¿Expertos en listas electorales cerradas? La fórmula que se debate en los partidos para que los especialistas integren la nueva Convención

El mecanismo -ocupado por Colombia en su proceso constituyente de 1991- permitiría que el espacio encargado de escribir otra propuesta constitucional esté integrada de forma paritaria y a su vez por académicos. Algo similar se propuso para el acuerdo político de noviembre de 2019, pero fue rápidamente desechado. La idea ya ronda en las colectividades políticas y concita apoyo en ciertos sectores oficialistas.


¿Se puede tener una Convención 100% electa que, a su vez, esté integrada por expertos? Esa fue la pregunta que comenzó a rondar entre los partidos políticos hace dos semanas, luego de que el Rechazo ganara el plebiscito de salida con casi el 62% de los votos.

La aplastante victoria de la opción que se oponía a la propuesta de la Convención Constitucional obligó a que todos los sectores -desde la izquierda a la derecha- comenzaran a negociar de qué forma continuar con el proceso constituyente, tratativas que se reanudarán esta semana luego que Chile Vamos decidiera restarse al encuentro del jueves pasado.

La primera tarea de los negociadores será definir cómo será el órgano que redactará la nueva propuesta constitucional. Esa misión no se ve nada de fácil dado que cada partido se imagina fórmulas distintas. Pese a esas diferencias, ya se instaló una idea transversal: debe contar con una fuerte presencia de expertos.

La propuesta se ha debatido al interior de los partidos. Por ejemplo el Partido Socialista (PS) mira con buenos ojos la opción de que los expertos se incluyan en las listas electorales. Eso implicaría que la elección se haga con listas cerradas, ya sea a nivel nacional o distrital.

Al ser listas cerradas, finalmente los votos van a las colectividades. Luego, cuando se tiene la cifra repartidora de la cantidad de personas electas por lista, se puede ir viendo qué candidatos van entrando o no. En ese momento lo que vale es el orden de prelación. Ese sistema, comentan conocedores del asunto, es perfectamente compatible con la regla de la cebra para garantizar la paridad. Por lo mismo, agregan, el efecto sería doble ya que el órgano quedaría con expertos y a su vez al menos la mitad serían mujeres.

Fuentes al tanto de las negociaciones dicen que en el PS esta idea, en un inicio, se pensó con una cuota de expertos que iba entre el 30% y el 40%. En la UDI el tema también se ha debatido de forma preliminar y la cuota llegó al 50%, con listas cerradas nacionales, no distritales. Pese a que la materia se ha discutido de forma interna en el gremialismo, la idea aún no cuenta con apoyo suficiente.

Nuevo órgano que replique al Senado

Un sector de RN también mira con interés esta posibilidad, pero algunos integrantes del partido que están al tanto de esta discusión dicen que las voces mayoritarias optarían por no innovar en nuevas fórmulas electorales.

La última vez que se hizo esto, comentan las mismas fuentes, se incluyeron las listas de independientes y eso derivó en el “desastre” de la Convención Constitucional. Por lo mismo, se inclinan por utilizar fórmulas electorales probadas, como por ejemplo, las circunscripciones senatoriales. Eso implicaría pensar un órgano de 50 miembros.

Si se decantan por ese modelo, los expertos no se escogerían por votación popular y serían designados por los partidos. Su rol, dicen, podría centrarse en delimitar los bordes de la propuesta de nueva Constitución y luego incluso hacerse cargo de la armonización del borrador.

Sobre este punto, en la UDI hay voces que han deslizado que los bordes podrían entregarse al Congreso, para que se discutan allá y se incluyan como parte de la nueva reforma constitucional que le dará forma al eventual nuevo órgano redactor.

La idea de utilizar listas nacionales cerradas no es algo nuevo. Conocedores de la trastienda a la negociación por el acuerdo de noviembre de 2019 dicen que esa vez también se puso sobre la mesa. La propuesta la hicieron los académicos Francisco Soto, Sebastián Soto y Gabriel Negretto, pero rápidamente fue desechada por los partidos y no alcanzó a llegar a la mesa técnica. Las mismas fuentes dicen que para excluir esta fórmula se argumentó que era muy poco probable que los independientes tuvieran más éxito que los candidatos de las colectividades. La historia luego dijo otra cosa.

La propuesta de los académicos tenía un antecedente histórico relevante y se remonta al proceso constituyente de Colombia en 1991. Ese año los colombianos formaron una asamblea para redactar su Carta Magna, que luego fue aprobada por la ciudadanía. Los asambleistas se escogieron en listas cerradas de carácter nacional.

¿Cuántos expertos?

Si no prospera la idea de que los expertos sean electos en votación popular como parte de las listas de los partidos, tendrán que limitarse a asumir un rol asesor o de acompañamiento al nuevo órgano redactor.

Eso, comentan quienes están en la mesa de negociación, deriva en la necesidad de definir quiénes designarán a los especialistas y en qué cantidad. ¿Cómo solucionarlo? Hasta ahora lo que más piso político tiene es que esa definición esté amarrada al peso parlamentario de cada partido en el Congreso. De esa manera, las bancadas más grandes podrán designar más expertos y los especialistas, a su vez, tendrán sintonía con las correlaciones de fuerzas parlamentarias.

Lo que sí, comentan en los partidos, es que se debe tener claro que los expertos no deben ser solo constitucionalistas, sino que también hay que abrirse a otras disciplinas. Una forma de demostrar el nivel de especialidad, sería poner requisitos similares a los que tienen las personas que quieren postular para ser ministros del Tribunal Constitucional, pero abriendo la posibilidad a que no solo sean profesionales titulados de Derecho.

Que los expertos respondan a las fuerzas parlamentarias no sería una innovación chilena. Algo similar hizo España. A fines de los 70 el Congreso español le encargó el trabajo de redacción de su nueva Constitución a la “Comisión de Asuntos Constitucionales y Libertad Públicas”. Ese espacio estuvo compuesto por siete diputados -que a su vez la gran mayoría eran expertos en derecho- y su misión fue redactar la Carta Magna. Culminada esa tarea se la devolvieron al Congreso para que lo aprobara y así pudiera pasar a un referéndum nacional.

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