En marzo pasado, a medida que el gobierno del Presidente estadounidense, Donald Trump, intentaba invalidar un hallazgo fundamental que establece que el cambio climático pone en peligro la salud y el bienestar humanos, The Associated Press consultó a 11 científicos diferentes, expertos en salud y clima, para conocer su opinión ante los intentos de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) de afirmar que el fenómeno no era un peligro.

“No hay un mundo posible en el que los gases de efecto invernadero no sean una amenaza para la salud pública”, afirmó entonces Kim Cobb, climatóloga de la Universidad Brown. “Es física simple topándose con fisiología y biología simples, y con los límites de nuestra infraestructura existente para protegernos contra los extremos climáticos que empeoran”.

“Con base en evidencia abrumadora de miles de estudios, los gases de efecto invernadero bien mezclados representan un peligro para la salud pública y el bienestar. No hay duda”, reiteró Chris Field, jefe del programa ambiental de la Universidad de Stanford.

Pese a ello, la Administración Trump insiste en su postura. Según The New York Times, la Casa Blanca ha elaborado un plan para objetar un hallazgo científico fundamental que otorga al gobierno de Estados Unidos su autoridad para regular las emisiones de gases de efecto invernadero y combatir el cambio climático.

CNN informó que la EPA podría publicar la propuesta esta misma semana, según tres personas familiarizadas con el plan.

Citando a dos fuentes con conocimiento del plan, el Times detalló que la norma propuesta por la EPA anula una declaración de 2009 conocida como el “hallazgo de peligro”, que estableció científicamente que los gases de efecto invernadero como el dióxido de carbono y el metano ponen en peligro las vidas humanas.

Ese hallazgo es la base de la única herramienta del gobierno federal para limitar la contaminación climática procedente de vehículos, centrales eléctricas y otras industrias que está calentando peligrosamente el planeta.

En lo que llamó “el día de desregulación más importante en la historia de Estados Unidos”, el administrador de la EPA, Lee Zeldin, anunció en marzo que la agencia reconsideraría la declaración como parte de un conjunto de propuestas para revocar las normas de contaminación que la Administración Trump considera onerosas para las industrias de los combustibles fósiles y el transporte.

“Después de 16 años, la EPA reconsiderará formalmente la declaración de peligro”, declaró Zeldin en aquel momento. “La Administración Trump no sacrificará la prosperidad nacional, la seguridad energética ni la libertad de nuestra gente por una agenda que restringe nuestras industrias, nuestra movilidad y la libertad de los consumidores, a la vez que beneficia a adversarios extranjeros”.

Una propuesta para actualizar" la decisión fue promovida inicialmente por el Proyecto 2025, la iniciativa de la Fundación Heritage para reformar el gobierno federal y derogar muchas regulaciones clave que han llegado a definir la vida en el Estados Unidos moderno, indicó CNN.

La decisión de anular por completo la determinación de peligro aún se encuentra en fase de borrador y podría estar sujeta a cambios, según dos fuentes citadas por The Washington Post.

El borrador también eliminaría todos los límites resultantes a las emisiones de gases de efecto invernadero de los vehículos motorizados, según una de esas fuentes, mientras que la segunda describió este resultado como probable.

Un sitio web del gobierno menciona el título de un documento en revisión en la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB) llamado “Determinación de Peligro de Gases de Efecto Invernadero y Norma de Reconsideración de Vehículos Motorizados”, pero no ofrece detalles sobre la propuesta, que aún debe publicarse para comentarios públicos antes de su finalización.

La EPA declaró que envió su propuesta a la OMB el 30 de junio, pero no detalló el contenido del borrador de la política. La propuesta se publicará para comentarios públicos después de ser revisada por las agencias, destacó el Post.

Los grupos ambientalistas que han asistido a reuniones públicas sobre la propuesta de la EPA se han mostrado alarmados por la falta de personal de la agencia en dichas citas. Solo un miembro de la Oficina de Administración y Presupuesto de la Casa Blanca ha asistido a las reuniones públicas con las partes interesadas, una medida sumamente inusual, según David Doniger, estratega federal sénior del Consejo de Defensa de los Recursos Naturales, y Shaun Goho, director legal del Grupo de Trabajo para el Aire Limpio.

“Solo hubo un participante del gobierno, y no había nadie de la EPA”, declaró Goho a CNN. “En mis muchos años de experiencia en estas reuniones esto no tiene precedentes. Plantea interrogantes sobre el papel del personal de la EPA en esta normativa. Plantea interrogantes sobre quién está realmente realizando el trabajo”.

