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La decisión de la Primera Sala del Tribunal Constitucional responde a un requerimiento de inaplicabilidad presentado por el mayor (R) de Carabineros Patricio Marín Lazo, uno de los acusados por el caso.

En el Tribunal Oral en Lo Penal de Temuco continúan debatiendo las defensas, querellantes y fiscales de una de las causas que removió la probidad en Carabineros. Sin embargo, son muchas las aristas del caso, donde la defensa del exjefe de Inteligencia, general (R) Gonzalo Blu, solicitó que se interrogara en estrado a quienes fueron claves en la indagatoria del Ministerio Público. El tribunal acogió el requerimiento.

Tras una querella presentada por la defensa del mayor (R) Patricio Marín, el persecutor era indagado por, supuestamente, instruir indebidamente las pericias de la PDI. Esto, pues en medio de la carpeta investigativa del caso encontró un borrador de peritaje que tenía una serie de acotaciones al margen.

Tres años y cuatro meses después de que el Juzgado de Garantía de Temuco declarara el sobreseimiento de la causa en la que el Ministerio Público imputó a ocho comuneros mapuche los delitos de delitos de asociación ilícita e incendio, ambos en carácter de terrorista, cuatro de ellos presentaron una demanda de indemnización de perjuicios en contra del Estado de Chile. En sus escritos, denunciaron ser víctimas de un montaje y persecución política. Mientras, el CDE defendió la actuación del Ministerio Público, calificando como “exagerados” los montos de reparación solicitados.

La audiencia se realizó luego de que la parte querellante solicitara la prisión preventiva para estos acusados.

La defensa del exjefe de Inteligencia de Carabineros, acusado por la fiscalía de ser parte de la presunta organización que habría falsificado pruebas para incriminar a comuneros mapuches en 2018, acusa que al oficial en retiro se le "está pasando una cuenta política". Así, los representantes legales del expolicía pasaron a la ofensiva: pidieron a tribunales no sobreseer a fiscal de Temuco y requirieron la entrega íntegra de la carpeta investigativa.

Sin embargo, la defensa del exdirector de Inteligencia Gonzalo Blu pidió al tribunal la reapertura de la investigación.

El fiscal Carlos Palma está revisando los WhatsApp y llamadas de su colega, quien está suspendido de sus labores en el Ministerio Público. Peritajes también incluyeron revisar los correos entre el persecutor y un exoficial de Inteligencia de Carabineros, formalizado en la causa.

La audiencia quedó fijada  para el 12 de julio en el Tribunal de Garantía de Temuco. Actualmente, el persecutor se encuentra suspendido de sus funciones por decisión del fiscal nacional, Jorge Abbott, a raíz del caso de corrupción en la Corte de Apelaciones de Rancagua.

A dos meses de que el exjefe de Alta Complejidad de Rancagua detonara una de las crisis más graves en la fiscalía al acusar a su entonces jefe, Emiliano Arias, por tráfico de influencias, los efectos de esa denuncia comienzan a pasarle la cuenta. En el allanamiento a su casa se encontraron varios teléfonos y un "lente espía", hallazgos que lo tienen al borde de ser formalizado por grabaciones ilegales y otros delitos.

Institución solicitó el traslado del imputado por el caso Huracán hasta la cárcel de Valdivia. El tribunal negó la solicitud.

El persecutor indica, en un documento enviado ayer a la Corte de Apelaciones de Rancagua, que la entrada y registro a su domicilio afectó a su hijo de 12 años, quien estaba en la vivienda cuando se realizó la diligencia.

La fiscalía ordenó un sumario contra el fiscal de Rancagua, Sergio Moya, por sus citas reservadas con parte del Alto Mando de Carabineros cuando estallaron las acusaciones en contra de la policía uniformada por la denominada Operación Huracán.

El ex uniformado estuvo siete meses privado de libertad luego de que, en julio de 2018, la Corte de Apelaciones de Temuco revocara el arresto domiciliario decretada en ese momento.

La última decisión del general director (R) Bruno Villalobos antes de renunciar fue dejar a Mauro Victtoriano a cargo de la jefatura de Carabineros en La Araucanía. Diez meses después, la declaración ante la fiscalía del alto oficial complica a La Moneda.