Jadue, sin eco en el PC y FA: alcaldes aseguran que comenzarán con clases presenciales en marzo

“Los que deciden son las comunidades educativas y ni con este gobierno, ni con nuestro gobierno, que es el que entra el 11 de marzo, vamos a cambiar esta posición. Nadie puede obligar o imponer a padres, profesores ni estudiantes a que asistan a un colegio si no están todas las medidas de seguridad”. Con esas palabras, Daniel Jadue (PC), alcalde de Recoleta, se desmarcaba de una de las máximas en materia de educación que ha asegurado el presidente electo, Gabriel Boric.

Es más: el frenteamplista ha dicho que “los colegios tienen que ser los últimos en cerrar y los primeros en abrir” y que, en línea como lo ha impulsado el actual gobierno, desde marzo la presencialidad ya no debiese ser optativa para nadie.

Así, las palabras de Jadue chocan de frente con la idea del futuro mandatario, con quien compitió -y ante quien perdió- en las primarias de Apruebo Dignidad en julio del año pasado.

Sin embargo, el edil de Recoleta parece estar asumiendo esa postura en soledad, toda vez que diversos alcaldes frenteamplistas o afines a la colectividad que aún tienen a su cargo la educación apuntan a la dirección contraria, a la de Gabriel Boric.

“En Santiago nos hemos preparado para la presencialidad, hemos estado durante estos meses de verano mejorando la infraestructura de los establecimientos educacionales y también generando toda las condiciones para que puedan llegar a cada uno de nuestros 44 establecimientos educacionales”, señaló, por ejemplo, este martes en Mega Irací Hassler (PC), alcaldesa de Santiago.

La cabeza comunal aseguró, además, que el proceso va a “requerir también la articulación con la autoridad sanitaria, necesitan los niños y niñas su Pase de Movilidad, vamos a estar disponibles para seguir vacunando, y ya tenemos buenos números de vacunación de las y los estudiantes de nuestra comuna”.

Desde la Dirección de Educación Municipal (DEM) de Santiago, su mandamás, Rodrigo Roco, refuerza la idea: “Mantendremos una conversación directa con todas nuestras comunidades educativas para recoger sus inquietudes y abordar todas las situaciones que sea necesario. Como DEM estamos orientando que la presencialidad sea la norma, por ejemplo, indicando que debe haber flexibilidad en la exigencia de uso del uniforme y poniendo en relieve la contención socioemocional que requieren nuestros niños, niñas y jóvenes, que son el foco principal de la educación pública”. Además, asegura que en la comuna tienen un promedio de alumnos vacunados entre sexto básico y cuarto medio de 88% y pide que los padres continúen en esa línea.

En Maipú, donde el alcalde es Tomás Vodanovic (RD), también apuntan al regreso: “El retorno a clases presenciales es fundamental para garantizar los procesos de aprendizajes de las niñas y niños de nuestra comuna”, dice. Por lo mismo, agrega, “en Maipú nos estamos esforzando al máximo por brindar todas las condiciones sanitarias para garantizar un retorno seguro a clases de nuestros estudiantes y las comunidades educativas”.

Asimismo, Érika Martínez (CS), edil de San Miguel, asegura que en su comuna han ido “trabajando en función de la presencialidad, porque en la misma línea de lo que plantea nuestro presidente Gabriel Boric, entendemos que la presencialidad garantiza la mejor educación y el mejor aprendizaje de las niñas, niños y adolescentes”. Eso sí, también advierte que lo anterior “no significa que si las condiciones sanitarias son adversas, tendremos que volver a las clases híbridas, pero siempre priorizando lo más importante, que es la salud de nuestros niños, niñas y adolescentes”

En Valdivia, la alcaldesa Carla Amtmann (RD) afirma que les parecería “sumamente irresponsable que no se priorice y no se privilegie el retorno a la presencialidad de parte de los municipios. Acá en Valdivia, cuando asumimos, entendimos que la prioridad para las familias, estudiantes y para los trabajadores y trabajadoras de la educación es retornar al aula”. Y cierra: “Este no es un llamado solo del presidente electo, sino que es un llamado internacional de todas las organizaciones que entienden que no estar en las aulas con presencialidad lo único que hace es aumentar las brechas de desigualdad existentes en la educación. Por lo tanto, no solamente estoy de acuerdo: vamos a apoyar a que efectivamente sea la presencialidad la regla”.

En tanto, desde Ñuñoa, la alcaldesa Emilia Ríos (RD) explica que desde el año pasado en su comuna están trabajando “para implementar todas las condiciones necesarias para que niños y niñas puedan volver a clases de forma presencial de manera segura”. Así, asegura que su municipio ha invertido más de 200 millones de pesos en medidas de seguridad como purificadores de aire, medidores de CO2 y mascarillas, entre otros implementos, que serán distribuidos en los establecimientos educacionales y que “van a estar de la mano con los protocolos que la autoridad sanitaria vaya dictando, a medida que la pandemia avance, esperemos pronto, hacia un mejor escenario”.

Por su parte, en Melipilla, donde ejerce como alcaldesa Lorena Olavarría (CS), también van por esos pasos: “Esta pandemia ha aumentado la brecha en educación, cuestión que aumenta la desigualdad social y por eso sabemos que, aunque nos encontramos en una situación compleja con el Covid, es relevante el regreso a clases presenciales, considerando lo que significa para la salud mental, la socialización y el aprendizaje de las y los estudiantes”, justifica la edil. Para ello, añade, se han preparado mejorando la infraestructura de los establecimientos y reforzando la comunicación de riesgo, junto al plan de vacunación de niños y niñas en edad escolar.

Finalmente, desde Estación Central, el director de Educación, César Jaramillo, señala que en rigor “siempre el apoderado es quien decide enviar a sus hijos”. Sin embargo, aclara, “nosotros adoptaremos la inclusión del ministerio respecto de asistir a clases presenciales de forma obligatoria”. Por eso, asegura, están “reforzando las medidas de seguridad sanitarias, como sanitización del aula, control de temperatura y alcohol gel en los ingresos, además de lavado de manos y demarcaciones relativas al distanciamiento físico”.

Y es que, tras casi dos años de voluntariedad, el no abrir los colegios ahora implicará, además, riesgo de sumarios por parte de la Superintendencia de Educación, lo que podría conllevar multas.