Hace al menos dos semanas, el Presidente Sebastián Piñera tiene en su escritorio 14 carpetas. Ellas contienen los antecedentes de presos que solicitaron un indulto presidencial y que el ministerio de Justicia, luego de tres a cuatro meses de revisión, los catalogó como “favorables” para acceder a ese beneficio.

De esos 14 reos, al menos seis corresponderían a personas que cumplen condena en el centro penintenciario Punta Peuco y Colina 1 por delitos relacionados con violaciones a los Derechos Humanos. Son esos casos los que más complican al Mandatario. Desde que se desató la emergencia sanitaria por el Covid-19, el tema resurgió tras la presión de amplios sectores de la UDI y RN para que el gobierno indulte a condenados por delitos de lesa humanidad que tienen avanzada edad y padecen enfermedades crónicas e incluso terminales.

Piñera y el ministro de Justicia, Hernán Larraín -quien en 2018 dijo no estar de acuerdo, en principio, con otorgar indultos a condenados por delitos de DD.HH.-, han conversado en los últimos días con los presidentes de la UDI y RN, Jacqueline van Rysselberghe y Mario Desbordes, sobre a quiénes se podría indultar y el momento para hacerlo. Sin embargo, la decisión final sobre si se indultará o no, y si hace a quiénes se le dará el beneficio, es del Mandatario y hasta ahora, según indican en Palacio, no ha dado luces sobre el tema.

“Los indultos son por sí mismos instituciones complicadas”, observa el exsubsecretario de Justicia del primer gobierno de Piñera, Juan Ignacio Piña. “Los poderes Ejecutivo y Legislativo en los hechos corrigen decisiones de un poder autónomo, el Judicial”, aludiendo a los particulares, que son facultad presidencial, y a los generales, que requieren ley. Estos últimos “requieren un cierto consenso político”.

“Ahora pasa un poco lo mismo: pese a la discusión política, parece que el proyecto está avanzando, porque nos damos cuenta de que estamos en una situación de emergencia con un riesgo altísimo para los reos. El Estado, cuando los priva de libertad, asume también su custodia y tiene una posición de garante respecto de ellos”. Entonces, explica, “si el Estado se da cuenta que no va a ser capaz de custodiarlos adecuadamente ante una epidemia, debe tomar medidas para resguardar la salud de los internos”.

Varios en Chile Vamos señalan que, indudablemente, hay factores políticos que pesan en la decisión de Piñera. ¿La principal? La conveniencia o no de hacerlo ahora, en medio de la emergencia sanitaria post estallido de octubre, y cómo esto podría complicar futuros acuerdos con la oposición. Pero también, según señalan en los partidos oficialistas, a Piñera le pesa el hecho de que en junio de 2018 indultó al ex coronel René Cardemil, quien falleció a raíz de cáncer de próstata antes de que ser notificado.

“Son varios los casos que, por varias razones, el indulto solicitado se demoró, se trabó derechamente y las personas terminaron muriendo. Tengo casos con nombre y apellido que me dijeron que no estaba claro si estaban con riesgo vital y terminaron muriendo al otro día”, señaló Desbordes a La Tercera PM.

El presidente de RN espera que Piñera indulte a personas que "reúnen los requisitos que internacionalmente son reconocidos para conseguir ese beneficio: personas enfermas en etapa terminal y que han pedido el indulto con razonable antelación, esos requisitos también han sido avalados por personas de oposición en medios de comunicación”.

El abogado Raúl Meza, que defiende a Demóstenes Cárdenas Saavedra, exagente de la DINA y condenado a 10 años por secuestro y homicidio calificado, señala que durante el segundo gobierno de Piñera han fallecido 11 internos que cumplían condena en Punta Peuco y Colina 1.

“Me resulta muy difícil creer que el Presidente Piñera vaya a tomar la decisión de indultar a reos que son adultos mayores y que están condenados por causas de derechos humanos. Considerando especialmente que, desde su primer gobierno, siempre ha incumplido su palabra y los compromisos que asumió durante su campaña presidencial en favor de la familia militar”, afirma Meza.

Hasta hoy, según señala el diputado Luis Pardo (RN,) hay 42 firmas de diputados de Chile Vamos para el requerimiento que se presentará ante el Tribunal Constitucional dentro de los próximos días. Se necesitaban 39 rúbricas para el que se convertiría en el segundo requerimiento de parlamentarios de Chile Vamos ante el TC, que busca incluir a los condenados por delitos de lesa humanidad -mayores de 75 años- en el proyecto de indulto conmutativo, presentado debido a la pandemia de coronavirus, y que ayer fue aprobado luego que el gobierno ingresara un veto aditivo.