La propuesta de la EPA también exige la eliminación de los límites a las emisiones de escape, diseñados para incentivar a los fabricantes de automóviles a manufacturar y vender más vehículos eléctricos. Estas regulaciones, basadas en la determinación de peligro, fueron un componente fundamental de los esfuerzos de la Administración Biden para alejar al país de los vehículos de gasolina. El sector del transporte es la mayor fuente de emisiones de gases de efecto invernadero en Estados Unidos.

“Esperamos que repitan todos los estándares vehiculares relacionados con el clima, diciendo que el hallazgo de peligro predicado no fue correcto o no existe”, dijo Doniger a la cadena de televisión.

En declaraciones al Post, Doniger afirmó que la propuesta de suspender la determinación de peligro no está justificada legalmente. “Intentan desautorizar por completo la Ley de Aire Limpio diciendo: ‘Bueno, esto simplemente no es peligroso’”, declaró el abogado. “Esa afirmación es completamente contraria a la evidencia”.

Según The New York Times, la EPA pretende argumentar que imponer regulaciones climáticas a los fabricantes de automóviles representa el verdadero daño a la salud humana, ya que conllevaría precios más altos y una menor oferta para el consumidor, de acuerdo con dos personas familiarizadas con el plan de la administración. Solicitaron permanecer en el anonimato por no estar autorizadas a discutir el borrador de la propuesta.

“La Casa Blanca está intentando retroceder el tiempo y volver a litigar tanto la ciencia como la ley”, declaró Vickie Patton, asesora general del Fondo de Defensa Ambiental, un grupo ambientalista. Calificó la evidencia de que el cambio climático es perjudicial como “abrumadora e incontrovertible”.

Sin embargo, Thomas Pyle, presidente del Instituto de Investigación Energética, un think tank conservador, afirmó su pleno apoyo a los esfuerzos del gobierno por revisar la determinación de peligro, afirmando que el Congreso nunca ordenó a la EPA tomar medidas al respecto y que, en cambio, la agencia se basó en un único y ambiguo caso de la Corte Suprema.

“Hace tiempo que es hora de que un gobierno revise esto”, declaró Pyle. “En última instancia, el Congreso debería tener voz y voto cuando todo esté decidido”.

Joseph Goffman, quien dirigió la oficina del aire en la EPA durante la Administración Biden, afirmó que la norma seguramente enfrentará impugnaciones legales si se aprueba.

Goffman indicó que la norma propuesta por la Administración Trump entra en conflicto con el fallo de la Corte Suprema de 2007 en Massachusetts vs. EPA, un caso histórico que determinó por primera vez que los gases de efecto invernadero eran contaminantes según la Ley de Aire Limpio. Esto llevó a la EPA a emitir en 2009 la conclusión de que seis gases de efecto invernadero perjudicaban la salud pública. “Retirar la constatación de peligrosidad es, en efecto, repudiar la realidad científica”, afirmó.

En más de 200 páginas, la EPA de ese momento detalló cómo se esperaba que las olas de calor, las tormentas y las sequías cada vez más severas contribuyeran a mayores tasas de muerte y enfermedad.

Doniger afirmó que el esfuerzo dentro de la administración ha sido liderado por personal político, incluyendo a Jeffrey Clark, quien dirige la Oficina de Información y Asuntos Regulatorios, la repartición de la Casa Blanca encargada de la revisión de regulaciones. Clark es el exfuncionario del Departamento de Justicia que fue investigado por colaborar con el presidente Donald Trump en sus esfuerzos por anular las elecciones de 2020.

Clark se desempeñó como fiscal general adjunto de la División de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Departamento de Justicia durante la primera administración de Trump y trabajó en la misma oficina durante el primer mandato de George W. Bush.

“Desde entonces ha estado en una cruzada para bloquear la regulación de la EPA sobre los gases de efecto invernadero bajo la Ley de Aire Limpio”, declaró Doniger. “Está tratando de vengarse”, agregó.

Doniger afirmó que la norma propuesta por la agencia ignora la realidad actual del cambio climático, que está intensificando las precipitaciones y provocando temperaturas globales récord.

“Que la administración se levante y diga que, en efecto, el cambio climático no está ocurriendo o que no hay nada significativo sucediendo, por lo que no hay necesidad de estándares gubernamentales, está completamente fuera de la realidad”, declaró Doniger.