Y en sólo 5 semanas: La apuesta de Larraín y Zalaquett por otro acuerdo transversal... ahora en pensiones alimenticias

El lunes se llevó a cabo la primera reunión de la mesa de trabajo convocada por el Ministerio de Justicia y de la Mujer para aunar un criterio común frente al 84% de deudores de pensiones de alimentos. La meta es alcanzar un acuerdo que represente a todo el arco político y también al Poder Judicial. El plazo autoimpuesto es de cinco semanas.




En medio de la tensión entre el Poder Judicial y el Ejecutivo por los cuestionamientos cruzados tras el asesinato de la menor Ámbar Cornejo y tras una seguidilla de desencuentros con el Parlamento, el gobierno apuesta a una conseguir otro acuerdo transversal. Esta vez en torno a la problemática por el no pago de pensiones de alimentos.

El miércoles, el Senado aprobó de forma unánime el proyecto de ley que asegura el pago de pensiones de alimentos mediante el retiro del 10% de los fondos de pensiones.

La discusión legislativa dejó en evidencia un problema estructural, pues el 84% de los demandados en causas de alimentos no paga la pensión fijada por el tribunal. Según los datos del Poder Judicial, existe una deuda de $ 180.000 millones por ese concepto. En ese marco, la vocera de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich detalló ante los parlamentarios que hasta el 10 de agosto se notificó a las AFP de más de 247 mil retenciones del 10% a deudores de pensiones alimenticias.

Hoy, a su vez, el presidente de la Corte Suprema, Guillermo Silva, urgió a plantear una solución al tema, junto con advertir que se trata de un conflicto que excede el mero ámbito del Poder Judicial y debe mirarse con “una visión sistémica”.

Frente a estos hechos, el ministro de Justicia, Hernán Larraín, anunció hace días que junto al Ministerio de la Mujer -que dirige la UDI Mónica Zalaquett- impulsarían una mesa de Trabajo transversal para abordar los aspectos de fondo que inciden en la alta deuda de los demandados por pensiones alimenticias.

El Ejecutivo apuesta a que de esa instancia salga un acuerdo amplio que también medirá la gestión política de Zalaquett, quien hace solo dos meses asumió el ministerio de la Mujer tras la renuncia de Macarena Santelices en medio de duras críticas a su gestión.

“Esta mesa técnica lo que busca, de manera rápida, en 5 semanas, es tener una respuesta concreta y contundente que solucione esta deuda que nuestro sistema tiene con los niños de Chile e indudablemente con muchas madres que se llevan toda la carga. Porque no es solo educar solas, es también perseguir al padre de ese niño para que pague lo que es una responsabilidad”, dice Zalaquett a La Tercera PM.

Este lunes 10 de agosto se llevó a cabo la primera reunión de la mesa convocada por el Ejecutivo.

Ademas de Larraín y Zalaquett, estuvieron presentes la subsecretaria de la Niñez, Carol Bown; la senadora Ximena Rincón (DC); el senador Felipe Kast (Evópoli); la diputada Francesca Muñoz (RN), la diputada Natalia Castillo (RD); el diputado Andrés Longton (RN); la diputada Ximena Ossandón (RN) y el diputado Jorge Alessandri (UDI). Además de Paz Pérez, magistrada del 3° Juzgado de Familia de Santiago; Susan Sepúlveda, magistrada del 3° Juzgado de Familia de Santiago; Carmen Domínguez, profesora de la Universidad Católica; Cristián Lepín, profesor de la Universidad de Chile y Macarena Vargas, académica de la Universidad Diego Portales.

Dicom de deudores o retención de licencia

En el primer encuentro se fijaron las metas y plazos del grupo. Así, quedó establecido que en cinco semanas se acordará una propuesta. Para ello están a la vista ocho mociones parlamentarias actualmente en trámite en el Congreso, que van desde la creación de un registro nacional de deudores, cambios en el Código Civil que consideran retenciones de mercancías en Aduana, hasta la idea de establecer un tipo penal de incumplimiento reiterado de alimentos, entre otras.

Ayer la comisión de Familia de la Cámara de Diputados aprobó la idea de refundir todas las iniciativas. Luego continuará el análisis de la mesa de trabajo para avanzar en un mensaje del Ejecutivo que pudiera ser aprobado transversalmente en el Parlamento.

Se está mirando la experiencia de Australia, donde se puede multar al padre que incumpla el pago de la pensión de alimentos y donde se pueden retener pagos o beneficios del gobierno. También el caso de Canadá, donde se puede retener la licencia de conducir de los deudores. En Perú, a su vez, ya avanzaron a la creación de un registro de deudores.

La diputada RD Natalia Castillo, en tanto, ha abogado por la creación de un fondo solidario de alimentos, de modo que el Estado provea el pago de pensiones, en el entendido de que tiene más mecanismos para encontrar a los deudores que las mujeres u hombres que demandan. “Todos entendemos que este es un tema transversal en el que se pueden aunar voluntades”, dice.

“Yo veo una gran disposición de todos porque este es un tema de urgencia social muy relevante. Espero que no solo tengamos un Dicom de quienes no pagan, sino que podamos tener un mecanismo efectivo de transferencia a esas familias sin que las madres tengan que andar recurriendo de un tribunal a otro”, añade el senador Felipe Kast.

A su turno, el ministro de Justicia, Hernán Larraín plantea que “hay muchos proyectos presentados pero no hay uno que concite la unidad. Creemos que es posible hacerlo”. El secretario de Estado añade que el primer problema a resolver es lograr la identificación del demandado y cómo llegar a él.

“Luego, una vez definida la pensión, hay que resolver cómo asegurar que eso ocurra porque ahí es donde se produce la evasión. Hay que recordar que solo paga el 14% de los deben pensión alimenticia, eso es inaceptable”, enfatiza.

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