Los guardianes de Google en Chile: Quiénes son y cuáles son sus batallas

google WSJ

Desde lobby a litigios en la Corte de Apelaciones por recursos de protección de internautas. Los defensores de la gigante norteamericana cubren un amplio espectro de materias. Hoy sus ojos están puestos en la tramitación del proyecto de ley de Datos Personales y también en la evaluación ambiental de su nuevo data center en Cerrillos.




El lunes 9 de septiembre iba a ser un día clave para el proyecto que Regula la protección y el tratamiento de los datos personales y crea la Agencia de Protección de Datos Personales. La iniciativa -enviada a trámite por el gobierno en marzo de 2017- se iba a poner en votación, pero la sesión fracasó porque el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, notificó a última hora que estaba en Londres participando del Chile Day.

Un espectador atento a lo que pasa en el Congreso con el proyecto de protección de datos personales es Google, el gigante informático asentado en Chile  desde hace ocho años bajo la dirección de Edgardo Frías, Country Manager Chile; Juan Demergasso, gerente comercial; Eleonora Rabinovich,  Public Policy Senior Manager para Google Cono Sur y la relacionadora pública Alejandra Bonatti son parte del staff.

La compañía forma parte de Cámara Chilena Norteamericana de Comercio, AmCham Chile, cuyo directorio es presidido por Sandra Guazzotti.

¿Qué le preocupa a Google del proyecto de datos personales? De aprobarse como está, el proyecto  que se votará durante la primera semana de octubre en la comisión de Constitución impactará de forma concreta en la forma en que la firma internacional opera en Chile, porque se incorporó a la legislación una regulación especial para los motores de búsqueda.

El proyecto sostiene que motor de búsqueda es un "mecanismo o sistema informático que permite buscar información en internet, anexarla o indexarla de manera automática, almacenarla temporalmente y ponerla a disposición de las personas según un orden de preferencia no aleatorio. Esta actividad se considerará como tratamiento de datos personales y quien efectúe dicho tratamiento será considerado responsable para todos los efectos legales". Ahí está el punto de discrepancia con Google que, a través de sus representantes, defiende que no tiene responsabilidad sobre la jerarquización de datos ni su contenido.

El proyecto podría responsabilizar por primera vez  a los motores de búsqueda como Google en la difusión de información, arriesgando incluso sanciones en caso de infringir la futura normativa que aún está en trámite.

Para defender su postura la empresa ha desplegado una amplia red de profesionales.

A cargo del relacionamiento con autoridades se encuentra el abogado Claudio Magliona, Master en Derecho Ciencia y Tecnología por la Universidad de Stanford, y cuyo bufette (Magliona Abogados), también asesora en materia legislativa a Netflix y Airbnb.

El abogado experto en derecho de las tecnologías ha expuesto en más de una oportunidad la visión de la gigante norteamericana ante parlamentarios, y sus gestiones no se han limitado sólo al Congreso.

El 12 de julio se reunió junto a su socio Nicolás Yuraszeck con el subsecretario de Hacienda, Francisco Moreno. Según consta en la plataforma de Ley de Lobby, en la cita abordaron el "Proyecto de ley datos personales".

A la fecha el Ejecutivo aún no ingresa sus indicaciones a la iniciativa que se encuentra en primer trámite constitucional en la Comisión de Constitución del Senado.

La transnacional insiste que es un motor de búsqueda y plantea que no es responsable del tratamiento de datos. La estadounidense solicita dejar en manos del Consejo para la Transparencia los eventuales incumplimientos de la futura normativa.

Sin embargo, las gestiones que ha desplegado la compañía en la tramitación de la iniciativa no evitaron el revés que sufriera el pasado 5 de agosto.

En aquella oportunidad, la instancia legislativa rechazó la propuesta de los senadores Andrés Allamand (RN) y Víctor Pérez (UDI) que –en línea con los intereses de Google– propusieron añadir un párrafo a la indicación del gobierno anterior que ofrecía mayor autonomía a los motores de búsqueda en el tratamiento de datos.

"En todo caso, el motor de búsqueda estará exceptuado de contar con el consentimiento del titular para el tratamiento de datos personales, cualquiera sea su categoría cuando dichos datos estén disponibles en sitios web que indexa, sin perjuicio de los demás derechos que el titular pueda ejercer conforme a la presente ley", sostenía la oración propuesta por los parlamentarios y rechazada por el propio presidente de la comisión y los senadores: Alfonso de Urresti  (PS) y Francisco Huenchumilla (PDC).

