Estudios de abogados se rearman ante “preocupación” de sus clientes por debate constituyente

Montserrat Valverde, socia de Fontaine & Cia; Paulina Riquelme, socia de EELAW; Rodrigo Díaz de Valdés, socio de Baker & Mckenzie. Abajo: Arturo Fermandois, socio de Fermandois Abogados; Jorge Barrera, abogado de BMAJ, y Jorge Lembeye, socio de Lembeye Abogados.

Una serie de oficinas han puesto en marcha planes para fortalecer las áreas de derecho público en medio de la discusión que inició la Convención Constitucional. Desde incorporar nuevos rostros a ascender a asociados, las prácticas son variadas e incluso algunos se han debido reformular por completo. Aquí, ocho connotados especialistas explican cómo han cambiado sus estudios.




Desde que comenzó a sesionar la Convención Constitucional los estudios de abogados en Chile -grandes y pequeños- comenzaron a sondear fórmulas para fortalecer sus áreas de derecho público debido a la preocupación de sus clientes por el debate que surge por la nueva Constitución.

Entre las grandes oficinas existen una serie de especialistas sobre esta materia, como Alex van Weezel (Claro y Cía), Arturo Fermandois (Estudio Fermandois), Francisco Zúñiga (ZC Abogados), Jorge Barrera (BMAJ) y Luis Cordero (FerradaNehme). Una de las vías escogidas es sumar nuevos abogados a sus equipos. Ejemplo de ello es que el pasado 2 de agosto, el estudio de abogados Carey anunció la incorporación del constitucionalista Patricio Zapata, quien lidera el área de Derecho Público, como “senior consultant”, lo que en términos sencillos vendría a ser como un consejero con horario full-time y permanente. Carey es el estudio de abogados más grande de Chile, con más de 270 profesionales en el área legal.

Según Fermandois, hoy cada vez más estudios están requiriendo abogados con especialización en derecho público o regulatoria. Si bien cree que el área seguirá siendo un mercado chico y especializado, agregó que el fuerte crecimiento que ha tenido últimamente no sólo se debe por el debate constituyente, sino que también por la creación de jurisdicciones especializadas y un crecimiento del Estado. Justamente sobre este punto, consultado si la “mayor preocupación” de los clientes por el debate constitucional ha provocado que los estudios pongan un mayor foco en estas áreas. El abogado respondió que “existe razonable inquietud cuando las transformaciones jurídicas del Estado puedan acarrear simultáneamente un deterioro de la certeza jurídica, puesto que todos necesitamos de certeza jurídica, especialmente quienes planifican a mediano y largo plazo, efectuando inversiones y celebrando contratos”.

Pero Carey no es el único estudio que ha puesto el ojo en los cambios que se avecinan en materia constitucional. Otro estudio que debió sumar nuevos nombres a su equipo es Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU). Aquí, José Luis Lara Arroyo, socio especialista en derecho público, explicó que “hemos incorporado un socio en recursos hídricos y un director al área de Derecho Público y dos asociados. También nos hemos fusionado con la oficina de Carcelén Desmadryl y Tapia, que cuenta con un equipo de especialistas en recursos naturales hace un mes, para precisamente robustecer equipos para enfrentar el debate constitucional que se viene en temas de recursos naturales”.

En la misma línea, Paulina Riquelme, socia de EELAW, firma legal especializada en temas de medioambiente, explicó que acaban de contratar al abogado de la Universidad de Chile Pedro Bravo, con el objeto de fortalecer el área de Derecho Público y Regulación de la firma, y para enfrentar el aumento de requerimientos de los clientes respecto de la nueva Constitución: “EELAW realiza educación en temas de medioambiente y cambio climático y, además, estamos desarrollando ideas e insumos para aportar al debate constitucional que nos solicitan gremios como la CPC y la Sonami. En este sentido, Pedro Bravo está siendo un gran aporte, por su experiencia y estudios. Anteriormente se desempeñó como asesor de la División Jurídico-Legislativa del Ministerio Secretaría General de la Presidencia (Segpres) y tiene un diplomado en Derecho Público y Regulación”.

