Extender tiempos de detención y registro de vestimentas hasta 10 km antes de la frontera: gobierno endurece medidas para el control migratorio

Ya son casi dos meses desde que la ministra del Interior, Carolina Tohá, busca concretar -sin éxito- el ansiado acuerdo en materia de seguridad. El 22 de noviembre del 2022 inició las conversaciones con la oposición; el 5 de diciembre ya conversaban en La Moneda y el 20 del mismo mes todo, se encaminaba para la firma, pero el último día laboral del año, el Presidente Gabriel Boric decidió indultar a 12 condenados por delitos del estallido social, además del exfrentista Jorge Mateluna. La mesa de trabajo se desmanteló en segundos.

A 10 días que termine el mes, Tohá sigue buscando concretar el acuerdo y, por lo mismo, avanza en las conversaciones con las bancadas de la oposición, especialmente con los senadores de RN, a quienes les transmitió que el gobierno estaba abierto a acceder a algunas de las medidas propuestas por ellos.

Dentro de esas ideas estaba endurecer el control de la frontera, más allá de disponer o no a personal de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) en algunas zonas. El gobierno respondió y se comprometió a cuatro iniciativas que van desde aumentar los controles hasta cambios en la ley que regula el ingreso de refugiados.

El Ministerio del Interior detalla en su propuesta que respecto al control fronterizo acogieron, primero, extender el plazo máximo de detención para ejecutar la medida de expulsión administrativa, pasando de 48 a 96 horas, antes de ponerlo disposición del juez.

Actualmente, la legislación vigente señala que cuando un migrante sea sorprendido ingresando ilegalmente debe ser arrestado y que “el lapso total que transcurra sumando la puesta a disposición señalada en el inciso anterior, y la materialización de la medida de reconducción por parte de la Policía de Investigaciones, no podrá exceder en ningún caso de 48 horas contadas desde la detención del extranjero”.

Otra de las medidas que el gobierno busca concretar es posibilitar el control de identidad a personas que se ubican en zonas y rutas fronterizas, hasta 10 kilómetros desde la frontera, con exclusión de los centros urbanos. Además, en este mismo proceso de fiscalización, se contemplará “la posibilidad de registro de vestimentas y equipaje”.

El aplicar el control de identidad es una idea que -nuevamente- choca con la convicción interna del Mandatario. En la oposición dicen estar “sorprendidos”, pues advierten que cuando el Presidente fue diputado fue contrario a la medida. En su Twitter, por ejemplo, dijo en febrero del 2016: “A quienes nos preguntan, desde el Frente Amplio siempre nos opusimos a la ley de control de identidad. Tanto en el gobierno de Bachelet como en el de Piñera”.

En abril del año pasado, cuando la ministra del Interior era Izkia Siches, el gobierno decidió hacer una modificación por decreto a la Ley 20.430, la cual regula el ingreso de refugiados, desde el 2010.

El Ejecutivo eliminó el artículo 37 bis, el cual establecía que toda persona que solicitaba refugio debía cumplir una serie de requisitos: fundar una persecución política, de raza, de religión o de nacionalidad; que su seguridad o libertad se vea amenaza en su país de origen; y los que no puedan regresar a su país por los motivos anteriores.

Sin embargo, ahora, y casi un año después, el gobierno decidió hacer una modificación legal a la ley de refugiados para aumentar los controles a quienes soliciten ser albergados en el país.

Es por eso que a algunos senadores de la oposición les llamó la atención el punto c) de la propuesta de Interior: “Modificar la ley N° 20.430 sobre protección de refugiados para realizar análisis previo antes de ser reconocido como solicitante de refugio”.

Ya con la contrapropuesta en la mesa, serán los senadores de RN que definan y aceptan o no la respuesta del gobierno para establecer un piso en común y volver a la mesa que busca un acuerdo en seguridad. Tohá, por ahora, reactiva las conversaciones antes que termine el verano y no se le aparezca el tan temido marzo.