Un grupo de diputados peronistas de Argentina presentó un proyecto de resolución para solicitar que el embajador de Chile en Buenos Aires, Gonzalo Uriarte Herrera, comparezca ante el Congreso argentino y explique los alcances de la futura ruta marítima comercial entre Punta Arenas y las Islas Malvinas, cuya puesta en marcha está prevista para noviembre.

La iniciativa, impulsada por el excanciller Santiago Cafiero, busca conocer “la posición oficial de su Gobierno respecto de la anunciada apertura de una ruta marítima comercial entre Punta Arenas y las Islas Malvinas”. Particularmente si la conexión podría utilizarse para abastecer operaciones de exploración o explotación de hidrocarburos en territorios cuya soberanía disputan Argentina y Reino Unido.

La solicitud fue presentada junto a diputados opositores integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto, entre ellos Jorge Taiana, Eduardo Valdés, Nicolás Trotta, Juan Carlos Molina y Andrea Freites.

Los parlamentarios también buscan establecer si las autoridades chilenas participaron en la autorización de la operación y si existe algún vínculo entre el servicio de transporte y los proyectos de explotación petrolera que se desarrollan en las cercanías del archipiélago.

Como fundamento, los legisladores invocaron las resoluciones 2065 y 31/49 de la Asamblea General de Naciones Unidas, relacionadas con la controversia de soberanía entre Argentina y Reino Unido y el llamado a alcanzar una solución negociada.

Diputado propone poner fin a acuerdos con Chile

En paralelo a la solicitud de comparecencia del embajador, el diputado argentino Guillermo Michel presentó otra iniciativa legislativa para instar a su país a denunciar dos acuerdos suscritos con Chile.

Se trata del Tratado sobre Promoción y Protección Recíprocas de Inversiones y del Convenio de Doble Imposición Fiscal, instrumentos que el parlamentario propone dejar sin efecto como respuesta a la futura conexión marítima.

Michel cuestionó el proyecto comercial y sostuvo que representa un retroceso en el respaldo chileno a las reivindicaciones argentinas sobre el archipiélago. “El retorno de la ruta comercial Punta Arenas-Malvinas (...) es una muestra concreta de la falta de solidaridad de Chile con la causa Malvinas”, manifestó.

El diputado también defendió la necesidad de adoptar medidas frente a los países que, a su juicio, contribuyen al funcionamiento económico de las islas bajo administración británica. “Nuestro país debe sostener la defensa de la soberanía sobre las Islas Malvinas, su territorio y recursos naturales”, afirmó.

La controversia también coincide con las gestiones del gobierno de Javier Milei para cuestionar las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos autorizadas por Reino Unido en las aguas próximas al archipiélago.

La ruta marítima

La controversia se originó a partir del proyecto de la empresa chilena Easter Island Naviera, que contempla establecer una conexión marítima regular entre Punta Arenas y las Islas Malvinas mediante la embarcación Danstar.

El viaje inaugural está previsto para mediados de noviembre y busca ofrecer una alternativa a la actual conexión comercial del archipiélago con Sudamérica, que opera a través de Montevideo, Uruguay.

El servicio permitiría transportar alimentos, bebidas, materiales de construcción, repuestos y otros insumos destinados a los habitantes y empresas de las islas, con tiempos de navegación menores a los de la ruta actual.

A fines de septiembre, representantes del sector público y privado de las Malvinas participaron en una rueda de negocios en Punta Arenas para explorar oportunidades comerciales con empresas de la Región de Magallanes.

Las estimaciones municipales apuntan a que esta actividad podría generar operaciones por alrededor de US$20 millones anuales.

Sin embargo, en Argentina la iniciativa ha generado cuestionamientos por sus eventuales implicancias en la disputa territorial con Reino Unido, especialmente ante la posibilidad de que la ruta sea utilizada para abastecer operaciones hidrocarburíferas.