Los antiguos conservadores chilenos, quizás influidos por Burke, solían decir "reformar a tiempo es conservar". Si bien entre ellos existía una gran diversidad de actitudes y pensamientos ―varios fueron muy cercanos al liberalismo político y otros tantos al socialcristianismo― un buen lote tenía bastante claro que las reformas de las instituciones políticas no eran, en ningún caso, un capricho de las masas. Muy por el contrario: si el objetivo era "conservar" el orden social, al mismo tiempo es indispensable "reformar a tiempo", justificando la existencia de las instituciones con razones técnicas y políticas.

Esto es lo que no parece comprender una buena parte de los actores políticos involucrados en la discusión sobre el sistema de pensiones. Más allá de la controversia sobre la naturaleza jurídica de los fondos suscitada últimamente, a ratos se llega a un límite muy lamentable.

La derecha, en general, cada vez que recibe cierta presión para tomarse en serio este tema, pasa por alto las discusiones de justicia ligadas a ello, apelando, por el contrario, solo a la eficiencia y a la sostenibilidad económica del sistema previsional. Además, frente a la argumentación del abogado Fernando Atria y compañía, la derecha arguye que se trata de debates que deben darse necesariamente en sede política y no mediante el peligroso trampolín del activismo judicial. Curioso, pero la misma derecha también ha recurrido al Tribunal Constitucional en momentos políticamente críticos.

Es cierto: el juego de la izquierda y particularmente la posición de Atria, es delicado y hace rato parece que para el abogado el fin justifica los medios. El objetivo es, pura y simplemente, "echar abajo" el sistema previsional, sin que importe en el fondo la sentencia del Tribunal Constitucional. De lo que se trata es cambiarlo ya sea "por las buenas o por las malas", como se dijo a propósito del debate constitucional.

Con todo, no sabemos si la jugada maestra de judicializar el asunto tendrá éxito o no; pero sí es claro que algunos actores, por una serie de torpezas e irreflexiones injustificadas y repetidas a lo largo del tiempo, han perdido lentamente su credibilidad, dando paso para que las posiciones extremas se vayan consolidando en el debate público. Es lamentable pero en amplios sectores del país, las AFP no parecen ser actores públicamente legitimados para validar un sistema que, desde hace tiempo, requiere de ajustes tanto de forma y fondo. Es cierto que la legitimidad del sistema previsional se juega, en buena medida, en el respeto a la ley y en la eventual deliberación de su reforma en el Congreso Nacional. Pero seríamos muy ilusos si creyéramos que todo se jugará en el plano jurídico-económico. Hay también un ambiente de reputación social que las administradoras necesariamente deben ganarse, si es que quieren el favor de la ciudadanía chilena. Mal que mal son los dueños de los fondos de pensiones los que piden explicaciones, más allá si son o no parte del movimiento No + AFP. Escasamente han sabido dárselas, ni en un nivel teórico ni tampoco práctico.

En suma, ojalá que no lleguemos al límite de debatir una reforma inoportuna, hecha a destiempo, cuando ya sea inútil y se encuentre instalada la idea de que los fondos de pensiones no le pertenecen a los trabajadores. Por la ceguera de algunos, terminarán ganando los maximalismos y perdiendo olímpicamente todos los chilenos.