Nueva Constitución: la minuta del PPD que explora la posibilidad de que el órgano redactor sea 100% designado por el Congreso

El ex ministro PPD Jorge Insunza junto con el diputado Jaime Mulet (FREVS) y los senadores Matías Walker (Demócrata) y Juan Ignacio Latorre (RD) este martes en el Senado, donde representantes de los partidos políticos se reunieron por las negociaciones para un acuerdo constitucional. Foto: Dedvi Missene

El documento es la prueba de las conversaciones privadas que ha tenido esta colectividad con otras fuerzas oficialistas. Los partidos de gobierno, de hecho, comenzaron a desordenarse respecto de su propuesta inicial de un organismo 100% electo. La timonel socialista, Paulina Vodanovic, planteó que "si se llegara a establecer que no vamos a tener un proceso electoral, tendríamos que ver de qué forma la ciudadanía participa”, mientras que el diputado Raúl Soto instó a la posibilidad de pactar un órgano mixto.


Fue el 9 de noviembre cuando el abogado y exministro Jorge Insunza (PPD) envió un mensaje a un grupo de WhatsApp, en el cual están los dirigentes oficialistas que negocian el acuerdo por una nueva Constitución. “Les envío también el ejercicio hecho para la variante de que el Congreso canalice el proceso. Como lo señalé en nuestra reunión, no es una propuesta nuestra, sino la exploración de esa hipótesis”, se lee en la conversación a la cual tuvo acceso La Tercera PM.

A continuación llegó un documento en formato PDF titulado: “Propuesta de Mecanismo Constitucional / Variante Congreso”. Quienes conocen de la elaboración de este archivo comentan que llegó un día después de que el PPD adjuntara su propuesta oficial.

En el texto del día anterior -con fecha 8 de noviembre-, el PPD expuso lo que sería su posición negociadora al interior del oficialismo. Todo esto cuando la alianza de gobierno debatía internamente cuál sería su contrapropuesta para Chile Vamos. En ese archivo, el PPD consignó que el órgano “debe ser 100% electo y con voto obligatorio”. Además, “reitera su propuesta de acuerdo en torno a 100 convencionales, más los escaños indígenas (...) Sin perjuicio de lo anterior, solo para efectos de cerrar un acuerdo límite, consideramos la posibilidad de 78 miembros, esto es, la mitad de la Cámara de Diputados, también más los escaños de pueblos indígenas”.

¿Qué pasó entre el 8 y el 9 de noviembre? Conocedores de esas conversaciones revelan que fue el Partido Socialista el que puso sobre la mesa la necesidad de evaluar la posibilidad de que el acuerdo termine sin elecciones y en un órgano 100% designado.

Varias fuentes oficialistas apuntan al presidente del Senado, Álvaro Elizalde, como uno de los impulsores de la necesidad de ponerse en ese escenario. Aunque Elizalde descartó a este medio que él fuera el gestor de la idea, las mismas fuentes dicen que después de su planteamiento Insunza armó la minuta que, no siendo la propuesta del PPD, sí permitió explorar ese camino.

Todo esto ocurrió en el chat donde están todos los negociadores oficialistas. Pese a que esos dirigentes han negado en público que el oficialismo haya evaluado la opción de un órgano 100% designado, lo cierto es que desde el PC hasta la DC saben hace semanas de estas tratativas.

En este contexto se envió el documento. El archivo comienza con unos párrafos introductorios a modo de contexto: “En las conversaciones ha surgido el planteamiento de que el Congreso Nacional canalice el proceso constituyente. Su fundamento descansa en la legitimidad de una elección celebrada hace solo un año y que, básicamente con el mismo sistema electoral, fue posterior a la elección de la Convención Constitucional, que fracasó en su propósito”.

Luego el documento agrega que “la solución constitucional a través del Congreso requiere, sin embargo, resolver asuntos esenciales para garantizar su viabilidad y legitimidad ciudadana, que permitan construir un acuerdo amplio y sólido, que a su vez asegure que todas las fuerzas políticas democráticas estemos a favor del Apruebo en un nuevo e imprescindible plebiscito de salida”.

