“Delito de adulto, pena de adulto”: cuál es la edad de imputabilidad en países de la OEA tras el polémico proyecto de Milei en Argentina

Imagen referencial. Foto: Sebastián Cisternas/ Aton Chile.

Dentro de la Organización de los Estados Americanos hay países donde niños desde los 7 años pueden ser imputados por cometer delitos, mientras que Argentina es el país miembro que tiene el límite etario más alto.


En Argentina, si un menor de 16 años comete un delito -de cualquier índole- no puede ser imputado. Eso es lo que busca cambiar el gobierno de Javier Milei, desde donde presentaron un nuevo proyecto de ley de Régimen Penal Juvenil, a través del cual se pretende bajar la edad de imputabilidad desde los 13 años.

Si bien, el rango es menor al recomendado por la Convención de Derechos del Niño de la ONU y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) -donde se recomienda que los menores sean procesados desde los 14 años-, la cifra es mayor a la de otros países de América, donde la edad de imputabilidad mínima va desde los 7 años.

De acuerdo a los registros de la Biblioteca del Congreso Nacional (BCN), en el continente existe “una gran disparidad en la edad mínima para infringir leyes penales”. En ese sentido, se indica que, por ejemplo, en Granada, Trinidad y Tobago y algunos Estados de Estados Unidos, pueden ser considerados “potenciales infractores de las leyes penales” niños desde los 7 años.

La edad mínima de imputabilidad es similar en los países caribeños Antigua y Barbuda; San Cristóbal y Nieves, y San Vicente y las Granadinas, donde los niños desde los 8 años que cometan delitos pueden ser procesados.

En América del Sur los países Guyana y Surinam establecen que se puede imputar a niños desde los 10 años. Ese mismo rango está en el país caribeño Bahamas. Mientras que en Barbados, la edad mínima es de 11 años.

Venezuela y Nicaragua protagonizan la Asamblea General de la OEA

De acuerdo a los registros de la Organización de los Estados Americanos (OEA), hay varios países en la región donde la edad mínima de imputabilidad va desde los 12 años. Esa norma rige en países como Dominica, Santa Lucía, Jamaica, Belice, Bolivia, Brasil, Canadá, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Honduras, México, Panamá, Perú y Venezuela.

En tanto, en Haití, Guatemala, Nicaragua, República Dominicana y Uruguay, la edad mínima para ser procesados por infringir las leyes penales es de 13 años. Mientras que en Chile, Colombia y Paraguay los niños son imputables desde los 14 años.

De esa forma, Argentina, es el país que tiene el límite de edad más elevado en la región, donde la edad mínima de responsabilidad por infringir leyes penales es de 16 años. Además, en este ámbito, actualmente se consideran únicamente delitos que “no sean de acción privada o reprimidos con pena privativa de la libertad que exceda de dos años, con multa o con inhabilitación”, según se indica en la BCN.

Imagen referencial.

El proyecto de Milei

En ese escenario, bajo el slogan “Delito de adulto, pena de adulto”, el proyecto presentado por el Presidente argentino Javier Milei, busca, además de bajar la edad mínima para que las personas puedan ser imputadas, establecer que los menores puedan acarrear penas de entre 3 y 8 años de prisión hasta un máximo de 20 años.

En detalle, el proyecto comprende a adolescentes de entre 13 y 18 años, imputados por alguno de los hechos tipificados en el Código Penal de Argentina.

Los ministros de Seguridad y Justicia de Argentina, Patricia Bullrich y Mariano Cúneo Libarona señalaron que la ley busca igualar un desfase normativo existente frente a otros países de la región.

Presidente de Argentina, Javier Milei. Foto: Anderson Coelho / Reuters.

Según informaron las autoridades trasandinas, su gobierno busca “la modernización y adecuación de la legislación a la realidad presente, producto de los acelerados cambios sociales, de los que los jóvenes no están exentos en cuanto a la actuación y comprensión de la criminalidad de los actos”.

Asimismo, destacaron “la necesidad de ampliar las herramientas con las que cuenta el Estado para reducir la incidencia de la criminalidad juvenil en la sociedad”.

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