Si el requerimiento presentado por los once senadores de Chile Vamos ya está complicando la promulgación del proyecto de indulto conmutativo, el de los diputados lo haría mucho más. “No tiene fundamento y nos hace perder tiempo precioso para los internos y para quienes trabajan ahí", señaló hoy el ministro Larraín sobre el recurso de los senadores.

Dado que el factor Punta Peuco también ha enredado el debate, el exsubsecretario Piña advierte que “ahora no se está excluyendo solo a los condenados por delitos de lesa humanidad, son a los que lo están por delitos particularmente graves, así que tengo la impresión de que no tenemos problemas acá con el principio de igualdad ante la ley consagrado en la Constitución, no tenemos un problema constitucional porque no se está discriminando arbitrariamente a un grupo específico”.

Por lo mismo, hace ver “que quienes han presentado este requerimiento ante el Tribunal Constitucional deberían evaluar seriamente la viabilidad que tiene, porque probablemente no prospere. Eventualmente deberían evaluar renunciar a ese requerimiento, porque aunque no prospere, en el tiempo intermedio se puede expandir el contagio en nuestra cárceles de un modo que tal vez no seamos capaces de controlar”.

Para varios en el oficialismo, la posibilidad de indultar o no ha sido tomada como una especie de moneda de cambio de Piñera para que se retire el requerimiento de los senadores y no se presente el de los diputados. Algo que, según varios en Chile Vamos, debería zanjarse la próxima semana a más tardar.

“El Presidente está haciendo lo que cree que hay que hacer, no creo que se está utilizando como moneda de cambio, para nada. En este minuto de pandemia, el Presidente indultará a aquellas personas que él cree necesario”, agregó Desbordes. Mientras que su par, el diputado Miguel Mellado (RN) señaló que espera que Piñera indulte pronto. “Esperamos que de ahora en adelante ejerza esa facultad. Los casos que tiene en el escritorio deben ser zanjados", comentó.

Para Piñera, la decisión de conceder o no indultos a reos condenados por delitos de lesa humanidad no es nuevo. De hecho, son varios los diputados de RN que en los últimos días han recordado y se han enviado un video a través de WhatsApp: el registro audiovisual de 2009 cuando, en plena campaña presidencial para llegar a La Moneda, Piñera -frente a varios exmilitares- habló de la prescripción de los delitos que involucraban a ex uniformados y que en su gobierno se garantizaría que los procesos judiciales no se eternizarían.

Ese compromiso con la denominada “familia militar” se disipó a solo cinco meses de haber llegado por primera vez a La Moneda. En julio de 2010 las iglesias Católica y Evangélica le solicitaron a Piñera que realizara un “indulto bicentenario” para presos que reunieran ciertos requisitos. Sin embargo, el Mandatario anunció que no se iba a aplicar un beneficio general, que iba a estudiar caso a caso, pero que a priori excluiría a los condenados por violaciones a los DD.HH. “No hubo el consenso necesario y se trabó además y especialmente respecto a quiénes alcanzaba y a quiénes no, así que todos terminaron echándose para atrás”, recuerda quien era el subsecretario de Justicia de la época, Juan Ignacio Piña.

Ese mismo año, sí prosperó otro indulto pero aprobado por el Congreso a través de una ley. Luego del incendio ocurrido en la cárcel de San Miguel se intentó beneficiar a 6 mil reos para evitar el hacinamiento de las cárceles. "Los indultos sí han progresado en casos de emergencia, como el que siguió al incendio de la Cárcel de San Miguel (también el 2010), que reflejó el hacinamiento de nuestras cárceles y donde hubo un acuerdo para descomprimir el sistema carcelario”, dice Piña.

En 2013, a 40 años del golpe militar, Piñera sorprendió con el cierre del penal Cordillera y con la frase de “cómplices pasivos”, dos cosas que desataron la molestia de varios exuniformados quienes se habrían sentido “traicionados” por el Mandatario. Además, Piñera tuvo que lidiar con un posible cierre de Punta Peuco, algo que heredó el segundo gobierno de la exPresidenta Michelle Bachelet y que finalmente no lo hizo.