La minuta del PPD desarrolla las fases que debería tener la vía de la nueva Constitución a través del Congreso.

El punto de partida es “la designación de un Comité de Expertos por el Congreso, que debe ser más amplio y estratégicamente diverso, para cuidar su legitimidad y peso en la sociedad, que también comience su trabajo en diciembre de 2022 y que tenga como misión la elaboración de un anteproyecto de nueva Constitución, que se entregue en al Congreso en mayo de 2023″.

El segundo paso es “mantener el acuerdo de los bordes y el mecanismo de su cumplimiento, que en este caso será aplicable respecto del Comité de Expertos y del Congreso”.

En esa misma línea, se propone que debe ocurrir una tramitación especial en el Parlamento: “Esto es, que no sea considerada bajo los parámetros de una reforma constitucional ni tampoco a los plazos eventualmente indefinidos de ese procedimiento, sino que tenga el tratamiento de una ley especial, con plazos más reducidos que el de una Convención (porque en este caso el propio Congreso delegó la redacción a un Comité de Expertos), inicialmente de dos meses, y que el quórum de aprobación del anteproyecto sea de 4/7″.

Y para concluir el proceso, se propone lo que ya se sabe: un plebiscito de salida.

16 y 16

¿De qué forma armar el órgano redactor? “El Congreso formará y elegirá una Comisión de Expertos de 32 miembros, que podría ser bajo dos modalidades”. Una opción, según el documento, son “16 miembros elegidos por la Cámara de Diputados y 16 miembros elegidos por el Senado, en una votación única y abierta de nombres previamente patrocinados por un número a definir de parlamentarios”.

La otra opción son “16 miembros elegidos por la Cámara de Diputados y 16 miembros elegidos por el Senado, en cada caso por una lista única de expertos aprobada por los 4/7 en ambas cámaras, que deberá cumplir los requisitos de paridad, integración de representantes de pueblos indígenas al menos en proporción a los inscritos en el registro de la Conadi versus el padrón nacional, asegurar un equilibrio regional y la inclusión de independientes, todos bajo los parámetros de un perfil profesional y político que califique la calidad de expertos para el debate constitucional”.

Esta comisión de expertos tendría dos misiones. La primera sería “preparar un anteproyecto de nueva Constitución, que se someterá a revisión y aprobación del Congreso”, y la segunda sería “acompañar la tramitación de su revisión y aprobación en el Congreso”.

La instancia tomaría sus acuerdos bajo el quórum de 4/7 de sus miembros, partirían trabajando en diciembre de 2022 y funcionarían durante cinco meses, “debiendo entregar un anteproyecto de nueva Constitución al Congreso antes del 15 de mayo de 2023″.

Una tramitación especial

El PPD puso sobre la mesa que este camino considera una tramitación especial, “siguiendo los procedimientos y plazos establecidos en los reglamentos de la Cámara de Diputados y del Senado respecto de la Comisión Especial Mixta de Presupuesto”.

Ese proceso, dice el documento, debería respetar una serie de criterios. El primero apunta a que “la formación de esta Comisión Especial Mixta Revisora del anteproyecto de nueva Constitución estará integrada por 13 diputados y 13 senadores elegidos por las cámaras respectivas y presidida por el senador que ella elija”.

Luego, “el Congreso aprobará las subcomisiones de su seno que conformará para el estudio del anteproyecto”. El quórum “de aprobación de las modificaciones o enmiendas al anteproyecto de nueva Constitución será de 4/7 de la Comisión Especial Mixta Revisora”.

Terminado eso, “ambas cámaras votarán el informe de la Comisión Especial Mixta Revisora por los 4/7 y, de haber modificaciones en alguna de las cámaras, el tercer trámite se referirá solo a los artículos que hayan sido modificados, previo informe de la Comisión de Expertos respecto de los efectos que ello produzca en la unidad y coherencia del proyecto”.

Todo esto terminaría en el referéndum final.