En tanto, Jorge Lembeye, socio de Lembeye Abogados, explicó que “nosotros incorporamos a Guillermo de la Jara, quien era el socio a cargo de la práctica en Bofill Mir & ÁQlvarez Jana, y un abogado con una amplia y reconocida trayectoria. La incorporación de Guillermo fortalece nuestra práctica y nos permite acompañar a nuestros clientes en los desafíos constitucionales y regulatorios que se vienen”. “Vemos que existe un mayor interés de parte nuestros clientes por consultar sobre asuntos regulatorios y la interacción con el Estado. Vamos caminando hacia un escenario en el que vamos a tener más Estado y no menos Estado y en el que vamos a tener más regulaciones y más estrictas que tendrán una incidencia importante en desarrollo de proyectos y el quehacer de los negocios en general”, agregó.

Otros estudios apostaron por dar mayor empuje a las áreas de derecho constitucional ascendiendo a asociados al estatus de socios. Luis Cordero, socio de FerradaNehme contó que desde hace un tiempo hemos fortalecido el área de derecho público con dos socios nuevos: Josefina Court y Tomás Correa”. Asimismo, señaló que “desde el punto de vista del proceso constituyente nosotros hemos estado trabajando en el seguimiento de los debates y ver su correlación con los casos judiciales de la última década para ver cuánto se aproximan o alejan”.

En la misma tónica, Rodrigo Díaz de Valdés, socio de Baker & Mckenzie Chile, sostuvo “que hemos reforzado el área, contratando a dos abogados: Felipe Soza y Arantxa Ereche. “La experiencia internacional nos muestra que cambios constitucionales como los que enfrenta Chile han aumentado significativamente la demanda de servicios legales en el área del derecho público. Además, en el último tiempo hemos visto que han aumentado los conflictos con entidades del Estado en materias regulatorias, proyectos, concesiones e infraestructura que han requerido una mayor especialización en esta área”, explicó el abogado, que también es profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Católica.

Reformulación

Otros estudios se han debido reformular. Luis Alberto Aninat, socio de Aninat Abogados, explicó que “con ocasión de la discusión de la nueva Constitución que actualmente elabora la Convención Constitucional, nos estamos preparando para las novedades y adecuaciones normativas que vendrán en materia regulatoria en general y, en particular, en nuestra práctica de asesoría a empresas, en materias de derecho económico y derecho sancionatorio.

“Estamos reforzando nuestras áreas de Derecho Regulatorio, Libre Competencia, Compliance, Protección de Datos, mediante un equipo potente liderado por Cristián Reyes, Óscar Gárate, recién ingresado al estudio, y otros, así como también el área de Recursos Naturales y Medio Ambiente mediante nuestra asociación con el Estudio Ropert Correa, que ya funciona en nuestras oficinas, y en el área Tributaria que se ha reforzado importantemente en lo relativo a las planificaciones patrimoniales, de alcance internacional y doméstico, mediante el establecimiento de relaciones formales con estudios en Estados Unidos especialistas en la materia”, remató.

Montserrat Valverde, socia de Fontaine & Cía, explicó que uno de los socios del estudio (Hernán Fontaine) se ha enfocado en el área de derecho constitucional y regulatorio “a raíz del desafío que representa el requerimiento de los clientes sobre estos temas”. “Por un lado, en la asesoría a los clientes que quieren aportar con sus planteamientos al debate constitucional y a los constituyentes, y, por otro lado, en la asesoría frente a lo que está por venir como una forma de prevenir situaciones. Además, los temas constitucionales que han existido siempre, hoy toman más fuerza por lo que hay que recurrir de forma muy fundamentada al Tribunal Constitucional y mantener un seguimiento continuo de los criterios constitucionales vigentes”, acotó.

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