresó al CDE un escrito en que pide que se hagan parte en la causa en contra de los ministros. En un oficio dirigido al presidente Juan Peribonio, se lee en la solicitud: “le escribo para solicitar de manera formal el ejercicio de las facultades del Consejo de Defensa del Estado que ordena: “Ejercer la acción penal, tratándose de delitos cometidos en el desempeño de sus funciones o empleos por funcionarios públicos o empleados de organismos del Estado, de la Administración del Estado, de los gobiernos regionales, de las municipalidades, o de las instituciones o servicios descentralizados funcional o territorialmente””.

Junto con esto, explica Urrutia, a su juicio “la intervención del CDE se hace absolutamente necesaria y urgente, puesto que la misma Corte de Apelaciones de Santiago, ha fijado el día 15 de mayo de los corrientes, para dar a conocer la resolución que resuelve la apelación al rechazo del sobreseimiento definitivo solicitado por la defensa de 20 ministros de la I. Corte de Santiago. Es necesario señalar, que a la sala, integrada por una jueza de instancia, suplente en la Corte, se le recusó amistosamente, rechazando dicha inhabilidad en atención a cuestiones de forma, no ejercitando la cautela de la imparcialidad debida de oficio. La jueza en comento, es calificada anualmente por los ministros imputados”.

En el escrito al presidente del CDE, apunta el magistrado, una crítica a la situación de la defensa de sus superiores. “El interés pecuniario del Fisco se ve comprometido puesto que la defensa de los veinte ministros imputados en la causa, la realiza la Defensa Penal Pública, a través de un equipo jurídico especialmente designado al efecto, que dirige el abogado Octavio Sufán, Jefe de Estudios de la DPP Metropolitana Norte, misma repartición que litiga a diario frente a los mismos ministros que defiende”.

Finalmente Urrutia hace alusión a su más reciente revés judicial. “Un último antecedente, constituye la declaración de inadmisibilidad de la querella presentada por quien suscribe, argumentando que el juez no puede tener calidad de víctima, lo que puede ser discutible. Pero no lo es, el hecho que estos delitos afectan la probidad pública y por tanto hay acción popular”.

Hoy Urrutia deberá presentar pruebas en otro flanco que se le abrió, esta vez a nivel gremial. Un grupo de jueces de la Asociación Nacional de Magistrados (ANM) pidió su salida debido a que en una sesión de la Convención Constitucional aseguró que los jueces de la Corte de Apelaciones eran cómplices de lo ocurrido en el estallido social con las lesiones oculares al no haber acogido recursos de protección contra Carabineros. Hoy el Tribunal de Honor del gremio revisará la situación de quien es considerado “el niño Terrible” del Poder Judicial.

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