Los intereses de Google han chocado de frente con la posición del senador Harboe, quien se ha mostrado partidario de establecer mayores restricciones a los motores de búsqueda, el cual –a su parecer– "extraen, registran y organizan datos a través de un mecanismo de indexación. Además conserva datos y adicionalmente puede comunicar esos datos. Esto es lo más parecido a tratar datos y como es un tratador de datos, lo que buscamos es que quede regulado", ha dicho.

Sin embargo, la compañía valora la iniciativa y confía en que dicho artículo sea modificado posteriormente.

Oficialmente Google Chile respondió: "Trabajamos duro para ser transparentes acerca de cómo usamos los datos personales, brindando a los usuarios opciones claras, confirmando opciones con ellos y registrando estas opciones para referencia posterior. Estos principios y acciones nos han guiado desde siempre y continuaremos poniéndolos en práctica para cumplir con cualquier cambio que se pueda aplicar a la Ley de Protección de Datos en Chile".

Los asesores de Google

En materia regulatoria y litigios Google es asesorada por el estudio Cariola Diez Pérez-Cotapos.

A cargo de exponer la defensa de la estadounidense ante los recursos de protección ingresados a la Corte de Apelaciones de Santiago se encuentra el abogado Raimundo Moreno Cox. Prácticamente todos han sido desestimados por los tribunales y su posición ha sido validada. En su mayoría son ingresados acusando vulneraciones a los derechos que resguarda el Artículo 20 de la Carta Magna.

Mientras Rodrigo Lavados, abogado del mismo bufete, asesora a Google Chile en materias vinculadas a regulación y propiedad intelectual.

Agua y procesadores: la otra batalla de la empresa

A fines de abril de este año, la ministra de Transportes y Telecomunicaciones, Gloria Hutt, estuvo presente en la llegada del cable Curie a Chile. La secretaria de Estado valoró la iniciativa de la gigante norteamericana que pone a nuestro país como punta de lanza de la expansión de Google en Latinoamérica.

Por medio de un cable de fibra óptica submarino con una extensión de más de 11.000 kilómetros, la compañía estadounidense une California con Valparaíso en una carretera de información que le permite expandir sus negocios y atender a sus usuarios y clientes de Google Cloud. La iniciativa ha requerido el desembolso de US$47.000 millones en tres años.

La compañía cuenta con un data center en Quilicura que tiene planes de expansión para triplicar su infraestructura y a fines de julio ingresó a tramitación ambiental un nuevo centro de datos en Cerrillos y San Bernardo con una inversión de US$200 millones. Tendrá 23 hectáreas y trabajarán cerca de 1.200 personas en su instalación, que empezaría en enero de 2020.

Pero su plan de expansión al sur de la Región Metropolitana no ha estado ajeno a conflictos. Esta semana el Servicio de Evaluación Ambiental rechazó abrir un proceso de participación ciudadana en la evaluación de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto. La petición había sido presentada por 377 vecinos y agrupaciones. Sin embargo, para la autoridad su ingreso extemporáneo.

Entre los reparos que expresaron los reclamantes está la afectación de "la componente hidrogeológica" de la zona. Ello dado que éste –según ellos– realizará la extracción del recurso hídrico desde 3 pozos ubicados en el interior del sitio, durante la etapa de operación, de los cuales 2 operarán de forma permanente y uno se mantendrá stand-by.

"Los mencionados pozos son de propiedad del titular del proyecto, el cual solicitó el cambio de puntos alternativos de captación de sus derechos de aprovechamiento consuntivo de aguas subterráneas, por lo cual fue autorizado mediante Resolución DGA N° 630/2019. El recurso natural a extraer y explotar corresponde a agua subterránea, la cual será utilizada para abastecer el sistema de enfriamiento y de extinción de incendio durante la etapa de operación", sostuvo la petición de consulta desestimada.

Corporación Comunal Juntos por Cerrillos, Centro Culural Schwenke Nilo, Junta de Vecinos Luchadores Silva Henríquez, Comité de Allegados Fuerza Silva Henríquez y el Sindicato de Trabajadores Independientes Luis Emilio Recabarren forman parte de las agrupaciones que solicitaron iniciar un proceso de consulta ciudadana.

"Hemos adquirido terrenos en Cerrillos y estamos evaluando nuestras posibles opciones para el desarrollo del sitio. Si bien no tenemos un cronograma confirmado para compartir en este momento, creemos que el diálogo público es vital para el proceso de construcción de nuevos sitios. Participaremos activamente con los miembros de la comunidad de Cerrillos y los funcionarios electos, como lo hacemos en todos los lugares que llamamos hogar", respondió Google al ser consultado.

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