Organizaciones sindicales y civiles en Argentina denunciaron este jueves como “inconstitucional” el decreto del presidente Javier Milei que limita el derecho a huelga y amplía la cantidad de actividades forzadas a prestar servicios durante un paro.

Hasta ahora se consideraban esenciales los servicios sanitarios, hospitalarios, energéticos, de abastecimiento de agua y el control de tráfico aéreo. Pero la nueva norma, publicada el miércoles en el boletín oficial, suma el transporte marítimo y fluvial y los servicios portuarios y aduaneros, la educación y las telecomunicaciones, entre muchos otros.

Además, crea otra categoría de actividades de “importancia trascendental”, entre las que se incluyen el transporte de personas, la construcción, la industria alimenticia y la gastronomía.

A partir del decreto, las actividades esenciales, cuyo funcionamiento en caso de medidas de fuerza gremial se determinaba hasta ahora por consenso, deberán ser garantizadas en un 75%, y las trascendentales en un 50%.

De no cumplirse, los sindicatos pueden quedar sujetos a multas, sanciones o incluso al retiro de la personería gremial.

Matías Cremonte, presidente de la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas, explicó a la AFP que al fijar porcentajes mínimos de servicio en un paro, el decreto deja “claro que el objetivo es que no haya huelgas”.

La norma es “inconstitucional” porque reglamenta un derecho “de manera tal que impide su ejercicio”, afirmó.

Cremonte, que también lidera el equipo de abogados de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), señaló que la legislación argentina sigue el criterio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que considera servicio esencial a aquel “cuya interrupción pudiera poner en peligro la salud, la vida y la seguridad de la población”.

El equipo jurídico de ATE presentará en los próximos días un amparo judicial para pedir la suspensión de la norma.

La Confederación General del Trabajo (CGT) también cuestionó la medida. “Intenta suprimir el derecho a huelga en la Argentina de un plumazo y sin debate ni análisis previo”, dijo en sus redes sociales.

En la misma línea se manifestaron la CTA, otra de las principales centrales obreras del país, y organizaciones de derechos humanos como el Centro de Estudios Legales y Sociales y el Observatorio del Derecho a la Ciudad.

Al asumir en diciembre de 2023, Milei publicó un megadecreto que incluía un capítulo laboral con las mismas medidas, pero fue suspendido por la justicia argentina en agosto de 2024 por inconstitucional, y aguarda ser examinado por la Corte Suprema.

La CGT y las principales centrales obreras realizaron tres paros generales desde que Milei llegó a la presidencia, el último de ellos el 10 de abril pasado.