El ‘no’ de Escalona

Los movimientos para que el acuerdo termine sin elecciones tienen piso en el Senado, pero en el PS esa alternativa divide a sus dirigentes y provoca diferencias en los partidos de gobierno.

Fuentes oficialistas cuentan que el sector conversó varias veces sobre este tema. En esos diálogos se expusieron las aprensiones y rechazos que genera este camino y, por lo mismo, nunca concluyeron nada. El asunto se fue dilatando hasta el viernes de la semana pasada.

Fue en la penúltima reunión de los negociadores del oficialismo y la oposición cuando el secretario general del PS, Camilo Escalona, paró el asunto. El dirigente socialista, según presentes, fue duro en su intervención y dijo que ni en el PS ni en la oposición puede haber espacios para andar coqueteando con una alternativa que se aleje de la vía democrática establecida por la alianza de gobierno de empujar un órgano que conlleve elecciones para elegir a los redactores. Sus palabras fueron recibidas como una señal de que el PS se alejaba de la idea de Elizalde y, por lo tanto, la opción no lograba cobrar fuerza.

Sin embargo, la timonel de ese partido, Paulina Vodanovic, esta mañana volvió a revivir esa opción. La líder socialista por primera vez se puso en el escenario de que el acuerdo termine sin elección de convencionales. “Si se llegara a establecer que no vamos a tener un proceso electoral tendríamos que ver de qué forma la ciudadanía participa”, sostuvo en Radio Concierto.

El oficialismo se desordena

Esta mañana el diputado Raúl Soto (PPD) fue el primer negociador oficialista -luego de que se presentara la propuesta formal del bloque para un órgano 100% electo con 99 representantes- que se atrevió a cruzar el río y se alejó públicamente de la postura única de su coalición. “Instamos a todos los partidos, a todas las bancadas, a todas las partes, a oficialismo y oposición, a abrir la puerta, a analizar la posibilidad de un órgano mixto”, dijo Soto.

Sus palabras llegaron un día después de que Amarillos propusiera formalmente la opción de que la Constitución la escriba un órgano de expertos 100% designado por el Congreso. Esa alternativa paralizó la mesa negociadora y revolvió todas las cartas. Si ahora había una alternativa 100% designada y por el otro extremo 100% electa, algunos creen que la opción de llegar a acuerdo está entre ambas posiciones.

La intervención de Soto refleja la apertura y disposición del oficialismo para evaluar una opción distinta al órgano 100% electo. Esto fue conversado por la alianza de gobierno el lunes luego del almuerzo con Chile Vamos. Dado que la mesa está en un punto de inflexión, el oficialismo cree que hay que abrirse o si no el riesgo de que no haya acuerdo es muy alto.

El tema revuelve al oficialismo y la DC. De hecho, los parlamentarios decé y del Partido Radical ya notificaron que no están de acuerdo con poner en duda sus definiciones. “La postura oficialista es una sola hasta el momento: un órgano 100% electo. Lo que se está debatiendo es el número de integrantes elegidos en las urnas. Espero que seamos capaces de plantearnos como uno solo, si no debilitamos nuestra posición negociadora con Chile Vamos”, señaló el diputado Tomás Lagomarsino (PR).

En Apruebo Dignidad también hay apertura. Hace semanas que el presidente de RD, Juan Ignacio Latorre, ya se había mostrado a favor de ser flexible con “mecanismos mixtos” que combinen personas electas y expertos. En la misma posición, pero con mayores resistencias, está el timonel de Convergencia Social, Diego Ibáñez.

En Socialismo Democrático están allanados a la idea. Este miércoles la bancada de diputados socialistas conversó sobre esta opción y la mayoría del comité se mostró a favor de avanzar hacia un órgano mixto.

En Chile Vamos también miran con buenos ojos esta opción. La UDI considera que la señal dada por Soto permite acercar las posiciones. En tanto, el presidente de RN, Francisco Chahuán, dijo a CNN Chile que a la oposición solo le gusta “un órgano mixto o 100% de expertos” y que insistir en una instancia redactora elegida en las urnas “tiene poco sentido de realidad”.

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