Corte de Santiago revoca libertad de 44 imputados de la “primera línea”

Por dos votos contra uno, la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago revocó ayer las medidas cautelares que tenían 44 imputados por el delito de desórdenes públicos -que según el gobierno supuestamente son parte de la denominada “primera línea”- y decretó la prisión preventiva para los 28 adultos y la sujeción a la vigilancia del Sename para los 16 menores de edad.

Se trata del grupo de personas que fue detenido por Carabineros el pasado martes 3, en violentos incidentes en las inmediaciones de Plaza Italia.

El fallo del tribunal de alzada, suscrito por las ministras Elsa Barrientos e Inelie Durán, y con el voto en contra del magistrado Miguel Vásquez, modificó la resolución de la jueza del 7° Juzgado de Garantía de Santiago, Carolina Gajardo, quien el miércoles 4 determinó que los 16 adolescentes solo quedaran apercibidos y que a los 27 imputados adultos se les impusiera firma bimensual, dejando únicamente a uno de ellos, que tenía una condena previa, en prisión preventiva, sujeto a una caución de $ 250 mil.

En su determinación, las ministras de mayoría señalan que los imputados fueron detenidos en circunstancias en que “existió una alteración de la tranquilidad y seguridad de la población (...) turbándose la tranquilidad del lugar y vulnerándose también garantías constitucionales del resto de la población”. Por lo mismo, consideraron que los imputados son “un peligro para la sociedad”.

El voto de minoría del ministro Vásquez señaló que “debe existir la debida correspondencia entre los hechos materia de la formalización y la intensidad de las medidas cautelares a aplicar”. Y estimó “excesiva la medida más intensa”.

Fue una apelación del Ministerio del Interior la que provocó este pronunciamiento de la corte. La abogada del gobierno, Sofía Hamilton, había solicitado la prisión preventiva para todos los imputados adultos. En tanto, el Ministerio Público solo la había pedido para la persona que tenía una condena pendiente.

La fiscalía, en tanto, formalizó a los detenidos por los mismos delitos con los cuales se había querellado Interior.

El ministro del Interior, Gonzalo Blumel, valoró la resolución del tribunal. “Lo dijimos la semana pasada, que este mayor esfuerzo policial que se está haciendo por recuperar el orden público tiene que venir acompañado por un mayor esfuerzo y exigencia por parte de la justicia. No puede ser que personas que cometen delitos tan graves, como atacar a Carabineros, tirar bombas molotov o causar graves desmanes en la vía pública, queden en la impunidad”.

Añadió que “el fallo pone un poquito de sensatez y sentido común; no es gratis cometer actos vandálicos en la vía pública, afectando además por tanto tiempo a los vecinos de Plaza Italia”.

La abogada penalista y académica de Derecho UC, María Elena Santibáñez, coincide con el voto de minoría: “Entiendo que el fallo tiene en consideración principalmente el contexto de grave deterioro de la seguridad pública y debe respetarse. Sin perjuicio de ello y considerando las normas jurídicas invocadas, creo que la privación de libertad en sede cautelar debe traducirse para los casos más graves. Este es un caso en que los delitos imputados son todos merecedores de penas que no son tan graves y los imputados no tienen antecedentes penales”. Agrega que “no se puede utilizar a personas para efectos de ejemplificar, eso atenta contra la dignidad de las personas”.