La cuestionada participación de Atria, un cambio polémico y la ofensiva de la derecha: el último lío que se armó en la Convención a tres días de su término

FOTO: SEBASTIAN BELTRAN GAETE/AGENCIAUNO

La directiva encabezó ayer una reunión -en la que le pidieron al convencional del FA retirarse de la sesión, debido a que no forma parte de la mesa del órgano constituyente-, que terminó en una nueva polémica al modificar el artículo aprobado por el pleno sobre consentimiento indígena. El cambio derivó en una ofensiva comunicacional de la derecha, que amenaza con judicializar el tema.


No tenía por qué participar, sin embargo, igual se sumó al encuentro por Zoom que la mesa directiva de la Convención Constitucional realizó ayer, cerca de las 17.00. El convencional Fernando Atria (Frente Amplio) -pese a que estaba la representante de la mesa de su colectivo Yarela Gómez- comenzó a opinar sobre algunas propuestas emitidas por la Secretaría del órgano constituyente sobre detalles finales de la propuesta de nueva Constitución. La presencia de Atria desconcertó a algunos de los presentes y, de hecho, provocó la queja de los constituyentes Hernán Larraín (RN-Evópoli-IND) y Natividad Llanquileo (Pueblo Mapuche), quienes señalaron que no correspondía su intervención, por lo que la presidenta, María Elisa Quinteros (Movimientos Sociales), le pidió que se retirara.

La escena, dicen presentes, grafica lo tenso que fue el encuentro de la mesa de ayer, el que terminó con una polémica mayor de la cual no alcanzó a involucrarse Atria. Cerca de las 17.30, la derecha comenzó a advertir que la directiva acordó -solo con el voto en contra de Larraín- modificar el artículo relativo al consentimiento indígena aprobado por el pleno de la Convención.

En concreto, el inciso visado por el pleno, que corresponde al 148, señalaba que “los pueblos y naciones preexistentes al Estado deberán ser consultados y otorgarán el consentimiento libre, previo e informado en aquellas materias o asuntos que les afecten en sus derechos reconocidos en esta Constitución”, el cual fue modificado por lo siguiente:“los pueblos y naciones indígenas deberán ser consultados y otorgarán el consentimiento libre (...)”.

El cambio se hizo luego de que la Secretaría de la Convención propusiera una serie de modificaciones al texto final para la “ordenación final del texto”, como lo establece el protocolo de Armonización, el cual admite cambios de estilo y enumeración.

Dentro de la identificación de nomenclaturas que efectuó la Secretaría estaba el comentado artículo, referido al consentimiento, frente al cual se mencionaba que se utilizaba una nomenclatura distinta a la de parte del resto del proyecto de Carta Magna. Además, al interior de la ficha que la Secretaría Técnica hizo para cada artículo, se explicitaba: “ver documento que identifica la nomenclatura a uniformar”, en referencia a los términos distintos que se usaban para referirse al mismo concepto.

La diferencia en la nomenclatura se dio debido a que la comisión de Armonización, cuyo último pleno se realizó el pasado lunes, acordó -entre los colectivos de izquierda- que el proyecto de nueva Constitución se refiere a los pueblos originarios como “pueblos indígenas” en la mayoría de sus artículos. El problema que identificó la mesa es que el artículo referido al consentimiento indígena aún hablaba de “pueblos prexistentes al Estado”, debido a que su propuesta armonizada, en que se hablaba de “pueblos indígenas”, fue rechazada por el pleno.

En base a esta observación, según presentes en la reunión, la convencional Bárbara Sepúlveda (Chile Digno) propuso hacer una modificación al artículo para unificar su nomenclatura. De inmediato, según quienes estuvieron ahí, Larraín pidió la palabra dos veces y advirtió que la modificación escapaba de las facultades y que constituía una acción antirreglamentaria.

Además, según recuerdan algunos de los asistentes, mencionó que, en caso de aprobarse, el tema podía escalar hasta convertirse en una nueva polémica pública originada desde la mesa. Sepúlveda, por su parte, defendió que esto era una modificación que respondía a las atribuciones de la mesa y que veían dónde se podía armar una polémica.

Como de todas formas se aprobó, Larraín publicó una declaración minutos antes de las 19.00, cuando la reunión ya había terminado. “En un acto abusivo y antirreglamentario, la mesa directiva de la Convención Constitucional modificó hoy el texto constitucional sin respetar la voz del pleno”, se leía en la misiva que compartió en su Twitter y que fue replicada por varios personeros de derecha, quienes rápidamente se sumaron a las críticas.

Luego de hacerse pública la declaración del vicepresidente adjunto, Sepúlveda le respondió por la misma red social: “Lo único que hicimos fue estandarizar la nomenclatura para que quedara coherente con el lenguaje claro y el mismo concepto que se usó en toda la Constitución (...)”.

