Juez Urrutia vuelve a tribunal de garantía: Corte de Santiago levanta “sanción” por liberar a imputados en caso “primera línea”

El pleno de ministros se reunió hoy para analizar la situación del magistrado del 7mo. Juzgado de Garantía, Daniel Urrutia, quien está sumariado luego de haber liberado de prisión preventiva, en una decisión tomada de oficio, a los imputados en un caso por desórdenes públicos en pleno estallido social. El acuerdo consiste en suspender la medida cautelar que pesa en su contra para ponerle fin al traslado que lo llevó a un tribunal de cobranza y retorne a sede penal.




El pleno de ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago se reunió hoy para analizar la medida cautelar que pesa en contra del juez del 7mo. Juzgado de Garantía, Daniel Urrutia, en un polémico caso que incomoda al tribunal de alzada capitalino.

La cautelar de Urrutia fue impuesta por el pleno en junio del año pasado y significó trasladar al magistrado desde su cargo titular en sede penal hacia un tribunal de cobranza. Lo que motivó a los magistrados de la corte santiaguina a tomar esta decisión fue el polémico caso de los imputados -supuestamente integrantes de la ‘primera línea’, según declaró el gobierno en su momento- detenidos por el eventual delito de desórdenes públicos en marzo del año pasado.

Se trata de 44 personas formalizadas en el 7mo. Juzgado de Garantía, en cuya audiencia la jueza Carolina Gajardo rechazó la solicitud de prisión preventiva debido a que se trataba de imputados sin antecedentes y de un delito de pena muy baja. Esta decisión judicial generó una fuerte molestia del gobierno y sobre todo del entonces ministro del Interior, Gonzalo Blumel. De hecho, esa vez el exministro aseguró: “Por supuesto que el fallo no nos gustó”.

Sin embargo esta decisión fue revisada por la Primera Sala del tribunal de alzada de Santiago, la cual decidió revocarla. El fallo contó con el voto favorable de las ministras Elsa Barrientos e Inelie Durán, pero con el voto en contra del magistrado Miguel Vásquez.

Días después Urrutia, quien se encontraba en funciones, usando lo establecido por el Artículo 145 del Código Procesal Penal, dejó en libertad a los imputados en una decisión tomada de oficio.

Ese hecho fue el que molestó a la Corte de Santiago. Por eso, días después el pleno se reunió, dejó sin efecto la resolución de Urrutia, volvió a ordenar la medida cautelar de prisión preventiva, le abrió un sumario —el cual sigue en curso— al magistrado y lo suspendió de sus funciones. Cuando esa suspensión llegó al máximo permitido de dos meses, la corte de oficio lo trasladó de la sede penal. Todo a pesar de que Urrutia es un dirigente gremial.

De vuelta al 7mo. Juzgado de Garantía

Este es el trasfondo que explica que Urrutia, desde junio del año pasado hasta la fecha, esté desempeñando sus funciones en un tribunal de cobranza. Luego de un año de esa decisión, hoy el pleno de la corte resolvió de manera unánime suspender dicha medida cautelar. Fuentes judiciales comentan que las razones esgrimidas apuntan a que ha pasado mucho tiempo desde que se dictó la cautelar y, además, ya no están presentes las circunstancias que, a juicio de la corte, justificaban en junio de 2020 tomar la decisión de alejarlo de la sede penal.

La decisión del pleno quedó en acuerdo y ya están redactando la resolución. Hasta el momento, el juez Urrutia no ha sido notificado, lo cual podría ocurrir en los próximos días.

Como elemento adicional a la disputa entre la Corte de Apelaciones y el juez Urrutia está la querella presentada por el abogado Fernando Leal, declarada admisible por el juez del 7mo. Juzgado de Garantía Patricio Álvarez, por el delito de prevaricación judicial “en contra todos quienes resulten responsables en calidad de autores, cómplices o encubridores”. Pese a que la querella no individualiza a eventuales imputados, se infiere que apunta a los ministros de la Corte de Santiago.

De hecho, el fiscal nacional, Jorge Abbott, el 9 de junio le informó al querellante que designó al fiscal regional de Coquimbo, Adrián Vega, para que se haga cargo de la investigación. El asunto no es menor, ya que el caso de los imputados de la ‘primera línea’ está incluido en los antecedentes que le enviaron diversas organizaciones de derechos humanos a la fiscal de la Corte Penal Internacional.

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