La defensa del exjefe de Inteligencia de Carabineros, acusado por la fiscalía de ser parte de la presunta organización que habría falsificado pruebas para incriminar a comuneros mapuches en 2018, acusa que al oficial en retiro se le "está pasando una cuenta política". Así, los representantes legales del expolicía pasaron a la ofensiva: pidieron a tribunales no sobreseer a fiscal de Temuco y requirieron la entrega íntegra de la carpeta investigativa.

Sin embargo, la defensa del exdirector de Inteligencia Gonzalo Blu pidió al tribunal la reapertura de la investigación.

El fiscal Carlos Palma está revisando los WhatsApp y llamadas de su colega, quien está suspendido de sus labores en el Ministerio Público. Peritajes también incluyeron revisar los correos entre el persecutor y un exoficial de Inteligencia de Carabineros, formalizado en la causa.

La audiencia quedó fijada  para el 12 de julio en el Tribunal de Garantía de Temuco. Actualmente, el persecutor se encuentra suspendido de sus funciones por decisión del fiscal nacional, Jorge Abbott, a raíz del caso de corrupción en la Corte de Apelaciones de Rancagua.

A dos meses de que el exjefe de Alta Complejidad de Rancagua detonara una de las crisis más graves en la fiscalía al acusar a su entonces jefe, Emiliano Arias, por tráfico de influencias, los efectos de esa denuncia comienzan a pasarle la cuenta. En el allanamiento a su casa se encontraron varios teléfonos y un "lente espía", hallazgos que lo tienen al borde de ser formalizado por grabaciones ilegales y otros delitos.

Institución solicitó el traslado del imputado por el caso Huracán hasta la cárcel de Valdivia. El tribunal negó la solicitud.

El persecutor indica, en un documento enviado ayer a la Corte de Apelaciones de Rancagua, que la entrada y registro a su domicilio afectó a su hijo de 12 años, quien estaba en la vivienda cuando se realizó la diligencia.

La fiscalía ordenó un sumario contra el fiscal de Rancagua, Sergio Moya, por sus citas reservadas con parte del Alto Mando de Carabineros cuando estallaron las acusaciones en contra de la policía uniformada por la denominada Operación Huracán.

El ex uniformado estuvo siete meses privado de libertad luego de que, en julio de 2018, la Corte de Apelaciones de Temuco revocara el arresto domiciliario decretada en ese momento.

La última decisión del general director (R) Bruno Villalobos antes de renunciar fue dejar a Mauro Victtoriano a cargo de la jefatura de Carabineros en La Araucanía. Diez meses después, la declaración ante la fiscalía del alto oficial complica a La Moneda.

En ese sentido, el persecutor a cargo de la indagatoria, Carlos Palma, manifestó que desde el punto de vista de la investigación, "esto no afecta en nada".

En enero -en medio de la crisis que enfrentaba a Carabineros y el Ministerio Público por la Operación Huracán-, el fiscal Sergio Moya tuvo un reservado encuentro con el entonces general director Bruno Villalobos. En esa cita, este último le confidenció que renunciaría y le pidió consejos.

La búsqueda del documento, al que tuvo acceso La Tercera PM, motivó el allanamiento de la Dipolcar, porque estuvo 20 meses perdido y pudo haber evitado que se le diera validez al inexistente software Antorcha. Ahora está en poder de Fiscalía, pero no está claro aún si es auténtico. El capitán que supuestamente lo recibió -y lo habría ocultado- declara que no confeccionaba textos de tal naturaleza.

El motivo del traslado fue la inconveniencia de que Smith permaneciera en el mismo penal en el que estaría el comunero mapuche Daniel Tralcal.

De acuerdo a lo indicado por su abogado, Patricio Marín Lazo se encuentra con reposo total, por cuanto "presenta distintas cardiopatías que están siendo tratadas". Además de aplazar la imputación de cargos, insiste en la intención de exclusión del Ministerio del Interior y del Instituto de Derecho Humanos como querellantes en la causa.