Tras la defensa inicial de Sepúlveda, a las 21.42 de anoche, el vicepresidente, Gaspar Domínguez (No Neutrales), subió a su Twitter la respuesta de la mesa ante la declaración de Larraín. “La mesa directiva tiene atribuciones para introducir correcciones en el texto constitucional, con el objeto de dar cumplimiento al principio de coherencia consagrado en el artículo 3, letra a), del mismo reglamento”, se precisó en la publicación.

En la respuesta, además, se argumenta que el reglamento general de la Convención, en su artículo 39 letra U, se establece que la mesa directiva “tiene atribuciones para introducir correcciones en el texto constitucional, con el objetivo de dar cumplimiento al principio de coherencia”. Sin embargo, lo cierto es que ese punto del reglamento del organismo propone que la mesa puede interpretar “en caso de contradicción u obscuridad, los reglamentos de la Convención Constitucional”, no el texto constitucional, por lo que, en la práctica, la modificación no corresponde.

La última ofensiva de la derecha

“La derecha está muy bien coordinada. Publican al mismo tiempo la misma cosa, con los mismos hashtags”.

Así, desde la mesa directiva, reaccionaban en privado a las reacciones emitidas por la derecha anoche a través de redes sociales. Y es que, ante la decisión de la mesa, la mayor parte de los 37 convencionales de los colectivos cercanos a la UDI y RN-Evópoli-IND comenzaron a publicar que se estaba haciendo “trampa”, exigían que se entregue el texto inmediatamente y comentaban que esta era la “Convención de Quinteros y Domínguez”.

“Pretenden esconder bajo ‘adecuación de formato’ los cambios que le hicieron Quinteros y Domínguez al texto aprobado por la Convención. Deben enviar hoy a todos los convencionales el texto que pretenden entregar a Gabriel Boric para revisar que se ajuste a lo aprobado por la Convención”, publicó la constituyente Marcela Cubillos (Un Chile Unido).

Ante la interpelación, Domínguez respondió irónicamente, a través de un meme, publicación que borró minutos después, tras recibir comentarios que lo cuestionaban por no tomarse en serio la acusación de la derecha.

Captura de pantalla del tuit eliminado del vicepresidente Gaspar Domínguez (No Neutrales).

Si bien, en un comienzo, dentro de la derecha se descartó que el cambio pudiera tener efectos interpretativos, y enfatizaban que lo que les molestaba era el incumplimiento del reglamento, hoy algunos de sus convencionales advierten que la modificación sí podría tener consecuencias.

“Lo que se busca al sacar la frase preexistente es constitucionalizar el derecho a consulta también para el pueblo tribal afrodescendiente. Ahora sus no solo tendrán veto los pueblos originarios, sino que también los afrodescendientes. Lo que ha hecho la mesa es inaceptable”, comentó Eduardo Cretton (UDI).

Y es que, según comentan algunos abogados en privado, hay pueblos indígenas que no son preexistentes al Estado y que fueron incorporados y reconocidos posteriormente.

Asimismo, Larraín indicó que “esta modificación que hace la mesa al texto definitivo hace aún más compleja la interpretación, el alcance y el sentido de esta norma. Por lo tanto, su aplicación va a tener una judicialización evidente. En el caso de que el texto se apruebe, esto va a terminar en la Corte Constitucional”.

Por lo mismo, desde la derecha advierten que lo aprobado por la mesa podría justificar e incluso recurrir a la Corte Suprema. “Estamos pidiendo encarecidamente que se entregue luego ese texto, para poder revisarlo y dar fe si al menos es lo que se ha aprobado en el pleno (...). Por supuesto que está dentro de las posibilidades (judicializar), dentro del marco constitucional, pero lo más importante es que la ciudadanía juzgue”, dijo Martín Arrau (UDI).

Aunque admiten que harán el escrito para presentar un recurso, dudan que se concrete. En parte porque dentro de la derecha no cuentan con las 40 firmas necesarias para hacerlo, pero también debido a que el 5 de julio los 154 convencionales dejarán de ostentar el cargo, por lo que no tendrán la facultad de hacer el reclamo.

No obstante, la abogada y convencional Mapuche Rosa Catrileo manifestó que “es un reclamo que no tiene fundamento (...). Ese concepto de naciones y pueblos indígenas preexistentes al Estado estaba asociado a nosotros, solo que unificamos la nomenclatura en todos. No es que se esté eliminando a alguien, porque esa denominación siempre fue pensada en los pueblos originarios, siempre”.

Esta polémica se instala en la etapa final del proceso. En todo caso, la mesa directiva previamente había enfrentado otras que fueron cuestionadas ampliamente, como cuando se decidió excluir a los expresidentes de la ceremonia de cierre, cuando el mes pasado parte de ella respaldó el pago a los asesores por su trabajo en julio del año pasado, la ocasión en que Domínguez publicó datos erróneos sobre las iniciativas populares aprobadas, o la vez que la Secretaría de Comunicación realizó publicaciones en redes sociales con datos inexactos sobre las normas aprobadas.

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