El ex senador Jaime Orpis ha sido acusado por diversos delitos de carácter económico y contra la probidad. Tras ser desaforado por la Corte Suprema, se le ha acusado en primer término de haber facilitado boletas y facturas ideológicamente falsas a la empresa Corpesca para que ésta rebajara su base imponible al tributar, conducta realizada transversalmente por un número importante de políticos y empresas respecto de las cuales el director del Servicios de Impuestos Internos, Fernando Barraza, decidió no presentar querella criminal, impidiendo de esta manera a la Fiscalía proceder en su contra.

Pero esa circunstancia en nada exculpa de responsabilidad a Orpis, sólo pone de manifiesto el inadecuado sistema de persecución de delitos tributarios en nuestro país. Sin embargo, hay otros dos capítulos de delitos especialmente graves que no han sido detectados sino esporádicamente en otros actores políticos.

El primero de ellos es el delito de fraude al Fisco. Orpis se concertó con una serie de personas para defraudar al Estado simulando asesorías parlamentarias que nunca ocurrieron y quedándose en sus bolsillos con $248 millones de acuerdo a la acusación de la Fiscalía. Además existe un tercer capítulo de la acusación por el delito de cohecho en que se le imputa que recibió dineros desde Corpesca por otros $260 millones que no corresponden a financiamiento de campañas, simplemente porque entre los años 2010 a 2014 no hubo NINGUNA campaña en la que Orpis participara. Se trataría, entonces, de estar permanentemente disponible para servir en el parlamento los intereses de la pesquera, lo que queda de manifiesto en el profuso intercambio de correos electrónicos descubiertos, todo ello según la acusación fiscal.

Por lo tanto, las alegaciones que se realizan respecto de que Orpis sería el "pato de la boda" en las causas por financiamiento político no consideran que éste no es un caso más de financiamiento político, sino un caso grave de corrupción pública, principalmente de fraude al fisco y de cohecho.

En un sistema de justicia que justa o injustamente exhibe bajísimos niveles de confianza de los ciudadanos, el escrutinio de este primer, y probablemente único caso de juicio oral de investigaciones al financiamiento de la política será riguroso. Por ello las instituciones públicas comprometidas en el caso debieran ser especialmente cuidadosas de su actuar favoreciendo la transparencia y el entendimiento de los ciudadanos respecto de lo que está sucediendo.

Esta consideración pareciera no haber estado presente en el actuar del ministro de Justicia Hernán Larraín que ha tenido en esta semana un comportamiento particularmente inadecuado, atendida especialmente las altas funciones que desde su cartera le corresponden. Al ser entrevistado en un medio de comunicación señaló tener "plena confianza en la conducta" de Jaime Orpis, declaración que es esperable de una persona que se considera amigo del acusado, pero que es del todo inapropiada en su rol de Ministro de Justicia, pues es justamente la persona encargada de decidir el destino de la carrera judicial que tendrán los tres jueces a cargo de fallar el caso.

Dicha intervención constituye una presión intolerable del ministro al Poder Judicial y debió ser rechazada con rigor por las máximas autoridades tanto del Poder Judicial como del Ministerio Público, lo que lamentablemente no ocurrió. El Ministro del interior Andrés Chadwick, desdramatizó las declaraciones de su par de justicia señalando que constituían expresiones de carácter personal, lo que bien sabemos no es posible cuando se trata de una autoridad pública, pero a reglón seguido y para reforzar el carácter de su declaración, se conoció que ella iba a ser prestada en el propio edificio institucional del Ministerio de Justicia, lugar hasta donde tendrían que haberse trasladado los jueces, fiscales y defensores para llevar a cabo la diligencia. Es cierto que ello es una prerrogativa que la ley establece, pero era perfectamente renunciable por el ministro, lo que ya había ocurrido con anterioridad en otros casos.

Finalmente, el ministro olvida que es el Estado de Chile, representado por el Consejo de Defensa del Estado, el que es parte querellante en esta causa y por lo tanto el rol activo que ha tomado en la defensa de Orpis lo pone finalmente en contraposición con los intereses que el Estado de Chile tiene en el caso.

En síntesis, Hernán Larraín tiene todo el derecho de defender a un amigo. Pero ese derecho colisiona con su rol como ministro de Justicia donde está llamado a abstenerse de opinar con el fin de tutelar la independencia del poder judicial y la separación de poderes. Si efectivamente quiere seguir defendiendo a su amigo Jaime, debiera dar un paso al costado de sus importantes labores ministeriales. Afortunadamente, aunque de manera tardía, el ministro Larraín ha enmendado su actuar y le ha pedido a la defensa de Orpis no participar como testigo en el juicio, solicitud que le fue concedida. Es esperable que en el futuro el ministro tenga mayor prudencia y se abstenga de emitir juicios en procesos judiciales que se encuentren pendientes, rindiéndole honor al cargo que ostenta. De otra manera, su actuar recuerda una frase atribuida al presidente Juárez en México: "A mis amigos justicia y gracia; a mis enemigos, la ley a secas".