Tres acciones judiciales y quejas por rol de fiscales: El contraataque del general (R) Blu en el caso Huracán

Gonzalo Blu

La defensa del exjefe de Inteligencia de Carabineros, acusado por la fiscalía de ser parte de la presunta organización que habría falsificado pruebas para incriminar a comuneros mapuches en 2018, acusa que al oficial en retiro se le "está pasando una cuenta política". Así, los representantes legales del expolicía pasaron a la ofensiva: pidieron a tribunales no sobreseer a fiscal de Temuco y requirieron la entrega íntegra de la carpeta investigativa.




Desde que estallaron las presunta irregularidades en la fallida Operación Huracán -donde la fiscalía acusa a funcionarios de Inteligencia de Carabineros de inventar mensajes de WhatsApps en que comuneros planeaban atentados en La Araucanía- han pasado tres generales directores de la institución y tres jefes de la Dirección de Inteligencia. Uno de ellos es el general Gonzalo Blu, líder de la Dipolcar en 2017 y según el Ministerio Público, pieza clave en la investigación por falsificación de pruebas.

En la acusación, el fiscal Carlos Palma pide 25 años de presidio para Blu por su presunta responsabilidad en la causa. Sin embargo, hoy el exjefe policial niega un actuar ilegal y, además, apunta a la fiscalía.

Tres son las acciones judicial que Blu ya interpuso en los tribunales contra el Ministerio Público: un recurso de queja en la Corte Suprema por el sobreseimiento del fiscal Luis Arroyo -querellado por la defensa del oficial en la causa-, el cual fue acogido por el máximo tribunal; una reposición para acceder a la totalidad de la carpeta investigativa de la causa, para la cual se fijó audiencia para el 22 de julio; y el sobreseimiento del caso.

La defensa de Blu, integrada por los abogados Cristián Arias y Claudio Pavlic, niega las imputaciones al general y reclamara que “el problema de fondo del mal llamado caso Huracán, que debería llamarse caso Ministerio Público v/s Carabineros, es que Gonzalo Blu está injustamente imputado en una trama de la cual él ha sido tan víctima como otros en este mismo caso. Hay varios imputados, que son ni más ni menos que fiscales del Ministerio Público, y eso es impresentable”.

Uno de los puntos claves de la causa fue cuando Blu leyó, el 26 de enero de 2018, un comunicado de prensa en que imputaba al Ministerio Público incentivar la violencia en la zona, al deslegitimar la investigación de Carabineros. Esta declaración significó en su momento una discusión entre el subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, y el fiscal nacional, Jorge Abbott, en un intercambio de cartas.

“A Gonzalo Blu, el Ministerio Público le está pasando una cuenta política: su declaración pública del 26 de enero de 2018, que la misma investigación ha demostrado que la hizo, en primer lugar por obediencia institucional al general director (en ese entonces Bruno Villalobos), y en segundo lugar por convicción personal que la herramienta de investigación funcionaba, lo que habla claramente de su inocencia, porque salir hablando en favor de una herramienta que ya estaba siendo investigada por la fiscalía, o sea que iba a ser desenmascarada en cuestión de tiempo, sin esa genuina convicción, habría sido un suicidio”, dijo el abogado Cristián Arias.

A la herramienta que hace referencia el abogado es “Antorcha”, el supuesto software que interceptaba mensajes de WhatsApp y Telegram, y con el cual se justificaron los hallazgos de los mensajes de los comuneros imputados.

Además, para la defensa de Blu resta por aclarar el rol del fiscal Sergio Moya en la causa. El persecutor que hoy se desempeña en la Fiscalía Occidente -tras su salida de Rancagua por su disputa judicial con el fiscal regional Emiliano Arias- está siendo investigado también por el fiscal Carlos Palma, en una de las aristas de la Operación Huracán.

Por lo mismo, además del sobreseimiento que pide el general Blu, su defensa agregó que “también esperamos que los fiscales no rehúyan su propia responsabilidad en este fiasco investigativo y también necesitamos que se reconozcan mínimas condiciones de imparcialidad y de acceso a la prueba, para ejercer adecuadamente nuestro derecho a defensa y dejar establecida su inocencia”.

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